Desde hace varios años, la sociedad boliviana reclama la solución de la crisis que afecta a la estructura jurídica del país, que adquirió gravísimo estado de salud durante las dos últimas décadas, a tal extremo que las mismas altas autoridades nacionales afirmaron que ese sistema se encontraba en estado comatoso, putrefacción, terapia intensiva y se procedería a reformas de fondo.
Todos los partidos políticos se comprometieron a cumplir ese magno objetivo y así lo reiteraron en forma solemne en los respectivos programas de gobierno que presentaron a la Corte Electoral, bajo la palabra de que los cumplirían en cuanto pisen la entrada al Palacio o la Casa del Pueblo.
El MAS, actual partido gobernante, subrayó en su Programa de Gobierno que “El Órgano Judicial, la Policía Boliviana, deben prestar servicios públicos efectivamente orientados al Vivir Bien de la población. Se necesita una justicia transparente, ágil y con un entorno interno y externo seguro (…) que permitirá recuperar la confianza y credibilidad de la población en estas instituciones”.
Cuando el actual equipo del gobierno asumió el manejo de las riendas del Estado, hizo anuncios en ese sentido e inclusive dio pasos de siete leguas ofreciendo cambiar la justicia e inclusive organizando una comisión de notables que también haría reformas a la Constitución en la parte judicial. Sin embargo, tan halagüeños ofrecimientos parece que cayeron en saco roto, pues muchos de esos términos quedaron olvidados o, simplemente, retirados del orden del día, haciendo posible, en esa forma, que el país vuelva a fojas cero en materia judicial y la población recaiga en los engranajes trituradores de retardación de justicia, falta de transparencia y, en fin, en la maquinaria del viejo sistema que causa grandes problemas, como ser falta de transparencia, incremento de la corrupción, hacinamiento en las cárceles, ineficiencia y otros innumerables escollos que critican el mismo gobierno y la población que reclama soluciones por medio de la prensa y órganos de comunicación.
Finalmente, el pistoletazo de partida para proceder a las reformas judiciales que hizo el Ministerio de Justicia, pareciera que ha sufrido entorpecimientos en espera de refuerzos para acometer contra los molinos de viento.
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