La población boliviana continúa inmersa en la incertidumbre que generan los problemas sociales, económicos y de salud, pese que la vacuna rusa ya está en nuestro medio. “Hay luz al final del túnel por fin, esta es una solución estructural, ya no es un paliativo, ya no es un defensivo, ya no es un aguante, ya no es una resistencia”, dijo el presidente de la República en la ciudad de Santa Cruz, en el acto de inicio de la vacunación. Pero aún no se ha visto cambios trascendentales, en el marco de su gobierno instaurado el ocho de noviembre pasado. Nos referimos a hechos que la historia subraya con letras de molde, por siempre.
Por consiguiente: ante el rebrote de la pandemia, los trabajadores tratan de preservar sus empleos, que muestran una clara tendencia a reducirse. Los desempleados, que alcanzarían un número de 400.000 personas en el país, ruegan al Altísimo que no les falte “el pan nuestro de cada día”. Y que las futuras medidas no afecten a la frágil y empobrecida canasta familiar. En el momento, desafortunadamente, no existen ofertas de nuevas fuentes de trabajo. Sectores públicos y privados viven, como bien sabemos, “con el Jesús en la boca”, con respecto al futuro nacional. Pendientes, quizá, de la reactivación económica que pudiera revertir la desocupación. Este problema social, de todos los tiempos, suscita el debate en diferentes niveles de la opinión pública.
El comercio, la banca y la industria se preocupan porque retorne la normalidad, que les permita desarrollarse debidamente. Recordemos que por causa de la cuarentena, más de 300 industrias cerraron sus actividades, según el dato proporcionado, en diciembre de la gestión pasada, por el presidente de la Cámara Nacional de Industria, Ibo Blazicevic. Hecho que, de una u otra manera, ha contribuido a engrosar las filas del ejército de desocupados. Y la Cámara Nacional de Comercio propuso, haciéndose eco de esa situación desalentadora, un pacto público–privado, en la perspectiva de promover productividad y empleo, conforme se deduce de las declaraciones del gerente de dicha institución, Gustavo Jáuregui.
Los gobernantes están inmersos actualmente en suministrar a la ciudadanía la vacuna contra el Covid–19. Hablan inicialmente de aproximadamente 20.000 dosis y ojalá éstas lleguen a los estratos sociales más desprotegidos. En este contexto, algunos candidatos, angurrientos de dinero, en una democracia reconquistada con sacrificio y heroísmo hace 39 años, no paran, en sus campañas respectivas, pese que el maldito “enemigo invisible”, de origen chino, se ha propuesto sembrar cruces en el territorio patrio. Acá tenemos una prueba que corrobora nuestro aserto: cinco aspirantes, algunos a la gobernación y otros a las alcaldías, han muerto en el departamento de La Paz, por efectos del virus. Y posiblemente porque no tuvieron atención médica oportuna. Entre tanto, ciertos personajes se solazan, ignorando a propósito la desesperante situación sanitaria boliviana, en intentar procesar a ex dignatarios de Estado, a militares y policías, por el llamado “golpe de Estado”, obviando, de esta manera, el mega fraude electoral de 2019.
Y los farmacéuticos, salvo algunas excepciones, medran con el dolor y la angustia del pueblo. Tenemos, en estas circunstancias trágicas, hospitales colapsados y cementerios que reciben decenas de cadáveres al día. Bolivia ha registrado más de 10 mil muertos, por Covid–19, desde marzo de 2020.
En suma: esa es la dura realidad del país, desgraciadamente…
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