Propuesta de reforma amenaza a remesas y tarjetas de crédito

Managua.- La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, ASOBANP, rechazó la propuesta de reforma enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para cambiar radicalmente la Ley 842 “Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias” porque amenaza a las remesas y tarjetas de crédito.

La iniciativa de ley fue enviada la semana pasada por la junta directiva a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto.

La asociación de entidades financieras argumenta que la propuesta reforma a los artículos 9 numeral 10 y 25), artículo 54 y la adición al artículo 6 numeral 22) “todos ellos, trasgreden el principio de autonomía de la voluntad de los contratos y la libertad contractual, al impedirle a los bancos que de manera libre elijan con quien iniciar sus relaciones comerciales e igualmente decidir cuándo cancelar una relación con un usuario o consumidor, facultad que está en sus contratos y reglamentos los cuales son de conocimiento del cliente o usuario”.

Además, y quizás más grave para la estabilidad financiera del país es que, según ACOBANP, “los artículos antes citados de esta iniciativa de ley violan el derecho constitucional de libre empresa consignado en el artículo 99 de la Constitución Política de Nicaragua y promueven prácticas que incitan el lavado de dinero, nos ponen en riesgo como país de pasar de la lista gris en que nos encontramos a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.

Los bancos advierten que, de ser aprobada, la reforma “ocasionaría el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias internacionales, el cierre de líneas de crédito del exterior y cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de crédito. Esto implica que Nicaragua seria excluida del Sistema Financiero Global”.

En la exposición enviada por Juan Carlos Argüello Robelo, presidente de ASOBANP con fecha 28 de enero, explica que los bancos privados “deben adherirse a la Recomendación 10 de GAFI y su nota interpretativa que obligan a los bancos a tener una debida diligencia que exigen un enfoque basado en riesgo en materia de prevención de lavado de dinero. Por tanto, las entidades financieras deben tener la facultad de dar por cancelada una relación o negarse a prestar un servicio, sin que ello se limite a una justificación contenida en una ley”. (La Trinchera)