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Según informe de Defensoría

Menos del 3 % de procesos por faltas graves contra policías llegan a Fiscalía

> La institución exige el procesamiento de un efectivo del orden denunciado por agredir sexualmente a una mujer en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Uyuni


Un informe de la Defensoría del Pueblo sostiene que menos del 3 % de procesos disciplinarios por temas graves contra policías llegan al Ministerio Público, el resto queda en la impunidad, un ejemplo de ello es que de 49 procesos en 2020 solo uno fue remitido a la Fiscalía.

Según el informe en 2016, de 69 procesos disciplinarios contra policías, solo tres fueron remitidos al Ministerio Público. En 2017, de 54 procesos, solo uno. En 2018 de 59, solo tres; en 2019 de 70, solo uno; y, en 2020 de 49 procesos, solamente uno.

“Llama la atención que menos del 3 % de los procesos disciplinarios por temas graves haya sido remitido al Ministerio Público en los últimos cuatro años”, se lee en parte de una nota de prensa de la institución.

UYUNI

La Defensoría del Pueblo dio a conocer los datos al momento de manifestar su indignación por lo acontecido en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) del municipio de Uyuni, donde una mujer denunció que el policía a cargo de su custodia prometió dejarla en libertad a cambio de mantener relaciones sexuales.

“Es lamentable que este integrante de la Policía Boliviana, valiéndose de su posición de poder, abuse de para obtener relaciones sexuales con una persona privada de libertad. Este hecho no solo es condenable éticamente, sino que se constituye en un hecho delictivo que debe ser investigado y sancionado conforme a la norma”, refiere la nota de prensa.

Asimismo, la Defensoría recordó que el personal policial destinado a centros de detención debe ser especializado por las características de estas funciones, para prevenir que se repitan situaciones como la acontecida.

A través de una resolución administrativa, la Policía Boliviana instruyó incorporar el examen psicológico y el certificado de antecedentes del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (Sippase), como nuevos requisitos para que los miembros de esa institución puedan ascender y sean habilitados para los cambios de destino.

EXAMEN PSICOLÓGICO

Tras la muerte de la joven Betsabé, a manos de un teniente de la Policía en Cochabamba, y otros que se vieron involucrados en casos de feminicidio, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, emitió una resolución administrativa, con la que se exige un certificado psicológico, que debe ser emitido por la Dirección Nacional de Salud y Bienestar Social o por un consultorio psicológico particular, pero homologado por esa misma entidad pública, para optar a un ascenso y cursos de pre y post grado.

Otro de los nuevos requisitos es la presentación del certificado Sipasse, que es otorgado por el Consejo de la Magistratura.

“Quiero informar que (...) desde el general hasta el (último) policía que solicite su cambio de destino (igual) deberá adjuntar su certificado de antecedentes (Sippase), como también aquellos funcionarios policiales que asuman un cargo de mando”, dijo en la oportunidad, Rodolfo Montero, entonces comandante general de la Policía Boliviana.

Los últimos meses de 2020, varios funcionarios policiales se vieron involucrados en hechos de violencia. Uno de esos casos es el feminicidio cometido por un teniente en Cochabamba, quien ahora cumple una sentencia de 30 años de prisión.

Del mismo modo, en Oruro, otro uniformado fue aprehendido por ser el presunto coautor de un doble feminicidio.

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