Otro tipo de medidas para reducir el contagio e impulsar el comercio

Bolivia entró a la fase de post confinamiento el pasado 1 de septiembre, no porque se haya controlado los contagios, sino porque para el gobierno transitorio era necesario reanudar las operaciones comerciales de muchos sectores que estaban siendo afectados económicamente por las restricciones sanitarias y porque la coyuntura política del país así lo requería, de cara a las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 18 de octubre.

No obstante, la enfermedad sigue aquí, en una segunda ola de contagios, que ha hecho de Bolivia el segundo país con la mayor tasa de letalidad por Covid-19 en América Latina, debido en gran parte a un deficiente sistema de salud, las constantes rupturas de la cuarentena y del distanciamiento social, que hasta que se vacune a la mayor parte de la población, son por ahora la única solución efectiva ante el contagio.

Si bien se entiende que tanto el gobierno, como la economía del país y las familias bolivianas no pueden soportar otro confinamiento total, lo que no se entiende es que no se haya ejecutado otras políticas públicas que impulsen el desarrollo de actividades económicas con un menor riesgo de contagio, tal y como se está llevando a cabo en otros países.

La falencia en Bolivia no es solo la falta de desarrollo e inversión en un sistema de salud, sino también la falta de desarrollo tecnológico y digital en el comercio grande, mediano, pequeño, formal e informal, que es de lo que vive la gran mayoría de los bolivianos y que ahora se ha visto afectado de manera directa por la pandemia.

En una perversa paradoja, la población tiene que escoger entre quedarse en casa para no enfermarse o salir a las calles a comprar y vender sus productos para sobrevivir, intercambiando billetes y monedas posiblemente contaminados con el virus. En octubre pasado la Universidad de Australia publicó los hallazgos efectuados por el estudio realizado por la agencia nacional de ciencias de Australia (Csiro), en el cual descubrieron que el coronavirus puede sobrevivir hasta 28 días en superficies como los billetes y el metal de las monedas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido enfática en recomendar el distanciamiento social y el uso de métodos de pago sin contacto siempre que sea posible, como únicas formas temporales para evitar el contagio, hasta que se vacune a por lo menos el 70% de la población mundial para frenar la pandemia, que se estima será a finales del 2022 en los países más desarrollados.

Los anuncios sobre las vacunas invitan a un peligroso optimismo de cara a acabar con la pandemia y regresar a la normalidad, una normalidad que sigue estando muy lejos. «Será necesario alcanzar la inmunidad de rebaño a una escala global para reducir la incidencia de la enfermedad o erradicarla. Teniendo en cuenta que somos más de siete billones, esto podría tomar años», estima el especialista Andrew Badley, profesor de medicina molecular de la Clínica Mayo en Estados Unidos.

En ese escenario, en el corto, mediano y largo plazo vamos a tener que aprender a convivir con el virus, para que podamos seguir generando ingresos, tomando las precauciones necesarias para evitar en lo posible contagiarnos. Para ello las diferentes instituciones gubernamentales deberían impulsar políticas públicas enfocadas a la prevención para:

Cumplir con el distanciamiento social.

Comprar y vender bienes y servicios sin necesidad de intercambiar billetes y/o monedas.

Así mismo, en caso de que la crisis sanitaria se agrave, los medios de pago digital, aplicaciones móviles y plataformas electrónicas nos van a permitir seguir comercializando productos y servicios, sin poner en riesgo nuestra salud, la de nuestras familias, la de nuestros clientes y trabajadores.

Para ello se debe promover el uso de la tecnología para el desarrollo del comercio, buscando fomentar el comercio electrónico y digital, incluyendo métodos de pago alternativos como son el sistema de pago con “tarjetas contactless” o los “códigos QR” que ya están disponibles en nuestro país, pero que no han sido comunicados, ni promovidos adecuadamente, como en otros países de la región.

Un ejemplo de política pública, en este sentido, es la implementada por Uruguay, donde se definió rebajar el impuesto del valor agregado (IVA) a los usuarios que paguen a través de tarjeta, lo cual ha tenido un gran impacto en el desarrollo del sistema bancario y la economía de ese país.

En Chile, la implementación acertada de políticas públicas es aún más notable. El Banco del Estado provee de una cuenta denominada RUT a todos los chilenos (parecido a nuestro NIT, pero con mayores usos y beneficios, ya que brinda una relación financiera directa con el Estado), para que a través de esta cuenta sean pagados los distintos beneficios estatales, como ser bonos, subsidios y pensiones de vejez, entre otros, pudiendo cada ciudadano disponer de estos recursos en esta cuenta a través de la tarjeta de débito asociada a ésta. De esta manera el gobierno chileno ha conseguido evitar largas colas que restan productividad a su población y bajo la coyuntura actual, reduciendo el riesgo de contagio significativamente.

En un país como el nuestro, donde también se tienen muchas políticas sociales, el pago de bonos, rentas y otros, ¿El Gobierno no debería implementar medidas para la modernización del sistema comercial y financiero utilizando las herramientas tecnológicas que ya existen en el mercado en beneficio de la población, como ya lo han hecho muchos países vecinos?

G. J. Andrés Uzín P. es especialista en políticas y gestión pública.