Rebaja salarial a altas autoridades

La noticia surgida en Chile el pasado 25 de mayo de 2020 dio cuenta que el presidente Sebastián Piñera decidió rebajarse el sueldo, y los de gobernadores, ministros, y parlamentarios, a través de una ley. Al promulgar la disposición legal, que había ingresado hace seis años al Congreso, pero no era tratada, y sólo logró la pertinente urgencia por la irrupción del coronavirus, justificó la medida diciendo: “estamos viviendo tiempos duros, difíciles, y sé que muchas familias chilenas no lo están pasando bien y nos pareció justo y necesario, reducir las rentas más altas de la administración del Estado para poder ir con más y mejor ayuda a la clase media, a la gente que más lo necesita”. Lo anterior acaeció en el marco de una reforma constitucional acelerada debido al Covid-19, que prácticamente paralizó el mundo, incluido el país trasandino, aunque en ese entonces fue el último de una lista de naciones que ya habían puesto en práctica tal iniciativa.

Dicha reforma creó una comisión técnica que fija periódicamente las remuneraciones de las altas autoridades del Estado y sus asesores “con un criterio técnico, objetivo y de austeridad”, había dicho Piñera, remarcando: “inicialmente, hay un plazo de 30 días desde la publicación de la ley para fijar la remuneración de los ministros y parlamentarios, y de 90 para el resto de autoridades”. Se anticipó que luego, dicha Comisión determinaría las remuneraciones de los funcionarios jerárquicos y de asesores directores cada cuatro años. Se debe apuntar que la decisión para la rebaja de sueldos a los parlamentarios había sido presentada al Congreso chileno el año 2014 por los diputados del opositor Frente Amplio, quienes buscaban una baja del 50 % de la dieta, a la que consideraban como una de las más altas del mundo, pues percibían un salario bruto de 11.500 dólares, a más de otro monto similar por asignaciones, algo muy por encima de los 400 dólares estadounidenses que era el salario mínimo del país.

Debido al coronavirus el recorte de salarios a los funcionarios de alto rango también fue dispuesto en otras naciones, entre ellas Uruguay, Paraguay, Ecuador, México, Austria, Japón, Nueva Zelanda, aunque con distintas modalidades, ya que se recortó salarios a funcionarios públicos en un veinte por ciento, por dos o más meses, mientras otras autoridades -caso de Nueva Zelanda- decidieron donar el 20 por ciento de sus sueldos por seis meses, o un año, como en Japón; en tanto en México se dispuso un recorte progresivo hasta en un 25 por ciento mensual a todos los altos cargos estatales. Lo recaudado con tales disposiciones se dijo que fue destinado a las familias azotadas por ese virus cuyo origen no está del todo claro.

Otros países, si bien no recortaron el salario de sus funcionarios tomaron otras medidas de austeridad en medio de la pandemia. Sin embargo, lo determinado en Chile fue lo que más llamó la atención en los países circundantes, y desde esas fechas comenzó a surgir una serie de pedidos en distintos lugares a fin de que las denominadas “clases políticas” se conduelan del drama por el que pasan quienes reciben sueldos bajos, o en definitiva carecen de un empleo. En Bolivia, siendo el salario mínimo 2.122 bolivianos, quizá sería menester que, en solidaridad con la población toda, se dispusiese el adoptar alguna providencia que vendría a significar una muestra de adhesión con los habitantes de exiguos ingresos, que no dejan de ser las mayorías. ¿Podrá demostrarse tal actitud de grandeza y comprensión hacia los más necesitados? Aguardando pueda darse de ese modo, numerosos trabajadores y gente humilde se sentirían gratificados con semejante desprendimiento que compartiría la pobreza en un país que así lo requiere.