Visión empresarial
> La reactivación será de la mano del sector público y privado, y el sector empresarial espera dialogar con el Gobierno
La pandemia afectó a la actividad económica, por lo que muchas empresas tuvieron que reducir su personal y otras están a punto de cerrar. Además, persiste la incertidumbre sobre el apoyo que deben recibir para su recuperación; empero, las propuestas están listas para un trabajo público-privado, según la visión empresarial.
Para el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, la presente gestión es un año catastrófico para todos.
“Los efectos negativos de la pandemia, para el sector privado, son multidimensionales, estructurales y sostenidos, y han afectado áreas como el empleo, la liquidez, los ingresos, la inversión, la producción, las exportaciones y la propia estabilidad del rubro”, respondió el titular del CEPB a EL DIARIO.
Dijo que la economía boliviana venía con una tendencia de desaceleración desde 2015, que se acentuó en 2019 debido a la crisis política de octubre y finalmente se tradujo en una contracción a consecuencia de la pandemia y la cuarentena que se instaló a finales de marzo y aún continúa, especialmente ante el riesgo de un rebrote.
“Estimamos que la cuarentena ha impactado negativamente en el 80 % de las empresas, que redujeron sus ventas en más de un 50 %; el 70 % de las empresas no cuentan con financiamiento propio o alternativo para su recuperación y varios rubros reportan escenarios de alta gravedad”, proyectó.
Informó que se conoció el caso de grandes unidades productivas que han tenido que cerrar operaciones, otras permanecen al borde la quiebra y muchas están analizando la pertinencia de reducir al mínimo sus actividades.
“Rubros como la construcción, la hotelería, el turismo o la gastronomía han reportado problemas en la mayoría de sus afiliados y hay departamentos como Chuquisaca, Oruro o Potosí, cuyas empresas también presentan situaciones de crisis extrema”, describió.
“Incluso los reportes de renovación de matrículas y cierre de empresas muestran un escenario desalentador”, agregó.
Al respecto, un estudio realizado en todo el país, por el CEPB, con el apoyo de la Oficina de Actividades para Empleadores de la OIT reporta que el 18 % de las empresas consultadas en el país temen cerrar sus operaciones; de estas 43 % son micro y pequeñas empresas, señaló.
Política
Uno de los problemas que tuvimos que enfrentar fue la inestabilidad política generada en 2019 y que impidió que se tomaran medidas económicas sostenibles, eficientes y consensuadas, respondió al cuestionario de EL DIARIO.
Lamentó que, en medio de la pandemia y la crisis económica, se tuvo dos gobiernos con diferentes visiones, que aplicaron a su turno, medidas diferentes según sus perspectivas.
“Los resultados del último proceso electoral han reencausado el proceso democrático y dan la oportunidad de plantear soluciones y estrategias a largo plazo, lo que esperamos que suceda por el bien no solo de nuestro sector sino de todo el país”, apuntó.
Medidas
Las visiones son distintas de los empresarios sobre el apoyo brindado por el gobierno de transición, mientras el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, hubo anuncios, pero no se efectivizaron, mientras el titular de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, señaló que las medidas no fueron suficientes.
Sin embargo, Barbery describe dos momentos. “Las medidas implementadas por el gobierno de Jeanine Añez, entre marzo y octubre de 2020, y las primeras medidas lanzadas por el gobierno del presidente Luis Arce”, señaló.
En el primer caso se pusieron en marcha algunas acciones, con un claro énfasis en la demanda; es decir, apoyando a los ciudadanos con transferencias. Por el lado de la oferta las acciones fueron más modestas, dispersas y menos efectivas.
En criterio de Barbery, los problemas políticos que impidieron la aprobación de créditos externos limitaron el impacto de varios de los programas que la economía requiere, y aunque hubo buenas intenciones y bastante diálogo con el sector privado, creo que las limitaciones, la falta de articulación con el Legislativo y la naturaleza de ser gobierno transitorio, impidieron que se puedan implementar medidas verdaderamente eficientes.
El actual gobierno tiene muy poco tiempo, pero ha tomado algunas decisiones como el Bono contra el Hambre que es positivo para aumentar la demanda, pero al mismo tiempo ha implementado algunas acciones de manera unilateral, que están preocupando a los sectores productivos y financieros.
“Los principales problemas tienen que ver con la falta de diálogo, coordinación y consenso que han demostrado las nuevas autoridades con el sector privado, y su desconocimiento del impacto que ha tenido la pandemia en el sector productivo”, apuntó.
Perspectivas
Para el próximo año, el primer paso es el control de la pandemia, lo que no significa regresar a cuarentenas rígidas sino controlar su evolución, sostiene Barbery.
“La informalidad y la dependencia de ingresos diarios de gran parte de la población, hace que sea poco menos que imposible pensar en un cierre nuevamente. El reto tiene que ver con mayor capacidad para controlar el problema sanitario, a partir de una estrategia efectiva, con fuerte capacidad de testeo, rastreo, aislamiento, atención temprana y fortalecimiento del sistema de salud”, sostiene.
En el ámbito económico, de manera urgente, necesitamos que desde el Estado se generen las condiciones que permitan inyectar recursos a la economía, de modo que se pueda dinamizar la demanda; disminuir la presión impositiva; fortalecer las medidas para proteger el empleo y hacer esfuerzos para que el Estado pague las deudas de gestiones pasadas a las empresas que les prestan servicios y aún están pendientes, como es el caso del sector de la construcción, afirma.
“Sobre todo, necesitamos de un plan a corto y mediano plazo que responda a las necesidades de reactivar el aparato productivo, que disminuya los niveles de incertidumbre, aliente la inversión y la generación urgente de empleo”, reflexionó.
Estas medidas deben contar, necesariamente con la coordinación muy estrecha entre el gobierno, el sector privado y los trabajadores. Pese a todo, aún cabe el optimismo y la esperanza de que la crisis pueda enfrentarse favorablemente, considerando que algunos sectores están retornando a una semi normalidad y a que el mercado interno está reaccionando muy lentamente. Sin embargo, esto dependerá de las decisiones políticas que tomen las autoridades de gobierno”, concluyó.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Gonzalo Molina, plantea un plan integral, que incluye a los puertos la parte logística, el transporte, entre otros.
Mientras Kempff señaló que los importante es que el gobierno inyecte lo que prometió en su campaña de 9.000 millones de dólares para la oferta y la demanda; y que los empresarios accedan a créditos a través de garantías especiales. “Y que el sector pyme necesita esa inyección”, apuntó.
Mientras Blzicevic informó que la Cámara Nacional de Industrias tiene propuestas de corto, mediano y largo plazo.
“Entre las propuestas de corto plazo se encuentra: 1) lucha contra el contrabando, 2) flexibilizar el mercado laboral a la nueva normalidad, 3) flexibilización tributaria por la iliquidez empresarial, 4) apertura de nuevos mercados (locales e internacionales), 5) reducir la tramitología y burocracia pública y 6) impulsar la compra de bienes y servicios Hecho en Bolivia.
Esa es la agenda básica y de corto plazo para reactivar la industria nacional que es el motor de la economía, concluyó.