Políticas públicas de tierras

Después de las crisis petroleras mundiales del 2008, 2014, 2020 y la reciente aparición de la pandemia del “Covid-19”, se ha renovado el interés en el sector agropecuario como motor principal de la recuperación de la economía y la reducción de la pobreza en los países en vías de desarrollo.

Así, la administración más eficiente del factor económico tierra y sus implicaciones en la producción agropecuaria y agroindustrial se han convertido nuevamente en un tema de enfoque mundial y en esos términos está siendo incorporada como un elemento central en los planes de contingencia para la recuperación económica de la mayor parte de estos países. Sin embargo, una cosa es proponer la recuperación económica de un país y otra; a veces diferente, lograrla.

El país cuenta a su favor que durante las últimas gestiones fiscales la participación del sector agropecuario boliviano ha reemplazado al sector de hidrocarburos como principal aportante al crecimiento del Producto Interno Bruto – PIB Nacional, pese a las evidentes limitaciones de productividad y competitividad de los bienes agropecuarios y agroindustriales destinados al abastecimiento del mercado interno y/o las exportaciones del país.

De hecho, las posibilidades de incrementar la producción del sector -en el corto y mediano plazo- a partir del manejo eficiente de políticas sectoriales sobre el factor tierra, son realmente auspiciosas, especialmente si se logra la aplicación exitosa de las políticas complementarias de: i) la sustitución progresiva de importaciones de bienes y servicios agropecuarios y agroindustriales; ii) la sustitución selectiva de insumos agropecuarios y agroindustriales importados; iii) el adecuado manejo de las transferencia estatales de fomento; y iv) la apertura de nuevos y mejores mercados de exportación.

En nuestro criterio, se debería desarrollar políticas públicas sectoriales, a ser implementadas de manera secuencial y consensuada, para lograr que el factor tierra asuma un rol dinamizador de la producción agropecuaria y agroindustrial en el desarrollo nacional.

Inicialmente, dichas políticas públicas deberían incluir un Plan de Acciones Inmediatas, que permita adoptar determinaciones normativas contingentes, enmarcadas invariablemente en una visión sectorial consistente, al margen de los intereses de grupos y personas con más recursos financieros y/o conexiones políticas.

Asimismo, estas políticas deberían considerar el Rediseño Institucional de INRA, que permita ampliar su actual visión temporal, mayormente abocada al saneamiento de tierras, hacia el cumplimiento pleno de todas sus competencias institucionales.

También, estas políticas deberían contener un Mecanismo de Administración de Tierras, que permita ajustar la actual estructura legal e institucional del sector tierra y evaluar las diferentes políticas y acciones gubernamentales adoptadas hasta ahora, y

Finalmente, establecer el funcionamiento de un Mercado Formal de Tierras, que permitan regularizar y mejorar las actividades de los mercados informales existentes y que facilite el rol conductor y coordinador de las políticas públicas a cargo del Estado.

Todo esto, sin embargo, requiere de una acción responsable de un gobierno constitucional, elegido con la mayoría de la votación rural, que ejecute una política pública agresiva, a la luz de los resultados obtenidos hasta ahora por la implementación de la reforma agraria en Bolivia.

Entre otras finalidades, estas políticas permitirían encarar los eventuales desafíos que implicará la probable incorporación como miembro pleno de Bolivia al Mercosur y de este mecanismo de integración regional al Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea – UE, lo que necesariamente implicará la elección, como país, entre ser miembro pleno de la Comisión Andina de Naciones – CAN o del Mercado Económico del Sur – Mercosur.

En todo caso, la implementación de esta estrategia requerirá una amplia y consensuada decisión política y un prolongado periodo de implementación de la misma; es decir, una visión y decisión valedera para el largo plazo, basada en datos estadísticos nacionales y oficiales y; no solo, en referentes conceptuales y estudios de casos específicos que tienen otro ámbito de análisis y aplicación.

El autor es economista y miembro fundador del CEAB.