Defender lo nuestro

Se impone una situación económica y sanitaria muy adversa. En ese marco se debate la ciudadanía boliviana que ha logrado sobrevivir, con fuerza y unidad, a la cuarentena y retoma, de manera paulatina, sus actividades, en la perspectiva de construir un futuro mejor. Pero con temor a un nuevo encierro que estancaría la reactivación. La premisa es hoy, y como siempre, el servicio incondicional a la Patria. En ese afán están inmersos gobernantes y gobernados.

“La industria está poco menos que agonizante”, señala, en su nota editorial de tres de enero del presente, el Decano de la Prensa Nacional. Por consiguiente: el contrabando, en este contexto, se ha propuesto destruir, a la industria. Acabar, posiblemente, con la actividad formal, para dar paso al mundo ilegal, donde medran los “nuevos ricos”. Eliminar, de un plumazo, el esfuerzo de nuestros compatriotas, que, en tiempos de paz o convulsión social, de crisis económica y emergencia sanitaria, generaron empleo, aunque poco, pero digno y seguro. Representaron, obviamente, la contribución tributaria, el erario del país. Aseguraron, de una u otra manera, el sustento de las familias bolivianas. Todo ello es de conocimiento de la opinión pública.

“El sector privado sostuvo la economía en 2020, y lo hará este año y el siguiente también, debido a que las condiciones del gobierno no serán de las mejores en términos de ingresos y recursos”, anotó, hace algunas semanas, el analista económico José Gabriel Espinoza.

Y los informales se han constituido, lamentablemente, en sus operadores, quienes se han multiplicado a raíz de la pandemia. Ellos llenan calles y almacenes, ofreciendo productos del contrabando. Con esta afirmación no pretendemos mellar la dignidad de quienes hacen ese negocio. Por lo tanto, los industriales ante esa situación solicitaron a las autoridades nacionales impulsar la compra de bienes y servicios hechos en Bolivia. Con ese planteamiento desean resguardar la producción nacional, en vista de que la actividad ilegal no contempla fronteras ni disposiciones legales. Es capaz, inclusive, de estipendiar a quienes tienen la misión de poner atajo a ese movimiento económico.

La actividad ilícita logra sus objetivos por diferentes puntos del territorio. Es que nuestras fronteras son muy dilatadas y, posiblemente, difíciles para encarar un control estricto, efectivo y riguroso. Compromete, inclusive, a ciertas poblaciones provinciales, cuyos habitantes, quizá remunerados, se pronunciaron con agresiones verbales y materiales, a favor de quienes representaban a ese enorme monstruo económico, llamado contrabando. Pruebas, al respecto, están dispersas en páginas de la prensa nacional. Acá no se trata de mentiras ni calumnias.

Ante esta situación la Cámara Nacional de Industria exige al gobierno nacional que asuma una tarea decisiva para contrarrestar ese accionar. Lo hizo el 26 de enero pasado y, reitero, el tres de febrero del año en curso. Un planteamiento que no tuvo respuesta, infelizmente, hasta el momento.

En suma: es urgente e imperioso defender lo nuestro, lo que produce la industria nacional. Defender la inversión de los bolivianos, quienes, pese a los problemas de índole económico y sanitario, aún se arriesgan por alentar y sustentar la entidad privada, generadora de empleo.