AguantArce no se aguanta y vulnera la CPE y las leyes

La Constitución Política del Estado (CPE) establece en el Art. 234. “Respetar y proteger los bienes del Estado y abstenerse de utilizarlos para fines electorales u otros ajenos a la función pública”. Pero el servidor número uno, AguantArce, REGALA bienes, nuevamente hizo 5 entregas a organizaciones afines al MAS, el 22 regaló la Casa Social del Maestro en Villamontes, con inversión de 2 millones de bolivianos; el 5 de diciembre entregó un edificio de 5 plantas a la Federación de Cooperativas Mineras de Cochabamba, consta de 4 salas de reuniones, oficinas, cuartos de cocinas y baños, entre otros, con inversión de 4.916.749 bolivianos; el 18 de febrero dio 5 vehículos a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (ex colonizadores); el 26 de enero entregó 2 vehículos a los Ponchos Rojos de Achacachi, durante la celebración de la Provincia Omasuyos; el 9 de enero otorgó equipamiento tecnológico, televisores, computadoras e impresoras blu-ray a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa por su 41 aniversario, cuando nuestros niños del área rural no cuentan con computadoras ni internet para pasar sus clases virtuales y evitar el contagio del Covid-19.

Se puede evidenciar que AguantArce utiliza fondos públicos para sobornar a los movimientos sociales con regalitos, cometiendo acto flagrante de corrupción, porque no se puede usar fondos del Estado, que es de todas y todos los bolivianos, para beneficiar a grupos privados a cambio de apoyo político, en época electoral, para comprometer un voto por prebenda, en esta época de pandemia con tantas vidas perdidas.

AguantArce no prioriza la salud y educación. La CPE, en el Art. 35.I. dice: “El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito a la población a los servicios de salud”, al contrario, pretende hegemonizar comprando a las “organizaciones sociales” para someterlas, porque son el sostén político del MAS y como Arce no tiene base social, está intentando tender lazos de sometimiento y además chantajea y advierte que si no votan por los candidatos a alcaldes y gobernadores por el MAS no les apoyará con recursos para sus obras en las regiones, como lo hizo en Culpina de Chuquisaca, en Beni y Oruro. Y, por último, el cocalero Morales también en la ciudad de El Alto, al ver que perdió su militancia por su “dedazo”, chantajeó para que voten por sus candidatos como Ratuqui a la alcaldía y Flores a la gobernación de La Paz, quien, por su ignorancia sobre las potencialidades del Departamento de La Paz, manifestó que las truchas las convertirá en sardinas.

Finalmente, los masistas de Sacaba sacaron la Resolución No 3/2021 de manera autoritaria y dictatorial, y disponen: Obligar a participar en las actividades políticas, los funcionarios deben embanderar sus casas de forma obligatoria, todos los funcionarios que sean identificados con la oposición deben ser destituidos de sus cargos, poniendo en práctica el autoritarismo y dictadura que les caracteriza.

AguantArce, no conforme con hacer campaña electoral sin el protocolo de seguridad sanitaria en horas de trabajo, convoca a sus vasallos y a su candidata “Adriana Salvatierra” para la recepción de las vacunas Sinopharm, compradas de China, que fue quien introdujo al mundo el Coronavirus para exterminar personas vulnerables y, supuestamente, “sobrepoblación de la tierra”. Pero sabemos que China tiene la población más alta del mundo y ahora el aguantArce le compra la supuesta vacuna para enriquecer a sus farmacias que están produciendo las famosas “vacunas”, como lo hizo contratando “enfermeros” usurpando funciones de médicos y además con sueldos de $us.2.000 para beneficiar a los dictadores de Cuba, sin tomar en cuenta que 140 niños están contagiados por el Covid-19 y uno ya murió en el Chapare.

Exigimos que Arce administre el Estado y deje de chantajear y hacer campaña política vulnerando la Constitución y las leyes.

La autora es Abogada, ex Asambleísta Constituyente.