Las pensiones y la seguridad social, un tema de Estado

Alla por junio 2020, en un artículo titulado “Devolución de aportes, a quién se le acurre semejante aberración” y publicado en la revista inmediaciones.org, advertíamos sobre cuáles eran las formas de acceder a retiros mínimos, quiénes, y cómo podrían acceder a este derecho, e indicábamos nuestro parecer sobre esta posibilidad.

Asimismo, comentábamos acerca de la posibilidad de la devolución parcial de aportes, propuesta durante el gobierno transitorio, sean o no de un grupo determinado de aportantes, y cómo esto, si al final se diera, pudiera generar una respuesta universal negativa, porque al final habría un grupo grande de no aportantes que no serían tratados en igual de condiciones frente a otros, ante la necesidad económica de todos hoy.

El pasado 8 de febrero se publicó en el periódico EL DIARIO un artículo interesante titulado “Las AFP suman 20.271 mil millones de dólares, sin control” (1), de Angélica Siles, donde resalta datos numéricos, cifras, montos, incluso deudas y posibles escenarios respecto a la administración de los fondos de pensiones, y donde la conclusión de todo sería: “¿habría que rediseñar el sistema y encaminarlo a preceptos de universalidad, y bienestar de todos para todos, para el “vivir bien?” (2).

La propuesta de ley en discusión en el Legislativo abre la posibilidad de la devolución parcial de aportes de los aportantes de los fondos de pensiones, según estos cumplan una serie de requisitos y exigencias impuestas por norma, lo cual no necesariamente es malo per se.

Para muchos puede formar parte de un proceso de desmantelamiento de los fondos de la seguridad social de largo plazo y pueda existir algún tipo de interés o irresponsabilidades de los gobernantes, que lo puede convertir en insostenible en un futuro.

Al contrario de ello, pienso que independientemente de la posibilidad de una devolución parcial a quienes aportaron hasta ciertos límites y aun ello pueda significar seguir aportando a su fondo y de ello emerja una nueva forma del manejo estatal de las pensiones de los bolivianos, las ideas o políticas que devengan de ciertas decisiones podrán indicar el rumbo por el cual el país se conducirá en relación con la temática de los fondos de pensiones a largo plazo en Bolivia.

El presidente Arce Catacora, junto con su equipo técnico, con seguridad se encuentra analizando diferentes posibilidades para que no solo esta política de devolución parcial de aportes sea un acierto, sino que pueda abrir otros escenarios mucho más rentables y garantistas que confirmen la capacidad del Estado boliviano de que el derecho a la seguridad social en Bolivia esté totalmente garantizado para todos y cada uno de los bolivianos, “independientemente de que en un periodo determinado se haya devuelto parcialmente recursos a los aportantes”.

Es tan apasionante como interesante el poder imaginar, soñar en discutir, en la vida política y lucha social, ¿cómo podrían garantizarse los derechos al acceso de servicios públicos y dentro de ellos la atención primordial a la seguridad social de largo y corto plazo de nuestros habitantes?

Una sociedad sin un sistema de seguridad social garantista y universal, donde en estos tiempos de progreso y avances científicos en la humanidad, y las inversiones están a flor de piel y como nunca antes ingresando a una era diferente, no puede considerarse sino este sistema, ¿en el pilar de cualquier sociedad y santo grial de un Estado?

La inversión pública o privada, nacional o extranjera, y con el ejercicio supra del Estado en términos regulatorios, conciliatorio y diplomacia internacional, no solo podría garantizar un país mejor y en progreso, sino garantizar entre otros el derecho a la seguridad social de corto y largo plazo accediendo todos a una pensión digna, universal y proporcional.

Fuentes de inversión, fuentes de capitalización, recursos económicos y capital humano sumado a infraestructuras de atención son los elementales elementos que hacen necesario el debido funcionamiento de un sistema, en el caso específico, el sistema de pensiones.

Mientras más ingresos existan, mayores fondos de capitalización habrá, mayor posibilidad de inversión y negocio internacional -intercambios de bienes, capitales- valores y empleo se generarán y por tanto recaudaciones por cargas impositivas aplicables también se generarán o mantendrán, si acaso vislumbramos una sociedad mejor, justa, solidaria y universal, en términos de la seguridad social y caso boliviano, claro está.

La pandemia de covid19, sumado a la inestabilidad política e institucional en el mundo y en los últimos 18 meses en Bolivia en particular (3), debe permitirnos actuar con responsabilidad, emergencia e inmediatez en varios temas, pero entre otros asuntos, la lucha de “quien tiene la razón”, sobre el tema de pensiones y la seguridad social en particular.

Nos encontramos en una sociedad actual donde las posiciones personales se anteponen a posiciones profesionales o ideológicas, posiciones de confrontación y hasta de odio se lee y se escucha, sin una dialéctica clara, donde, al final, los individuos reciban del Estado propuestas de bienestar, propuestas de luz donde cohesionados y bajo un mismo norte podamos caminar y ver que los sueños son posibles viéndolos desde el Estado y para el Estado y, por tanto, el rol de los representantes de la sociedad es trascendental y la responsabilidad de los gobernantes es aún mayor.

