Sólo 190 de 342 municipios tienen jueces y fiscales

El abogado y exalcalde de La Paz, Juan del Granado, manifestó que de los 342 municipios que existen en el país, sólo 190 cuentan con jueces y fiscales, lo que quiere decir que los bolivianos en más de 150 municipios, están librados a su suerte.

Precisó que la gran mayoría de los jueces y fiscales están concentrados en las capitales de departamento y en los centros urbanos. “Ni siquiera los casi 1.650 jueces y fiscales que existen en todo el país abastecen los requerimientos de la población a la que llegan”, dijo.

En ese marco, del Granado dijo que se necesitan más operadores de justicia en las ciudades, pero especialmente se requieren jueces y fiscales desconcentrados o itinerantes redistribuidos en el área rural de todo el territorio nacional.

“Además de pocos jueces, los que existen no tienen condiciones materiales de trabajo en términos de infraestructura y equipamiento. Los denominados palacios de justicia están hacinados en casi todas las capitales. En provincias y municipios rurales su precariedad es casi anulatoria del servicio”, lamentó.

La ex autoridad edil refirió que para ampliar la cobertura y el acceso a la administración de justicia se necesita infraestructura digna que les permita a los jueces prestar el servicio hasta en las poblaciones más lejanas.

“No es solo un problema de cobertura, sino de concepto. No todos, ni siquiera la mayoría de los conflictos deberían llegar a los tribunales para ser resueltos. Tenemos una arraigada cultura pleitista y una visión fetichista de la ley, lo que nos lleva a pensar mayoritariamente que con juicios y con leyes se resuelven los problemas de la gente. No se puede seguir alentando esa cultura equivocada y menos aún la práctica perniciosa de judicializar la conflictualidad social”, aseveró.

En esa línea, dijo que el servicio de justicia debe ser uno que resuelva conflictos y restablezca derechos, y no necesariamente a través de juicios y de jueces.

Del Granado recordó que se intentaron avances desde los 90’s para introducir y difundir el arbitraje, la conciliación y otros mecanismos alternativos de solución de controversias, junto con la oferta de servicios legales y de defensa pública estatales y gratuitos, sin embargo, después de 30 años se avanzó poco, y hasta ahora no se crearon los “jueces de paz” para problemas vecinales.

JUSTICIA INDÍGENA

El exalcalde de La Paz apuntó que la justicia indígena debería ser un mecanismo alternativo a la ordinaria en los pueblos y comunidades originarias, misma que fue introducida inicialmente en las reformas constitucionales de 1994 y está más desarrollada en la Constitución del 2009, sin embargo, no tuvo avances prácticos.

“La Ley de Deslinde Jurisdiccional de 2010, ha distorsionado su implantación y desarrollo, y continúa siendo una reivindicación para los pueblos originarios mucho más al calor de conceptos como pluralidad jurídica que, como otros, se está convirtiendo en mera consigna demagógica”, lamentó.

JUSTICIA GRATUITA

El jurista apuntó que la administración de justicia, como mecanismo estatal de resolución de controversias y de efectivización de derechos, tiene que ser un servicio público, gratuito, de calidad y eficiente.

“Como todo servicio público debe ser accesible a todos, de cobertura universal o por lo menos debe tender a ello en base a planes y acciones estatales, pero contrariamente, por los presupuestos exiguos, por el reducido número de jueces, por los costos y la sobrecarga procesal, la administración de justicia no solo que es un pésimo servicio, sino que es un derecho permanentemente negado a la mayoría de la población. Tenemos una justicia para pocos”, lamentó.

Lamentó que la justicia no sea gratuita y, además que sean presas de las corruptelas que suponen las coimas, costos judiciales que empiezan gravosamente con los abogados y se extienden a las actuaciones judiciales que aparejan una dedicación de tiempo útil y no remunerado.

“Lamentablemente, acuden a la administración de justicia solo aquellos ciudadanos que están en condiciones de solventar todos esos gastos o enfrentar todas esas pérdidas. Incluso población de ingresos medios tiene que hacer un balance de costo beneficio, luego del cual una buena parte se abstiene de acudir a los jueces, por el costo y la incertidumbre de los resultados”, refirió.

En ese marco aseveró que la mayoría de la población “pobre” no acude a los tribunales, y la población de las áreas rurales y provinciales no tiene jueces a quien acudir, lo que significa agravamiento de la discriminación, de la desigualdad y la injusticia.

REFORMA JUDICIAL

Respecto a la Reforma Judicial que planteó el ministro de Justicia, Iván Lima, quien, además, anunció que la misma ya no precipitará la reforma constitucional para el 7 de marzo, como lo había anunciado, puede ser una buena, pero también mala señal.

“Si es para organizar bien la Reforma, estableciendo con seriedad, temas, tiempos y partícipes está bien; pero puede ser una señal muy negativa si es que el MAS ha decidido dejar sin efecto toda Reforma para persistir en su justicia subordinada y miserable con tremendas carencias centenarias. Si es esto último el gobierno estará abandonando su principal oferta de renovación y su suerte no será mejor que la de sus antecesores. Si es lo primero, todos seguiremos aportando para concretar el cambio judicial imprescindible”, aseguró.