Los brulotes también son libre expresión

Cuando leo encendidos cuestionamientos, como los que profusamente se han dado especialmente en las redes sociales, en contra de una ciudadana con motivo de una declaración suya sobre Uyuni, no puedo menos que pensar en que todavía nos hallamos en una aldea medieval antes que en un país organizado social y políticamente del Siglo XXI.

La manera grosera de la muy zarandeada cantante de referirse a la ciudad de Uyuni, no puede merecer el linchamiento social que ha recibido, en primer término porque existe una prescripción constitucional respecto a la libertad de expresión, pues una cosa es que la ciudadanía o un segmento de ella, haga conocer su disentimiento con el disgusto que le ha provocado conocer a la hija predilecta del Libertador, pero la descalificación y muerte civil que se le pretende imponer, responde más bien a una mentalidad provinciana de quienes vierten tales comentarios.

Tenemos en Bolivia y muy especialmente en los últimos quince años, ejemplos que nunca más tendrían que ser replicados, como el del joven que a pesar de su legítimo derecho a la libre expresión fue privado de libertad, solo por haber gritado a todo pulmón “Bolivia dijo no”, ante el descontento de todo un país por el desconocimiento por parte del entonces presidente Evo Morales a la voluntad popular, hecho que no tiene por qué ser distinto en cuanto al derecho de su divulgación, respecto a las expresiones de aquella ciudadana, que obedecen a una decisión libérrima que en nada conculca los derechos de los demás.

Pero que las autoridades de Uyuni, con claro propósito demagógico, anuncien siquiera la instauración de acciones legales por racismo y discriminación en contra de la cantante, cuyo nombre ni siquiera interesa porque nadie la conoce, linda con la más absoluta ridiculez. Ya no podemos vivir en un Estado donde toda conducta se tipifique como delito o ante todo comportamiento que no nos guste tengamos que forzar una sanción, y mucho menos si esos tipos penales son aplicables exclusivamente a las personas físicas y en ningún caso a las cosas o instituciones. ¿Es que alguien sensato conoce alguna norma nacional o del derecho comparado que condene expresiones vulgares como las pronunciadas por la artista contra un municipio o lugar geográfico?

Y como en el derecho se parte del principio de que no hay pena sin ley, vergüenza debería dar siquiera pensar en procesar penalmente a quien tuvo el desatino de expresarse en la forma que lo hizo, porque se estaría ahondando la ya pobre calidad de la justicia boliviana. Eso en el ámbito del derecho. Pero en el campo estrictamente humano, ¿estamos obligados a que solo por ser bolivianos nos tenga que gustar hasta el último rincón del país?; ¿es punible socialmente que alguien deteste el calor o la sinuosidad topográfica de equis ciudad o provincia bolivianas? Dicen que la mujer de origen extranjero es cantante, y si algún día la escucho interpretando música y opino que lo que hace es un atentado contra el oído, una agresión al gusto, una patada al estómago o un insulto a la música, ¿tendré que purgar con la cárcel o con un aislamiento social?

La conducta de marras tiene más bien que ver con la ética, mucho más tratándose, como se presume, de una persona pública (aunque por este lado del país nadie la conozca), con el ser que es intrínseco a la interiorización del individuo. En síntesis, esta forma de comportamiento tiene que ver con las reglas de conducta humana, pero en ese orden, la inobservancia de algunas de ellas no apareja sanción legal y aun la punición social tampoco puede extralimitarse sin riesgo de incurrir en una degradación igual o peor que la que la motiva.

La propia Declaración Universal de los Derechos del Hombre en su Art. 19 expresa: “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado por causa de sus opiniones…”.

Eso sí, la descortés turista debe consultar urgentemente un diccionario para aprender que el gentilicio de Uyuni no es uyunisense. Punto final.

Augusto Vera Riveros es jurista y escritor.