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[Angélica Siles]

Complementar impuesto a la riqueza con investigación de fortunas


La Constitución Política del Estado determina en el Art. 56.I. “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social”. Sin embargo, para la ley planteada no se cumplió con el Art. 242. Participación y Control Social de la CPE. Determina que el soberano debe participar en la elaboración de las leyes, no se consensuó con los sectores que generan empleo y producción, además de control con un informe pormenorizado de los ingresos a los que el soberano tiene derecho, lamentablemente el gobierno incumple este mandato constitucional.

La ley del impuesto a las fortunas, aprobada por el parlamento, indica que son pasivos las personas naturales residentes en territorio nacional o en el extranjero, deberán hacer una declaración de sus bienes, depósitos y valores que tengan en el extranjero bajo pena de sanción económica, el tributo alcanzará a 150 ciudadanos bolivianos que cuentan con fortunas por más de 30 millones de bolivianos, 4.3 millones de $us. Y establece que los porcentajes graduales para el pago de la alícuota: 1,4 % para personas con riquezas de 30 millones a 40 millones de bolivianos (4,3 a 5,7 millones de $us.); 1,9 % de 40 millones a 50 millones (5,7 millones a 7,2 millones de $us.) y 2,4 % para fortunas mayores y que se aplicará de manera permanente a partir de 2020. Se tiene previsto lograr una recaudación hasta de Bs 11 millones.

El servidor Arce indica que pagarán impuesto como forma de contribuir a mejorar los ingresos de las personas que poseen menos recursos, su discurso es demagógico porque no plantea la igualdad, se castiga a la propiedad privada que es la que crea empleo y producción y nada hace para ampliar los tributos, especialmente a los que venden productos de contrabando y se premia a los que producen la coca que no pagan y generan grandes ingresos. Al mismo tiempo debe implementarse la Investigación de Fortunas, que es mandato constitucional plasmado en la Ley de Lucha contra la Corrupción, enriquecimiento ilícito e Investigación de Fortunas, para recuperar el patrimonio del Estado.

El cocalero despilfarró nuestras Reservas Internacionales reduciéndolas a $us 6.000 millones. Arce, “economista”, no toma en cuenta que la Inversión extranjera es importante porque es fuente complementaria a la inversión privada y pública local, contribuye al acceso y ampliación de mercados con la transferencia de tecnología, know how administrativo y de marketing, fortalece las Reservas Internacionales Netas con la entrada de dólares y con la creación de empleos; además con el ingreso de capital cualifica la imagen de Bolivia, fortaleciendo la seguridad jurídica y estabilidad socioeconómica y sociopolítica.

En cuanto a la Inversión Extranjera Directa (IED), según datos publicados por la Cepal en 2019, muestran que en Bolivia la tasa de la rentabilidad de la IED entre 2010-2014 fue de 15 %; en 2018 7 % y en 2019 4,8 %, en comparación con 2013 alcanzó a $us.1750 millones. Hoy la IED se redujo en $us 540 millones en 2019, lo que dio resultado un flujo negativo de $us.237 millones, significa que la salida de capital de las empresas extranjeras instaladas en el país fue mayor que la entrada. Con el impuesto a la riqueza implica que no haya seguridad jurídica, por tanto se aleja la inversión que tanto requiere Bolivia para salir adelante ante la crisis socioeconómica que caerá a los sectores más deprimidos y los índices de extrema pobreza aumentarán, porque el modelo social comunitario productivo implementado por Arce no da muestras de solución ni siquiera a corto plazo y sigue manteniendo el sistema extractivo de materias primas, con alta agresión a la Madre Tierra.

En este contexto de incertidumbre, es imperioso recuperar el rol de una política agroindustrial como instrumento de transformación de la estructura productiva y dejar de lado las políticas ambivalentes y débiles, se debe adecuar a la aceleración de la cuarta revolución industrial que en el mundo están orientada a la producción agroecológica, con alta demanda y precios óptimos, para evitar la destrucción del planeta tierra y preservar el único bien jurídico irremplazable como es la vida.

Angélica Siles Parrado es Economista, ex Asambleísta Constituyente.

Usurpado el 7 de octubre de 1970, por defender
la libertad y la justicia.
Reinició sus ediciones el primero de septiembre de 1971.

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