La crisis económica obliga a abrogar ley de sueldo a expresidentes

Según un estudio de Jubileo, la deuda externa de Bolivia desde 2007 creció exponencialmente de 2.208 millones de $us a 11.300 millones de $us en 2019 y desde 2008, el cocalero Morales nos endeudó por más de 5 veces, con los Bonos Soberanos, que puso a Bolivia en una economía en periodo de desaceleración muy peligrosa, llegando al quiebre como Estado. Y la deuda interna llegó a 8.080 millones de $us, sumados a los 11.300, llega a 19.380 mil millones de $us a junio de 2020, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Este incremento desde el año 2018 se debe a la expansión del gasto con menores ingresos (déficit fiscal), crisis económica que no puede permitir seguir solventando sueldos vitalicios.

El 17 de octubre de 2007, Morales decía “cuando nos vayamos de Palacio no vamos a percibir ningún salario”, sin embargo, el 13 de mayo de 2013 promulgó La Ley 376 que establece en el Art. 1 (Objeto) “La presente Ley tiene por objeto otorgar un Reconocimiento Pecuniario a ciudadanas y ciudadanos que ejercieron la Presidencia y Vicepresidencia Constitucional del Estado”. Por esta ley los ex presidentes tienen una pensión vitalicia que corresponde a 10 salarios mínimos mensuales vigentes, lo que significa que cada mes las y los bolivianos pagamos sueldos vitalicios de más de 300.000 bolivianos, unos 43.000 $us. Cada mes Bs.21.000 al cambio $us.3000. El ex presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Sergio Choque, propuso que la renta vitalicia que perciben los expresidentes se destine para niños. En Panamá, El Salvador y Brasil, no cuentan con pensión vitalicia, En Panamá la ley no establece pensión vitalicia para los exmandatarios, Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso, ninguno recibe otra pensión que la del Seguro Social cuando tengan la edad para recibirla.

EL 27 octubre el pleno de la Cámara de Senadores sancionó, por unanimidad, la ley que establece los créditos del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que suman 704 millones de $us para el pago del Bono contra el Hambre de 1.000 bolivianos, viabiliza el convenio de financiamiento 6670-BO/6671-BO con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) por 54,3 millones de $us y el contrato de préstamo 9115-BO con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de hasta 200 millones de $us. En el caso del crédito del BID, se aprueba el contrato de préstamo 5039/OC-BO por un monto de hasta 450 millones de $us, del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo de acuerdo con los siguientes convenios:

En términos macroeconómicos, el pago de un bono puede significar estimular el consumo agregado de las familias y posibilitar una estimulación de la demanda agregada y de la producción agregada del Estado, sin embargo, una política redistributiva en medio de una crisis solo puede retrasarla por un par de meses, para que gente vuelva a situación de pobreza. No tendrá efectos positivos de recuperación de la economía la otorgación de bonos, porque la recuperación de los niveles de producción está relacionada con las medidas de desconfinamiento de los municipios para generar ingresos y empleo en vez de bonos, que solo fomentan el ocio.

Por tanto, el efecto negativo de la política de pago de bonos implica un endeudamiento del Estado y mayores niveles de deuda pública, hace que se incremente el déficit fiscal y puede ejercer presión en los siguientes años, por las obligaciones de pago y el compromiso de los ingresos fiscales al efectuar pagos de la deuda y dejar pendientes los pagos de servicios sociales, fundamentalmente de salud y educación. El gobierno solo se dedica a criticar al gobierno transitorio, no se concretiza sus propuestas y hasta ahora no tiene políticas de generación de empleo.

Por tanto, EXIGIMOS la abrogación de la Ley 376 promulgada por Morales, porque no podemos seguir manteniendo a los ex presidentes que mantuvieron una política extractivista depredadora.

Angélica Siles Parrado es Economista, ex Asambleísta Constituyente.