Gobierno debe garantizar trabajo digno y empleos

La Constitución Política del Estado determina en el Art. 46.I. “Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna”, II. “El Estado protegerá el trabajo en todas sus formas”. La ex presidenta Jeanine Áñez remitió a la Asamblea Legislativa el Presupuesto para 2021, que fue aprobado por la Cámara de senadores con modificaciones, cuyo importe asciende a un total de 295.599.911 y un consolidado de 228.357.102 bolivianos.

Del 85% de los ingresos de Bolivia se apropia el nivel central y solo el 8% es para los 339 municipios, el 4% para las 9 gobernaciones y el 4% para las universidades públicas, por tanto, NO se cumple la equidad y la igualdad, sigue la carga para las gobernaciones y municipios que deben distribuir sus escasos ingresos en Salud y ahora que empezó el REBROTE del Covid-19.

El soberano está en la indefensión sanitaria porque el incremento económico en salud es 10%, cuyo monto solo podrá cubrir las remuneraciones del personal médico contratado para atender a los enfermos del Covid-19, nada queda para los insumos de terapia intensiva y la dotación de bioseguridad para el sistema sanitario que exigirá el rebrote de la pandemia. Se utilizará Bs. 22.216 millones, a Defensa 4.497, a Gobierno 4.679 millones, por tanto se mantiene los gastos en excesiva burocracia y lo peor es que se mantiene la ampulosa propaganda oficial en los medios del Ministerio de la Presidencia y se replica lo sucedido en los 14 años del gobierno del MAS, asignándose Bs. 98.020.313 a los medios estatales, que siguen glorificando al gobierno del MAS y se asigna Bs. 64.041 millones a las empresas públicas, la mayoría deficitarias, (deberían generar sus propios ingresos) para fomentar a sus allegados y dirigentes subordinados al MAS, y a los municipios solo 7.808 y a las gobernaciones Bs.1.881millones.

Han disminuido las recaudaciones fiscales y se ha paralizado la producción por la cuarentena y la recesión, se prevé la reducción de los precios internacionales de los hidrocarburos, que es la fuente más importante de ingresos de Bolivia, por tanto mayor porcentaje del PGN se sustenta con endeudamiento externo, sin que sea segura, ya que hasta ahora la deuda creció más de 20.000 millones de $us, solo por el crédito desembolsado, falta el comprometido que crecerá aún más la deuda y el pago del servicio de esa deuda está en interrogante.

En cuanto al presupuesto de inversión pública programado en el PGE 2021, el 67% es financiado con recursos generados por el país y el 33% con recursos provenientes de financiamiento externo. NO se cumple la austeridad anunciada en el discurso de asunción de mando de Arce y hace exactamente lo contrario con la creación de nuevos ministerios y no recortar el gasto público. Las medidas son cosméticas, aisladas y pasajeras, mantienen el modelo implementado en 2006, que ahora son un fracaso, por el nivel de improvisación y desorientación, que genera incertidumbre y pérdida de credibilidad y confianza en el soberano. No tienen idea de cómo enfrentar la grave crisis que empieza a profundizarse, creen que reactivar la demanda interna es solo con bonos que no garantizan la inyección de recursos al sector productivo y de servicios que puede generar empleos, ya que con el Covid-19 más de 600.000 empleos fueron destruidos.

Es necesario que el gobierno priorice la inversión pública en sectores intensivos en mano de obra, en sectores productivos, que son los que generan empleo y además es muy importante estimular las exportaciones no tradicionales con valor agregado, evitando la excesiva burocracia y una serie de trámites exigidos. Finalmente, se debe mantener la salud del sistema financiero que administra el ahorro de todos los ciudadanos, para evitar la corrida de los ahorros y no se convierta a Bolivia en otra Venezuela, donde restringen la obtención de los ahorros de los venezolanos, controlando su vida privada.

La autora es Economista, ex

Asambleísta Constituyente.