Nacionalización de minas

En medio de la variopinta serie de proclamas mediáticas a la que nos tuvo acostumbrados el gobierno catorceno, existen unas que fácilmente nos pueden helar la sangre, otras que nos causan asombro y las más, que nos ocasionan una hilaridad desternillante. Es el caso de la anunciada nacionalización de las minas, cuyo impacto político y de prensa pudo ser más importante que el silletazo a la cabeza de Evo, pero en lo práctico y económico, fue más horadante que una termita.

Para establecer una adecuada comprensión del tema que estamos tratando, es bueno acordar la definición exacta del término nacionalización, a fin de no incurrir en errores de especulación o impostura. Así sabremos que nacionalizar es hacer que pasen a manos nacionales, bienes o títulos de la deuda del Estado o de empresas particulares que se hallan en poder de extranjeros o, mejor dicho, que pasen a depender del Estado Plurinacional propiedades industriales o servicios explotados por particulares.

Tal medida fue llevada a cabo hace 68 años por el Dr. Víctor Paz Estenssoro y marcó uno de los hitos más importantes de la Revolución Nacional. No obstante, no conocemos que dicha disposición haya sido derogada y menos que los yacimientos mineros, otrora nacionalizados, hubiesen vuelto a propiedad de particulares. Es más, el código minero y el régimen tributario que rige esta materia es de tal estrictez que, quien posee una concesión minera debe pagar por cada cuadrícula de extensión de ésta; sea o no mineralizada. Algo similar ocurre con la Ley Forestal o de tierras, donde, de no cumplirse con esta disposición taxativa, la concesión se revierte al Estado automática y fatalmente, el día mismo que dicho plazo de pago se incumple. ¡Entonces! ¿Quién es el dueño? ¡Sin duda alguna, el Estado boliviano!

Un tema tan delicado para los bolivianos, como es el sector minero, del cual hemos vivido casi durante toda nuestra vida republicana, no es bueno politizarlo y menos especular sobre su manejo, salvo la existencia de anomalías probadas, y denunciadas por sus propios administradores, como ser la planilla salarial de la estatal Huanuni, con sus más de 3.900 trabajadores, que asciende a más de 187 millones de bolivianos (27 millones de dólares), y los sueldos oscilan entre 3.077 a 3.350 bolivianos (462 dólares). Mientras tanto, el personal administrativo gana un máximo de 14.802 bolivianos, unos 2.127 dólares, que sería el gerente. Esta mina puede ser fácilmente trabajada con menos de la mitad de ese personal asignado.

Las inversiones son extremadamente sensibles a cualquier fluctuación del mercado y éste, a su vez, depende de la estabilidad y seguridad que le garantiza el medio donde se desenvuelve. Los datos citados por Huanuni espantarían hasta al inversionista más atrevido y aventurero.

En esta suerte de medidas funambulescas ya tenemos mucha experiencia. Así como hubo un sátrapa que desnacionalizó los ferrocarriles para entregárselos a Chile, no podemos olvidar al régimen populista y “socialista” de la UDP, cuando nacionalizó un motel citadino, con mayor alharaca que se dio hace un año a la fuga del sátiro con su Warmimuñeca, denunciando un golpe de estado. Esa también fue una forma de nacionalización de minas, pero urbanas.