Nebulosas respecto a la reforma judicial

Las intenciones del ministro Iván Lima, de reformar la Justicia, persuaden por su sinceridad, pero lentamente se levantan vallas que pueden terminar en muros infranqueables. Sus proyectos de reformar la Constitución Política para sacar del fondo al que fue a parar la Justicia, requieren un referendo aprobatorio o de rechazo. Esta posibilidad ha sido descartada porque el tiempo no alcanzaría para soldar las propuestas reformistas a la elección subnacional del siete de marzo próximo.

Por otra parte, aunque no hay oposición pública al proyecto por el partido de Gobierno, es muy difícil que en catorce años de hegemonía o control de los cuatro órganos del Estado pueda renunciar fácilmente a ello, y el Órgano Judicial es una pieza irremplazable en la hegemonía estatal. El ministro Lima ha recalcado que esta reforma es “un mandato del presidente Arce”, sin embargo, el presidente de Diputados, Freddy Mamani, dijo que --palabras más o palabras menos-- la reforma judicial no es una “prioridad” del momento.

Además, en esta nueva etapa de gobierno los tribunales y la fiscalía están marcando el paso a favor del partido oficial. Han anulado todos los juicios contra los ex ministros y demás colaboradores del ex presidente Evo Morales, sin investigación, y una juez anticorrupción acaba de desahuciar la demanda de presunto fraude electoral. Esta decisión es muy favorable a la tesis de golpe de Estado del pasado año. Al mismo tiempo no deja de ser un mensaje hacia el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, encargada de investigar los hechos de Senkata y Sacaba. Según diversas opiniones, el Grupo de la OEA terminará condenando al gobierno transitorio.

Podría decirse que hay consenso sobre que, de cara al fracaso de la elección por voto, lo racional es que la mayoría de la Asamblea Legislativa se avenga a una futura designación de las cúpulas de magistrados por meritocracia, verdadero nudo gordiano del problema. Se teme que no pueda ser así. El Ministro de Justicia manifestó, entre otras cosas, que no descarta la elección en cuestión por el voto popular, siempre que la Asamblea Legislativa pueda seleccionar a los mejores jurisconsultos postulantes, cosa que la experiencia demuestra que no ha sido así.

Si se diese este caso y en vista de que no existen ahora dos tercios, se impondría nuevamente el “cuoteo” en el Legislativo. En estas fases de la reforma no solo que no tiene voto el principal abanderado de la reforma, sino que sus buenas intenciones se diluirían.