Llanos asegura que decreto favorece a narcotraficantes

El decreto presidencial de amnistía e indulto beneficia a los afines del Movimiento al Socialismo (MAS) que participaron de los actos de violencia de noviembre de 2019 y 2020, así como a los internos sentenciados por narcotráfico, manifestó a EL DIARIO el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos.

El 12 de febrero, la mayoría parlamentaria del MAS aprobó el decreto presidencial de amnistía e indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos en beneficio de las personas que fueron procesadas durante el gobierno de Jeanine Añez, entre ellos Evo Morales.

La exautoridad y docente de la Universidad Pública de El Alto (Upea) aclaró que si bien el decreto presidencial excluye a aquellas personas que cometieron delitos graves como asesinatos, homicidios, feminicidios, entre otros, esto no alcanza a los imputados o acusados por narcotráfico.

“El decreto dice que se indultará a las personas no reincidentes, condenadas a pena privativa de libertad igual o menos a ocho años, sin que sea necesario el cumplimiento de una parte de la condena, y una gran parte de las personas que cometen el delito de narcotráfico tienen sentencias de ocho años”, apuntó.

Manifestó que la norma refiere que las personas que tienen sentencia de diez años, serán beneficiadas si por lo menos cumplieron una cuarta parte de su condena, es decir dos años y medio.

“De estas personas, las únicas que no están excluidas son los que cometieron el delito de narcotráfico, eso metieron de contrabando en el decreto presidencial, y con eso van a liberar de alguna manera a quienes están cárceles”, refirió.

Llanos refirió que por el delito de narcotráfico más de 3.000 personas están privadas de libertad en todo el país, y de ellos al menos el 50 % se beneficiará con el decreto.

Por otro lado, el experto en temas penitenciarios manifestó que la aplicación del decreto no reducirá el hacinamiento en las cárceles del país, que llega al más del 200 %.

GOBIERNO

A través de una nota de prensa, el Ministerio de Justicia refirió el decreto presidencial repara derechos constitucionales de perseguidos por el exministro Arturo Murillo.

“En abril de 2020, Mauricio Jara, un activista de redes sociales, fue enviado a la cárcel de Palmasola en Santa Cruz acusado de ser un guerrero digital y haber conspirado con la difusión de memes en contra del gobierno de facto de Jeanine Añez”, se lee en la primera parte de la nota.

“A través de un operativo realizado con el apoyo de agentes encapuchados y armados del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), Jara fue presentado esposado ante la prensa, sin haberse comprobado su culpabilidad.

Como él, cientos de personas fueron privadas de libertad en el contexto de la persecución política encabezada por el exministro de Gobierno, prófugo, Arturo Murillo”.

“El caso de Jara fue denunciado por la comunidad internacional y por la prensa nacional, a través de materiales informativos y cartas que advertían que el hecho atentaba contra la libertad de expresión y otros derechos fundamentales de la Constitución Política del Estado”.

“Al margen de que coincidamos o no con las opiniones de Jara, debemos dejar claro que su detención es ilegal y refleja una preocupante tendencia contraria a la libertad de expresión demostrada por las actuales autoridades”, señalaba una declaración pública firmada por más de 40 periodistas del país, en abril de la gestión pasada.

Los firmantes, en su manifiesto agregaron “no puede haber una democracia plena sin que se respete la libertad de expresión. Por eso consideramos preocupante el proceso penal seguido por la Fiscalía de Santa Cruz contra Mauricio Jara, calificado como un ‘guerrero digital’ del MAS”.

Asimismo, en diciembre de 2019, la Policía allanó las oficinas de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) donde arrestó a la encargada de redes sociales de esa instancia Alejandra S. inculpada de utilizar bienes del Estado para difundir mensajes de “sedición” en las redes sociales.

De acuerdo a declaraciones de Murillo, la Policía boliviana realizó ciberpatrullajes en redes sociales para dar con personas que a su criterio “desinformaban” sobre el coronavirus y causaban “convulsión social”, debelando que hasta abril de ese año, se había procesado a 67 denominados “actores políticos”, de los que 37 ya habían sido sentenciados por delitos contra la salud pública.