¿En primer término a quiénes se vacunará?

Todo el planeta se encuentra bajo el peso letal de la pandemia por la Covid-19, virus pertinaz e invisible que para mayor desesperación muta continuamente en evoluciones cada más peligrosas y asesinas, ahora difundido en forma de aerosol prácticamente invisible y en aumento de contagio, ante cuya amenaza las medidas de bioseguridad tradicionales de la pandemia, incluida la mascarilla o el barbijo, se tornan relativamente ineficaces como factor preventivo.

Si el avasallamiento de la Covid-19 no distingue razas, naciones, idiomas, ni la gama de diferencias convencionales creadas por el hombre, sentando su letalidad en los países más sofisticados que hacen gala de su modernidad y tecnología de punta, cuánto más dramática y desoladora es la pandemia en los países pobres –como el nuestro— piadosamente llamados del tercer mundo o en “vías de desarrollo”. No solo se trata de infraestructura sanitaria –hospitales, equipos, personal capacitado y en número adecuado, etc. –, sino de lo más urgente desde meses atrás que son los medios de prevención e inmunización. Bolivia es uno de los exponentes de tales falencias.

Que el actual Gobierno del presidente Luis Arce viene agilitando la obtención de estos insumos es cierto, y es y debe ser su primordial y principal tarea frente a la hecatombe sanitaria. Es evidente que en estos días se dispone de más antígenos, testes preventivos y otros elementos. Pero la gran ausente es la vacuna. Ni para qué hablar de la cantidad suficiente que se requiere ni de su oportuna llegada y aplicación. Si se tratase de que la propaganda oficial sea suficiente para satisfacer la demanda nacional de ese vital insumo, es seguro que bastarían y sobrarían las vacunas. La realidad es otra. Un vuelo, muy anunciado, será portador, al parecer, de la primera partida de vacunas de procedencia china. La rusa Sputnik se hace esperar todavía.

Se trata de 500.000 unidades, por supuesto escasas, pero no debemos perder la esperanza. El tema es si el Estado Plurinacional tiene la capacidad necesaria de logística y organización para responder al reto de la vacunación. Es decir, si cuenta con personal en número suficiente y capacitado para inmunizar con tolerable rapidez. Desde ya el Gobierno Central empieza a descargar la responsabilidad que le toca en las maltrechas gobernaciones y municipios. La ley confiere al gobierno ese zafe y salida; ley con marca de fábrica del partido de gobierno. Así el panorama de vacunación se insinúa incierto en su efectividad.

El Gobierno asume que la tarea debe empezar por médicos, enfermeras, etc., personas de la tercera edad (en el extranjero se inicia con los mayores de 80 años), pero no lo anuncia en forma clara y decidida. También dice que los Seguros de Salud asumirán la vacunación de sus afiliados. Aquí viene un interrogante inaplazable. ¿Y cómo se vacunará a las personas inválidas o postradas por impedimento? Este inquietante aspecto carece de respuesta oficial.