Santistevan: Fiscalía no toma en cuenta evidencias de gente armada en 2019

El abogado y coronel en servicio pasivo del Ejército, Jorge Santistevan, lamentó que la investigación del caso Huayllani (Cochabamba), por el que se investiga la muerte de diez personas en noviembre de 2019, sea poco objetiva y esté sesgada. Se busca culpables y no llegar a la verdad histórica de los hechos, manifestó.

“La investigación que realiza la Fiscalía es nada objetiva, pésima profesionalmente, está sesgada porque toman como único responsable y asesino a una persona que no estaba en el lugar, que no formó parte del enfrentamiento y que llegó cuando todo había pasado”, lamentó el jurista en contacto con EL DIARIO.

Manifestó que pese a las evidencias, como las perforaciones por proyectiles de “armas de guerra”, a los vehículos blindados de las Fuerzas Armadas (FFAA), así como imágenes y videos que muestran “fogonazos” producidos por cañones de armas de fuego y otras evidencias; el fiscal asignado al caso no empieza la investigación por ambos grupos, para llegar a la verdad histórica de los hechos.

Refirió que el Ministerio Público debe apuntar a dar con las personas que provocaron las muertes de las diez personas, ya que los disparos vinieron del lado de los manifestantes y no ensañarse con militares, quienes salieron con la misión de apoyar y reforzar al contingente policial que estaban en contacto directo con los manifestantes.

“¿Por qué no investigan quién ordenó la salida de las tropas?, ¿qué pequeñas unidades y equipos participaron? ¿Quiénes comandaron en el lugar?, ¿qué rol jugó el general Alfredo C. en ese momento? Se debe empezar investigando la orden escrita que recibió el general por parte del Comandante en Jefe, y por qué ese jefe no está siendo convocado ni siquiera como testigo? Es una vergüenza la calidad de profesionales que están llevando a cabo estas investigaciones, lo único que van a causar es enervar los ánimos de toda la sociedad y el servicio pasivo de las FFAA”, apuntó.

Manifestó que si la justicia ordinaria se hiciera cargo definitivamente de este caso, lo deben hacer con responsabilidad y respetando las reglas de la ley penal, además el debido proceso y el estado de derecho.

Asimismo, advirtió que las investigaciones no pueden ir al ritmo de la presión de algunos grupos, ya que este caso puede tener un costo social y político muy alto, si las autoridades judiciales no cumplen con su trabajo de hacer justicia.

Por otro lado, el jurista apuntó que la fianza de Bs 250.000 que el juez cautelar fijó como garantía al general Alfredo C., es sumamente alta, ya que ningún militar honrado, que vive de su sueldo, podría llegar a ahorrar esa cantidad, por lo que está siendo víctima de la justicia.

“Se reitera el llamado al Comandante en Jefe para que asuma su responsabilidad como jefe militar máximo, y emplee a los asesores legales para que defiendan a los oficiales que están siendo sometidos a la justicia parcializada y corrupta”, apuntó.

LOS HECHOS

El jurista recordó que hace un año, en el puente de Huayllani se enfrentaron dos bloques; uno compuesto por manifestantes de la zona, los que llegaron de los valles altos y de las Federaciones de Cocaleros del Chapare, haciendo un total aproximado de 5.000. Al frente estaba la Policía, al mando del coronel Jaime Z., quien comandaba a los efectivos y estaban al frente de los manifestantes impidiendo que pasen por el sector y se enfrenten con los motoqueros que se encontraban como parte de la resistencia cochabambina.

“La primera y segunda línea de defensa estaba compuesta por aproximadamente doscientos ochenta policías; la tercera y cuarta línea la conformaron dos ECAs o pequeñas unidades de la séptima división del Ejército, comandada por el ahora Comandante General del Ejército. La quinta línea de defensa estaba conformada por una unidad de la Fuerza Aérea, haciendo un total aproximado de 250 efectivos, bajo el mando de su propio comandante. El plan para el apoyo a la Policía fue emitido por el general Alfredo C. que era el Comandante de toda la región, pero por orden y en cumplimento a disposiciones del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas”, aclaró.

Explicó que el excomandante de las FFAA ordenó al general Alfredo C. sacar a las fuerzas militares para que vayan en apoyo a la Policía Boliviana, porque ya estaban siendo insuficientes.

“Ellos no estaban yendo a enfrentarse con los manifestantes sino a apoyar a la Policía que solicitó el apoyo de las FFAA. La Policía tenía la misión clara de evitar que los manifestantes crucen el puente de Huayllani y pasen a la ciudad de Cochabamba y tomen la plaza principal, porque allí y en inmediaciones se encontraban los motoqueros. Si no había la presencia de las FFAA esa acción iba a tener un fatal el desenlace”, explicó.

DATOS

El excomandante de la Policía de Cochabamba Jaime Z., quien debía declarar el lunes en dependencias de la Fiscalía de Sacaba, se acogió a su derecho al silencio y abandonó el lugar después de unos minutos.

El 24 de noviembre de 2020, la Fiscalía citó a declarar a Jaime Z. y al excomandante del Comando Operacional Central (CEO) de Cochabamba Alfredo C., el primero pidió la reprogramación aduciendo problemas de salud y el segundo fue aprehendido tras ese actuado y puesto ante un juez cautelar que le dio detención domiciliaria sin derecho al trabajo.