De centro médico al penal
> El operativo de traslado se produjo después que la jueza tercera Anticorrupción de La Paz, Claudia Castro, determinó revocar la detención domiciliaria de Rivas para cumplir con una detención preventiva en el penal de San Pedro por el lapso de cuatro meses
Luego del traslado del exdirector del Servicio de Migración del Gobierno de transición, Marcel Rivas, de un centro de atención médica al penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, por determinación judicial, el abogado Carlo Brito denunció que se aplicó la fuerza para este traslado, además de poner en peligro la vida de la exautoridad.
El jurista señaló que el exdirector de Migración fue trasladado por la fuerza al penal de San Pedro sin contar con alta médica que certifique la estabilidad de su salud para enfrentar este tipo de traslados. Informó que el operativo judicial y policial se produjo en horas de la noche, acto que calificó como una medida fuera de toda norma.
Brito, además, manifestó que la determinación de trasladar a su defendido a un centro de reclusión se constituye en un abuso de poder por parte de personal del Ministerio Público.
“Es un abuso total de poder y autoridad porque operan en la noche, cuando no hay gente y es algo fuera de la ley”, señaló.
Precisó que se están vulnerando derechos, pues esta operación de traslado podría derivar en complicaciones en la salud de Rivas, quien al momento de su salida de la Clínica del Sur en la zona de Obrajes, no contaba con el consentimiento del personal encargado de velar por su salud.
“Se están vulnerando sus derechos, vulnerando principalmente su derecho a la salud y a la vida, saben que existe un riesgo incluso de perder la vida si es que el contrae alguna enfermedad o alguna bacteria, pero no les interesa, y lo han llevado así, a la fuerza”, dijo.
El operativo de traslado se produjo después que la jueza Tercera Anticorrupción de La Paz, Claudia Castro, determinó revocar la detención domiciliaria de Rivas para cumplir con una detención preventiva en el penal de San Pedro de la sede de Gobierno por el lapso de cuatro meses.