La seguridad social y la temática y problemática de las pensiones en Bolivia, como en el mundo, son asuntos de Estado, de interés general, y si todo o cuanto pueda hacerse significa que todos al final nos beneficiaremos de un sistema eficiente, transparentes y permanente, permitamos dar al tiempo el tiempo suficiente para que comience ese cambio de rumbo, a la cabeza del actual presidente.

La devolución parcial de aportes puede no ser una urgencia, pero al mismo tiempo puede parecer o no un derecho, la devolución de aportes puede o no conllevar a dar poco a quienes poco aportaron, como no dar nada a quien nunca cotizó y no tiene nada para sobrevivir, excepto el día a día.

Donde queramos ver las soluciones, considero que, por el contrario a cualquier expectativa que nos vayamos a crear, lo más lógico es pensar en que el sistema de seguridad social en Bolivia carece de ventajas comparativas al resto de nuestras fronteras y fuera de ellas, sin embargo, las políticas que emerjan a partir de ahora y en adelante podrán garantizar verdaderos servicios de pensiones y salud a la población en su conjunto.

El ente de seguridad social o gestora, el proceso migratorio de las AFPs a la gestora y todo lo que ello implica, infraestructuras y personal, las gestiones desde los niveles municipales, departamentales y nacionales en relación con la seguridad de corto plazo, la tarea compartida de los pueblos indígenas y el nivel central del Estado de garantizar estos derechos, sumado a la capacidad de crear ingresos de estos niveles, generar fuentes de empleo y recibir el apoyo internacional, son elementos en camino de hacer y construir en este proceso de cambio.

Con el proceso eleccionario subnacional que el país vivirá en las próximas semanas, y el rumbo que con ello tomará el gobierno central de conducir las políticas de bienestar con todos, pero ante todo dirigido a reencaminar ese proceso iniciado el 2006, aunque frenado el 2020, en el marco de la Constitución actual, vigente desde el 2009, considerando que el tema de pensiones y la seguridad social en general debe ser un asunto de Estado que involucre a unos y otros, pero donde todos seamos garantizados de gozar los derechos a la salud y una pensión digna.

Notas

(1) Se plasma algunos datos interesantes, como que la AFP Futuro tiene 60.71 % de Depósitos a Plazo Fijo y Bonos de Instituciones Financieras, 20,48 % en Bonos y Cupones del TGE, 11.37 Cuotas de Fondos de Inversión Cerrados. En la AFP Previsión en la Banca 55,55 %, TGE 29,9 %, Financiero No Bancario 8,77 % y otros al 29 de febrero de 2020, o sea más del 50% están en el sistema financiero. El Sistema de Integral de Pensiones (SIP) está compuesto aproximadamente por 2.4 millones de personas que aportan: el 54 % a la AFP Previsión y el 46 % a la AFP Futuro y además acota y recuerda que durante el gobierno de Morales se dispuso el 5 % de los recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para la conformación de un fondo de inversión de 150 millones de dólares, que sirvió para otorgar créditos a pequeños y medianos productores, que accedieron a créditos con el 7 y 9% de interés anual con de 1 a 10 años plazo.

(2) La administración de fondos de pensiones en el mundo tiene tres corrientes; la administración estatal bajo un sistema de reparto universal; fondos mixtos y fondos privados de pensiones. Para dar curso a una de estas corrientes de la seguridad social, el Estado debe asumir decisiones de estatizar el servicio, o privatizar o capitalizar el mismo. El sistema de la seguridad social en Bolivia depende del Estado a través de sus instituciones y, por tanto, el sistema de pensiones es declarado universal. Al ser de carácter público, gratuito y universal, lo mínimo que se exige es que esos preceptos sean cumplidos a cabalidad y no existe mejor opción si el Estado ejerce ese control y administración. Y a la fecha, bajo el nuevo marco constitucional no existe sino la única posibilidad de que el Estado cree mecanismos para potenciar el marco constitucional y político, la actual corriente de administración de fondo de pensiones es la única vía posible para garantizar las mismas y otras prestaciones.

(3) Nos referimos a la última etapa de gobierno del ex presidente Morales, el proceso eleccionario 2019 y la renuncia a la presidencia, la asunción a la presidencia transitoria de Jeanine Añez, un período transitorio caótico en lo político, y social, sumado al inicio de la pandemia del covid19 y las gestiones a partir de ello hasta los resultados de las últimas elecciones com Arce Catacora como presidente con el mayor porcentaje de preferencia del electorado.

Jorge Lizárraga Torrico es abogado, Doctorando en Derecho Universidad Rey Juan Carlos.

jolizarragat@gmail.com