El Impuesto a las Grandes Fortunas, como conoce la opinión pública, fue una de las ofertas del partido azul en las últimas elecciones generales. “El objetivo principal es hacer que el país cuente con mayores ingresos económicos”, aclaró, a principios de diciembre de 2020, un parlamentario afín a ese sector político.
En consecuencia: las autoridades del ramo hace aproximadamente 90 días iniciaron el estudio relativo a la ejecución de dicha medida. “Estamos estudiando la aplicación desde el próximo año. (Además) la recaudación potencial (se prevé que) va a ser como unos 100 millones de bolivianos”, aseguró el titular del ministerio de Economía y Finanzas Públicas (EL DIARIO, 15 de noviembre de 2020).
Los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales, en ese marco, se han entregado ahora a la tarea de identificar a las personas naturales que no se hayan registrado como contribuyentes del Impuesto a las Grandes Fortunas, se dijo el 15 de febrero pasado. Estarían buscando a otros emprendedores, dentro y fuera de nuestras fronteras, quienes tendrían plazos para cumplir con esa obligación tributaria. Esto querría decir que no se conoce con certeza, hasta el momento, el número de personas que tendrían grandes fortunas en Bolivia. El trabajo para ubicarlos debe ser arduo y difícil.
“La medida no logrará una recaudación significativa y que la misma puede afectar a las futuras inversiones en el país”, coincidieron en señalar tanto el gerente de la Cámara Nacional de Comercio, Gustavo Jáuregui, como el presidente de la Cámara Nacional de Industria, Ibo Blazicevic, a principios de este año (EL DIARIO de 1 de enero de 2021). Seguramente cuentan con diagnósticos serios para sustentar ese criterio.
Los ricos, estigmatizados como los privilegiados de siempre, contribuirán ahora con su cuota parte a la salvación de la Patria. Así de simple. Ese pequeño grupo, de 150 personas, aliviará la crisis económica, en un hecho inédito en la historia. Posiblemente se estila este sistema tributario en otros países de tendencia populista, como Argentina y España, pero acá será por primera vez, desde la fundación de la República en 1825.
Crisis económica que tiene sus orígenes en la caída de los commodities. Desde entonces se aceleró ese proceso en desmedro del erario nacional. Es decir, desde el 2014 o el año que se agotó la bonanza. El hecho está inscrito en las páginas de la historia contemporánea. Y no existe modo para tergiversarlo. Apelen a la mentira o la calumnia, el dato se mantendrá como tal, por los siglos de los siglos.
El país ya no recibe, ni recibirá nunca más, dólares a manos llenas, por la exportación de gas natural. Tanto el precio como la cantidad se han reducido significativamente. Las arcas del Estado están vacías. Debido a ello se tuvo que recurrir a créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, por un monto de casi 700 millones de dólares, para cubrir el Bono Contra el Hambre, en la presente coyuntura de crisis económica y emergencia sanitaria. El beneficio se entregó a la población boliviana, a partir del 1 de diciembre de 2020.
En suma: no se debería obviar, sobre todo, el camino de la reconciliación. Dejemos de lado el odio, la displicencia y la revancha. ¡No sólo basta tocar la chequera de los ricos!
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