Autonomía de la educación, pero ya...

Después de efectuada la creación de la Escuela Nacional de Maestros en la ciudad de Sucre en 1909 con la consiguiente formación de profesionales de la enseñanza, fue paulatina su organización como sujeto gremial y político en las primeras décadas del siglo anterior. Sus demandas fueron la inclusión en la educación y en el Estado de los sectores más vulnerables.

Otra de las peticiones al poder central de profundo calado y de recurrencia permanente que ha manifestado el Magisterio organizado durante esa primera mitad del Siglo XX, fue la autonomía en la gestión educativa con respecto al poder político de turno. Permanente fue la denuncia de los maestros de la manipulación que hacía el aparato ejecutivo estatal con la educación, desde el nombramiento de autoridades jerárquicas basados en el favoritismo hasta la reproducción ideológica del proceso educativo.

En 1930, la Liga del Magisterio había exigido al reciente gobierno conformado por la Junta Militar, encabezado por Blanco Galindo (1930-1931), la creación de una estructura de gestión educativa autónoma como fue el Consejo Nacional de Educación (CNE), cuyas atribuciones fueron la dirección de la educación pública, la supervisión de la educación privada y la administración del presupuesto destinado al ámbito educativo. Descentralizado del Ministerio de Instrucción de entonces, adquirió una amplia autonomía en la gestión técnica, administrativa y pedagógica de la educación hasta aproximadamente 1945 en los niveles primario, secundario y superior.

Sin embargo, de ahí para adelante sigue siendo continua la influencia y el abuso político en el nombramiento de autoridades directivas y probablemente lo peor: tomar el sistema educativo como aparato de reproducción ideológica desde los primeros niveles de iniciación escolar hasta el nivel superior. En la coyuntura del presente, estas acciones no son para nada ajenas, frecuentemente denunciadas por el magisterio organizado.

En la actualidad, tenemos la referencia de una necesidad profunda de transformación del sistema judicial desde su estructura y cómo no del sistema de salud, dicha transformación urge también en el sistema educativo. Urge la creación de un ente que se ocupe de la educación de manera independiente con respecto al Ministerio de Educación dependiente del poder central gubernamental. Un ente laboratorio capaz de llevar adelante una administración transparente en lo pedagógico, que pueda fundamentar su acción en investigaciones científicas que la psicología y las teorías del aprendizaje actual aportan, en la neurociencia para coadyuvar con rigor objetivo los procesos de aprendizaje desde la llegada del humano a este mundo hasta su partida, siempre ligados a los estímulos del medio.

Una entidad con sentido crítico y del derecho humano, capaz de orientar los lineamientos de una formación integral de la persona basado en las necesidades individuales y sociales con inclusión y valores de respeto y solidaridad hacia la diversidad. Una orientación que conjuncione la teoría con la práctica, que cuente con un control y consenso social amplio y democrático capaz de demandar del Estado, el cumplimiento de una de sus primeras responsabilidades: la priorización financiera en la educación con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo del país.

En la actualidad, la demanda por una autonomía administrativa de la educación no debe circunscribirse solamente al magisterio organizado, debe calar en la población, ya que es ella la beneficiaria. En fin, demandar una autonomía para conformar un equipo transdisciplinario con profesionales en educación, psicología, sociología, filosofía, política, historia, lingüística y otros tantos saberes. Una autonomía capaz de aunar esfuerzos con la universidad para coordinar visiones y estrategias de transformación educativa y del país en el mediano y largo plazo. ¿Estamos dispuestos a dar ese paso?

La autora es Mg.Sc. en Filosofía y Ciencia Política. Mg. en Educación.