Decreto del indulto beneficia a asaltantes, incendiarios, bloqueadores y genocidas

La Constitución Política del Estado establece en el Art.111. ¨Los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria, crímenes de guerra son imprescriptibles”. Ante la denuncia de la OEA sobre el fraude electoral, ratificado por los observadores de la Unión Europea, Morales al verse descubierto huyó del país, dejando a Bolivia con un vacío de poder, pues renunciaron la presidenta del Senado y el presidente de Diputados. Ante este hecho, asumió Jeanine Áñez por sucesión constitucional. Lamentablemente, Morales desde su refugio en Argentina ordenó a los masistas el bloqueo de caminos para que no ingresen alimentos a las ciudades. No conformes con ello, los violentos masistas quisieron tomar la planta de gas de Senkata, con dinamita derribaron el muro. Ante llamados de la ciudadanía acudió el ejército, para evitar que media población de El Alto desaparezca con miles de muertos.

También los violentos quemaron 70 buses PumaKatari, incendiaron la casa de Waldo Albarracín y la de la periodista Casimira Lema, atracaron e incendiaron Unidades de Policía en diferentes puntos de la ciudad, haciéndonos vivir momentos de zozobra, por lo que los vecinos tuvimos que salir a “hacer guardia en la puerta de las Unidades Policiales” para evitar más saqueos de armas y destrucción.

Genocidio fue perpetrado por los militantes masistas al evitar que los tubos de oxígeno lleguen a los hospitales para los enfermos del COVID-19. Y por falta de oxígeno murieron 40 personas. En Sacaba, bloquearon y evitaron que la basura con alto grado de contaminación sea descargada, lo que ocasionaba enfermedades que causan muerte. A la cabeza estuvo Huarachi de la Central Obrera Boliviana, convertido en vasallo del gobierno del cocalero Morales.

El Artículo 110. I. de la CPE define: “Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas. II. La vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus autores intelectuales y materiales”. No conformes con los hechos de genocidio, la mayoría del MAS en el Legislativo aprobó el Decreto de Amnistía propuesto por el Ejecutivo, para “perseguidos políticos”. Con esta norma se busca exonerar a los autores del Fraude electoral, los hechos violentos de 2019, con el absurdo pretexto de descongestionar las prisiones del país por razones humanitarias ante la emergencia sanitaria, con la contradicción de que es para los perseguidos políticos “durante el gobierno de Añez”. Y pretenden otorgar privilegios y exonerar a estos sectores del oficialismo.

El Ejecutivo hace de juez y parte al impulsar ese Decreto de IMPUNIDAD sin esperar el informe de GIEL. Con este decreto inconstitucional de asambleístas masistas, pretenden generar la impunidad de Morales, y los hechos de violencia del 2019, 2020 y estupro, tampoco serán investigados los que hicieron fraude en 2019, no hay justicia en el país. Para completar las aberraciones jurídicas, el Ministro de Justicia propone que las mujeres concilien con sus victimadores y Marcel Rivas sin acta médica está en San Pedro. Aprovecharse de su mayoría en el Legislativo es un precedente nefasto para la democracia y la justicia, lo que se demoró en 14 años, ahora no va demorar ni 6 meses, porque están implementando el mismo libreto del cocalero Morales, vulneración de la Constitución y los Derechos Humanos de la ciudadanía. Estamos ingresando a un Estado terrorista y además con impunidad por hechos delictivos.

Al sostener que hubo golpe de Estado, en los sucesos de 2019, con este decreto se convierten en parte civil, se está politizando y para coronar el TSE no hizo su trabajo, debe esclarecer si hubo o no fraude. Por ello dicen que no hubo fraude y todos quedan exculpados. La investigación fue pérdida de tiempo, eran angelitos los que suscitaron muertes, no tiene fundamentación jurídica tal determinación, se basa en que hubo “golpe de Estado”. Están imponiendo esa narrativa para otorgar impunidad al cocalero Morales por delitos de terrorismo, corrupción, narcotráfico y pedofilia. Y por su afán de limpiar la imagen de Felipa Quispe, dictan sentencia contra Rafael Quispe, por denunciar un millonario desfalco al Estado Boliviano. El gobierno de aguantArce, empieza vulnerando la Constitución y consolidando la impunidad.

Angelica Siles Parrado es Abogada, ex Asambleísta Constituyente.