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[Augusto Vera]

Contra viento y marea

Más perdido que Papa Noel en Semana Santa


Es casi imposible no entrar en crisis nerviosas o estados coléricos leyendo o escuchando las atrocidades que muchas autoridades de Estado, de oposición, de dirigentes gremiales o sindicales, vierten simplemente porque no están calificados para los cargos a los que la política, la afinidad familiar o la billetera bien rellenita, los ha llevado. Expresiones del más alto nivel de personeros desafían toda lógica y sobrepasan toda paciencia de quienes debemos soportarlos porque nos guste o no, hay que estar informado; lo cual casi nunca es grato en Bolivia.

Hace pocos días el ejecutivo principal de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, cuyo cargo debe ser –por supuesto- totalmente independiente del gobierno, cualquiera sea éste, tuvo el tupé de pedir pública y airadamente al Tribunal Supremo Electoral la anulación de las candidaturas de dos aspirantes a Gobernaciones y de otro, a Alcalde Municipal. Pero además exige a la Justicia, la instauración inmediata de juicios de responsabilidades a esos tres políticos por ser promotores del golpe de Estado (¿?) de noviembre de 2019.

¿Quién se cree que es Juan Carlos Huarachi para “pedir” anulación de candidaturas?

Se presume que la COB tiene asesores jurídicos, de comunicación y en varias otras materias a los que ordinariamente un Secretario Ejecutivo debe recurrir para consultar sobre aspectos de conocimiento especializado. En el caso del pintoresco sindicalista, esa necesidad es imperiosa, vista su ignorancia absoluta no solo en este tema, sino incluso en otros para los que él ha sido elegido.

Alguien debe asesorar al dirigente máximo de los trabajadores antes de que abra la boca. Alguien de su entorno de confianza debe decirle que para que Jeanine Áñez, Iván Arias y Rafael Quispe puedan ser inhabilitados como candidatos por las razones que él adujo, debe existir una sentencia penal condenatoria y ejecutoriada.

Alguien que le ilustre que en Bolivia existe la presunción constitucional de inocencia mientras no se demuestre lo contrario y que las conductas tipificadas por el Código Penal sólo son declaradas por los órganos jurisdiccionales que en cada caso corresponda.

Que Huarachi se interiorice que sus facultades como Secretario Ejecutivo de la COB son las de defender los intereses de los trabajadores y en ningún caso de pronunciarse y ni remotamente hacer conminatorias respecto a temas políticos o de comisión de delitos comunes, porque para eso están las autoridades llamadas por ley o si lo considera viable, que presente, como cualquier ciudadano, una proposición acusatoria ante la autoridad que la ley prevé para el efecto.

Que Huarachi, el palurdo ejecutivo de los trabajadores que en otros tiempos fueran dirigidos por prominentes mineros, debe enterarse de que el gobierno de Jeanine Áñez, de gestión sin duda muy cuestionable, pero no tan calamitosa como la de Evo Morales, fue de una puridad constitucional inmaculada, aunque insólita. En efecto, insólita porque se produjo luego de una renuncia (y de los inmediatos llamados a sucederle), fuga del país y dejación del cargo por parte de éste.

Que alguien le recuerde que fue él mismo quien como pocos, pidió la renuncia del entonces presidente y aunque ello no es punible, es incompatible con la naturaleza de su cargo, cuyo desempeño debe ser irreprochable según sus Estatutos.

La COB no puede tener filiación política partidista determinada como ocurre actualmente con su máximo ejecutivo; su finalidad es hallar soluciones para los conflictos socio-laborales de los proletarios. Y lo más importante, no existió golpe de Estado alguno propiciado por nadie, lo que hubo fue un levantamiento popular ante el monstruoso fraude perpetrado en las elecciones de 2019 y como no hay pena sin culpa y no existe tipificación para un fenómeno sociológico de esa magnitud que no tuvo conductores, será la justicia la única que puede fallar, y como marcha, quizá condenando a los actuales tres candidatos, pero la historia, más prudente y sabia, dictará otro veredicto.

Augusto Vera Riveros es jurista y escritor.

Usurpado el 7 de octubre de 1970, por defender
la libertad y la justicia.
Reinició sus ediciones el primero de septiembre de 1971.

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