Eufren Wilmer Franco Huaycho
La educación es un hecho factico atravesado por la convergencia de factores socioculturales, políticas gubernamentales, económicas, pensamientos pedagógicos que configuran un tipo de sujeto a formar para una sociedad cada vez más cambiante. En nuestro contexto, desde la gestión 2006 hasta 2017 se desarrollaron cinco encuentros pedagógicos de participación social, encaminados al análisis, consenso y toma de decisiones para adecuar nuestra educación a las nuevas exigencias.
La ley educativa 070 denomina estos escenarios como Instancias de Participación Social Comunitaria, donde deben participar todos los sectores de la sociedad e instituciones relacionadas con la educación para la formulación y definición de lineamientos de la política plurinacional convocada por el Ministerio de Educación. Tras la coyuntura política vivida durante el gobierno transitorio, las posturas verticales de implementar políticas educativas sin amplio consenso con los principales actores y el nuevo contexto sanitario de un posible rebrote de la pandemia, el Ministerio va perfilando un nuevo escenario de dialogo el 17 y 18 de diciembre. ¿Qué problemáticas se proyectan como ejes de análisis? Independientemente de la problemática particular de cada Subsistema Educativo, la pandemia ha dejado en evidencia tremendas debilidades a nivel infraestructura, formación docente, accesibilidad a recursos tecnológicos, inversión pública; asimismo, ha marcado nuevas exigencias de cumplimiento si aspiramos a retornar a clases de manera presencial o semipresencial que exige la población.
La Ley 070 otorga responsabilidad a los municipios para atender requerimientos del Subsistema de Educación Regular en temas de infraestructura. Tras la cuarentena condicionada, todos los municipios debían haber realizado un diagnóstico, unidad por unidad, para reacondicionar en función a las medidas de bioseguridad; otro de los temas a delinear es de las nuevas competencias técnicas que debe adquirir el maestro/a respecto al manejo de tecnologías informáticas, herramientas digitales, producción de materiales educativos, metodologías de enseñanza. A nivel social se ha observado la dificultad de sostenibilidad económica en cuanto al acceso a internet y compra de equipos Android; a nivel de inversión pública, se tiene desigualdad social en la cobertura de internet o, en su caso, la conectividad es inadecuada para las clases virtuales.
Entre las nuevas exigencias a consensuar está el rezago académico y el diseño de una estrategia para la nivelación. Lastimosamente 150 mil bachilleres (aproximadamente) a nivel nacional dejaran el Subsistema Regular para transitar al Subsistema de Formación Profesional sin haber adquirido los saberes necesarios y con alta desventaja académica. Pues, a pesar de haber implementado una plataforma virtual de nivelación para bachilleres (https://preuniversitario.minedu.gob.bo/), no todos los bachilleres lograron inscribirse por problemas de conectividad, falta de comunicación, etc. Según anuncios realizados por el ministro del ramo, para retornar a clases el primero de febrero es importante tomar con seriedad las recomendaciones vertidas por la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el Covid-19. Es importante también focalizar el problema de gestión de aula, contenidos curriculares, los mismos que fueron reorganizados por el gobierno transitorio y deberán ser analizados en términos de dosificación.
Cabe resaltar el proceso que va generando el ME y D en términos de recabar propuestas o criterios pedagógicos desde abajo, coordinados con los representantes sindicales del magisterio rural – urbano para de esta manera construir una agenda única de análisis, debate y consensuar de manera democrática.
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