Presupuestos de alcaldías para seguridad ciudadana bajaron en Bs 77,3 millones

Los presupuestos de los gobiernos autónomos municipales en seguridad ciudadana tuvieron una significativa caída. En 2018 recibieron Bs 306 millones, mientras que en 2020 el monto bajó a Bs 229 millones.

En los municipios de siete de los nueve departamentos sus presupuestos se vieron afectados, excepto en Oruro y Potosí. La reducción representó 77.339.752 bolivianos. Aunque disponer de recursos no fue garantía de ejecución de los presupuestos, según datos oficiales analizados por Fundación Jubileo.

Los gobiernos municipales y departamentales tienen recursos asignados de acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y el Reglamento de la ley Integral para garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.

Sin embargo, un análisis de la Defensoría del Pueblo, realizado entre 2015-2018, demostró que, si bien la asignación de recursos económicos se redujo, para la prevención y atención a mujeres víctimas de violencia, el elemento preocupante es que en ninguna de las gestiones se ejecutó la totalidad del presupuesto.

Según el estudio, en nueve departamentos y 54 municipios los presupuestos disminuyeron de Bs 59,3 millones a 35,6 millones, aunque la Defensoría advierte que el punto crítico es que en ninguna de las gestiones se alcanzó una ejecución mayor a 61% del presupuesto asignado.

La seguridad ciudadana se constituye en un derecho y bien común para el desarrollo del libre ejercicio de los derechos y las garantías individuales y colectivas de todos los habitantes, para lograr una convivencia pacífica en el ámbito público y privado, dice la Ley Nº 264.

El objetivo de hacer frente a la inseguridad ciudadana es erradicar la violencia generada por múltiples factores, políticos, económicos y sociales; además de evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y los bienes, incidiendo en las causas preventivas.

Aunque los datos de la gestión 2019 develan un escenario no muy alentador respecto a la seguridad de las personas. Solo para dimensionar, la Policía atendió en los nueve departamentos 45.655 delitos y 424 delitos contra la vida.

Ese mismo año se registraron 4.537 disturbios civiles, la ciudadanía estuvo expuesta a manifestaciones, marchas y bloqueos, entre otros. La información de accidentes de tránsito no es un dato menor, se produjeron 20.533 hechos, 1.239 personas murieron y 15.029 resultaron heridas.

Entre 2015- 2019, se denunciaron 2.306 casos de trata y tráfico. Los casos de feminicidios siguen siendo alarmantes, el 2019 se cometieron 117 feminicidios y el 2020 se registraron 113, en plena pandemia por el coronavirus.

Esta realidad lacera a la sociedad y exige políticas con una perspectiva integral, preventiva y de largo plazo -no solo coyunturales- coordinadas entre todos los niveles de gobierno, es decir, el Gobierno central, los gobiernos departamentales y los gobiernos autónomos municipales.

El enfoque de judicializar los hechos delictivos y la tendencia de penalizar y sancionar con cárcel a las personas no ha incidido en disminuir la violencia. La seguridad ciudadana debe suponer un aporte a la inclusión social y a la igualdad de oportunidades.

La inseguridad ciudadana es uno de los 10 temas clave que compete a las gestiones de gobernaciones y municipios.

¿Cuál es el presupuesto para seguridad ciudadana en su municipio y que priorizaría para enfrentar la inseguridad?

¿Qué plantea para encarar la violencia de género?, ¿sabe cuántas casas de acogida hay en su municipio?

¿Cuáles serán los principales problemas referidos a inseguridad ciudadana que atenderá su gestión y cómo pretende resolverlos?