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Se declaran en emergencia
Las clínicas privadas del país rechazaron la “estigmatización” a su sector y cuestionaron que se les imponga una regulación de precios para el tratamiento de pacientes con coronavirus. En ese marco, se declararon en estado de emergencia.
A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Clínicas Privadas y Centros de Salud (Adeclip) hizo conocer que están siendo “amedrentados” por medio de diferentes autoridades gubernamentales con el objetivo de forzar el cumplimiento de la Resolución Ministerial No 0043 de regulación de precios.
“Rechazamos la estigmatización a las clínicas privadas así como toda imposición sin ningún diálogo con las clínicas privadas y sin ningún conocimiento de la realidad que hemos enfrentado en 2020-2021. Este tipo de acciones destruyen a los sectores y el país”, se lee parte del documento.
El 29 de enero, el Ministerio de Salud fijó los precios referenciales para la atención de casos con Covid-19 que no deben superar el 5 %, siempre y cuando el incremento sea justificado. Por ejemplo, el costo por 24 horas de Bs 3.324 para internación y atención integral en terapia intensiva.
La Adeclip señaló que los equipos humanos de las clínicas privadas, siguen en primera línea, desde el primer día de inicio de la pandemia y brindando la atención y experticia, como empresas privadas, en salud, para salvar las vidas de la pandemia.
“¿Por qué terceros pretenden estigmatizar y afirmar falsamente, sin conocer la más mínima realidad del sector, que las clínicas han sido especuladoras económicas de la pandemia?”, cuestionó.
Aseguró que con su sector no se tiene ninguna consideración especial en temas impositivos, cumpliendo el pago de todos y cada uno de los tributos que existen en el país.
El gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC–Bolivia), Gustavo Jáuregui, informó que el Comité de Clínicas y Centros de Salud Privados se reunió de emergencia y efectuó un análisis jurídico y técnico de la resolución ministerial en cuestión.
En conclusión, dijo que se estableció que la norma “no cuenta con un estudio base matemático actuarial sobre los precios y gastos que implica la atención de los pacientes con Covid-19 para los servicios de salud del sector público y privado”.
