El Gobierno a través del INRA avasalla reservas y parques

La Constitución Política del Estado en el Art. 385.I expresa que “Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sostenible”. En el Art. 389.III, “Toda conversión de suelos en áreas no clasificadas para tales fines, constituirán infracción punible y generará obligación de reparar los daños causados”. Sin respetar la Norma Suprema, el gobierno del cocalero Morales en 2009 hizo la dotación de 179.040 Ha para asentamientos de cocaleros, en 2010 dio 23.003, en 2011, 46.365, en 2012, 4.493, en 2013, 28.969, en 2014, 27.63, en 2015, 6.680, en 2016, 51, en 2018, 11.356, en 2019, 183.722, en 2020, 5.409 y en 2021 con el gobierno de Arce se pretende dotar 4.000 Ha en tierras fiscales, reservas y parques para beneficiar a militantes del MAS, con simples resoluciones del INRA.

El 12 de febrero, el Municipio de San Ignacio de Velasco promulgó una Ley para la creación del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá, cuya extensión bordea el millón de Ha, para garantizar a los pueblos nativos Guarayos su hábitat, ya que denuncian que los avasalladores pretenden tomar parques, reservas y tierras originarias incluso con uso de armas de fuego, mientras que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) les otorga el aval y tiene prevista la autorización de resoluciones de asentamientos en 4.000 Ha, solamente en el primer trimestre de 2021, con gente que traen de otros lugares.

Alcides Vadillo dijo que durante el Gobierno de Evo Morales se distribuyó tierras fiscales a favor de los militantes del MAS y que durante el Gobierno de Jeanine Áñez se tituló miles de hectáreas a favor de sectores empresariales, validando propiedades con más de 5 mil hectáreas “en un uso descarado del poder en beneficio de los sectores que están encaramados en su administración”.

En septiembre de 2020, el entonces viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas, informó que el 95% de los 1.500 asentamientos autorizados durante el Gobierno de Morales tenía irregularidades, por lo que se evaluaba su reversión. Actualmente esos asentamientos fueron ratificados.

Según Vadillo, en los últimos 15 años la región de la Chiquitanía perdió entre un 15 y 20% de humedad por la deforestación, en tierras con vocación forestal que deben ser conservadas como manda la Constitución para evitar que se convierta en una zona árida y las inundaciones destruyan lo que queda.

El Tipnis cuenta con 64 comunidades indígenas mojeñas, yurakarés y chimanes; se ubica entre los municipios de San Ignacio de Moxos y Loreto (en el Beni) y Villa Tunari y Morochata (en Cochabamba). El gobierno de Morales intentó en 2011 construir una carretera asfaltada que fue cuestionada por el impacto ambiental negativo y porque iba a provocar la división del territorio indígena y una reserva natural. El Consejo Indígena del Sur (Conisur), de cocaleros que durante el gobierno de Evo Morales apoyaron la carretera por el área protegida, reabrió el conflicto con los indígenas por el control de la Subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) en la ciudad de Trinidad. Y ahora el cocalero Morales, usurpando funciones, ofrece reanudar la carretera por el Tipnis, sin respetar que es reserva y además los indígenas del Tipnis rechazaron la invasión de cocaleros

El viernes 19, dirigentes del Conisur, que no pertenecen al territorio indígena, intentaron ingresar con violencia a las oficinas de la Subcentral, donde el directorio electo en el 35 encuentro de corregidores se encontraba realizando una vigilia, la Policía Boliviana logró disuadir a ambos grupos que acordaron para este sábado instalar una mesa de diálogo, para tratar el anteproyecto de ley de abrogación la Ley 180 de Intangibilidad del Parque, que presentaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Exigimos al gobierno de Arce respeto a la Constitución y las leyes de preservación de las Reservas y Parques establecidos en la Norma Suprema.

La autora es Abogada, ex Asambleísta Constituyente.