Momento de urgentes coyunturas

En lo inmediato el Gobierno debe atender tres problemas sociales, a saber: el transporte y el diferimiento de adeudos; el complicado y pungente tema de la salud, más la cuestión educacional. Nos referimos al paro y la amenaza de los distintos gremios del transporte --incluido el llamado sector pesado-- con una huelga indefinida si no se acepta un diferimiento por seis meses más, en el cobro de capital e intereses por la banca privada.

Como todo paro, el presente del transporte público es inseparable de pérdidas económicas, inclusive para los propios protagonistas. La actividad en general sufre una nueva parálisis, en momento que se trata de compensar en algo la crisis. Un alto ejecutivo de los bancos privados dijo que la cartera comprometida a favor de los transportistas y la pequeña industria, artesanía, etc., solo es el 5% de la cartera financiera de estas instituciones. Que los prestatarios de estos sectores acuden a cumplir sus obligaciones, calculadas sin ningún incremento de intereses. Sin embargo, también otro alto personero de este sector financiero aseguró que la falta de repago de las obligaciones en cuestión, puede ocasionar el cese de préstamos, en perjuicio de la actividad económica.

Como otros casos, el paro podría generarse por una promoción dirigencial en el interior de las federaciones y sindicatos del transporte para ganar puntos ante las bases, pues, la experiencia apunta en ese sentido, considerando que no se trata de un movimiento contra el gobierno, además de que en la banca hay cierta normalidad en la relación con sus prestatarios.

La crisis de la salud es y será recurrente mientras el virus esté más activo que en su primera ola en el país. Al gobierno le toca ahora hacerse cargo de una situación por la que su partido recriminó a sus antecesores, por un trato considerado deficiente. Los nuevos gobernantes delegan el combate al Sars-Cov-2 a las gobernaciones y alcaldías, por una parte y a los seguros de salud, por otra. En especial la carga más pesada recae en la Caja Nacional de Salud (CNS) por los tres millones de afiliados que abarca. Ni aun con una buena organización y con los medicamentos adecuados --condiciones de las cuales endémicamente la CNS careció-- podría darse abasto para semejante cantidad de asegurados en estas circunstancias, pese a los abundantes recursos con los que cuenta y percibe.

El gobierno debe asumir que estamos en una crisis sanitaria de enormes alances y que le corresponde intransferiblemente emplearse a fondo en el auxilio de la población contra el letal virus, más aún cuando los niveles de contagio por el rebrote han superado con mucho los registrados en la primera ola. La llegada de antígenos es una buena gestión, pero su uso no debe discriminar por sectores. Todos deben acceder a este recurso preventivo del contagio, sin mirar si gozan o no de algún seguro. Esto es más urgente si la vacuna será disponible recién a fines de marzo y abril o mayo.

Por humanidad los y las mayores de 60 años deben recibir el antígeno sin distinción alguna, tanto más si la vacuna Sputnik no se aplica a partir de la edad indicada. Cuanto antes nos ocuparemos del tema educacional.