Las reformas educativas bolivianas: entre la teoría y la práctica

Las variadas reformas educativas planteadas desde el Estado boliviano en el Siglo XX hasta la actualidad han demostrado una brecha entre las intencionalidades político-teóricas de sus postulaciones con la capacidad de su aplicación práctica en la realidad, siempre dependiente del vaivén económico y de las voluntades políticas.

Desde 1905, época del liberalismo hasta la actualidad, época del populismo masista, casi 10 reformas en el área educativa fueron promulgadas, evidenciándose como promedio casi una por década. Reformas que en sí mismas se anunciaban revolucionarias: el liberalismo de inicios del Siglo XX hizo esfuerzos por la centralización y unificación del sistema escolar como medidas fundamentales y harto necesarias en una primera etapa. Sin embargo, poco a poco saldría a la luz esa separación entre el Estado boliviano y la sociedad civil por causas diversas, unas porque casi siempre afloraba la dificultad para viabilizar una visión y metas en los gobernantes y los gobernados hacia la construcción de un Estado integrado a partir de una educación consecuente con fines de "integración y progreso". Así, 1908 marcó un hito educativo para la separación entre lo indígena-mestizo y blanco.

Ciertamente, la estructura económica tuvo una influencia determinante en los procesos políticos y sociales del país hasta el presente, posibilitando la emergencia de organizaciones laborales de obreros y profesionales, quienes desde la mirada marxista demandaron y lo hacen todavía, mejores condiciones de vida y la posibilidad de un Estado activo en la existencia de sus ciudadanos. Dicho anhelo se vio reflejado en los estatutos educativos de 1930 y 1951. Posibilitó también otra reforma educativa considerada de vital importancia para la modificación de las relaciones sociales y con ella, las relaciones de fuerza en el país. En 1955 fue promulgado el Código de la Educación Boliviana, cuyos objetivos afines a otras medidas políticas de la época, fueron convertir al campesino en propietario próspero y al maestro en difusor del nacionalismo y la sindicalización.

Por su parte, la dictadura también plasmó sus propias normativas: el estatuto orgánico de la educación del 68 y en 1973, la ley fundamental de la educación boliviana que significaron un grave retroceso para el ámbito profesional de la enseñanza. En general, el ciclo populista reflejó una rearticulación de las oligarquías para bloquear intereses de la clase obrera y masa indígena asumiendo nuevas maneras de excluir y disciplinar a partir de la educación y que, sin embargo, posibilitó la movilización campo ciudad como la gran revolución.

Cuando imperaba el neoliberalismo, la Reforma Educativa 1565 reflejó limitaciones profundas en cuanto a la implementación de la interculturalidad, el bilingüismo y la participación popular a través de la organización de padres de familia, sobre todo en la parte urbana.

Finalmente, la ley educativa 070 de 2010 nos presenta un modelo educativo sociocomunitario productivo, difícil de concretar en la realidad citadina, aunque el sentido comunitario y de productividad de la comunidad agraria intentan sobrevivir en espacios urbanos salvajemente capitalistas y la pretensión de revolucionar el sentido urbano que implica la "escuela" a partir de la ruralidad.

Sin embargo, a pesar de los cambios sociales que coadyuvaron, ninguna de tales reformas se la tomó en serio, a pesar de su promulgación en el entorno del capitalismo, la posibilidad de transformar los espacios escolares para la creación, la libertad, el desarrollo del pensamiento científico y crítico tanto para estudiantes como maestros. Terminando por encuadrarse en discursos ideológicos alineados al plano abstracto del sentido político, sin la capacidad de su realización en la cotidianidad a partir de condiciones materiales favorables para su implementación, desarrollo y logro de resultados positivos.

Tales intenciones educativas colmadas de su versión teórica integracionista y de cohesión social las más de las veces en nuestro país, la mayoría han carecido de su versión práctica, cuyo sustento se encuentra en una fuerte inversión económica por parte del Estado en infraestructuras adecuadas para procesos de aprendizaje y desarrollos cognitivos. Las actuales poseen muchas carencias asemejándose a infraestructuras "jaúlicas" con sus consecuencias de desventaja en desmedro del aprendizaje activo y constructivo que denotan una despreocupación por la educación a pesar de un posible mejoramiento en los últimos años. Aulas talleres suficientemente equipadas en las diversas áreas del saber humano, espacios físicos y amplios de recreación, aulas y bibliotecas tecnológicas virtuales, recursos docentes cualitativamente formados, cantidad de estudiantes apropiadas para impulsar dichos procesos, serían la pauta para articular el discurso teórico político educativo muchas veces rimbombantes, con la practicidad que significa la transformación del hecho educativo.

De esta suerte, una reforma educativa que persigue el éxito y "revolución" en la facticidad de la sociedad, sea en el mediano y largo plazo, depende de la voluntad política de turno que ostenta el poder político de manera eventual. Es esta voluntad que aunada al consenso social debe mostrar coherencia con las argumentaciones teóricas que un día promovió, a través de la prioridad que significa la educación en el desarrollo del país y que debe reflejarse, sobre todo, en una inversión económica significativa. Un autor mencionó que el acto revolucionario es esencialmente teoría-reflexión y praxis, de lo contrario, es un castillo de naipes.

Raquel Rolque Cusicanqui es Mg. Sc. en Filosofía y Ciencia Política. Mg. en Educación y sobre todo educadora.