Arce desconoce el sistema financiero y despilfarra nuestros recursos

La Constitución Política del Estado establece en el Art. 172.24. “Presentar proyectos de ley de urgencia económica, para su consideración por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá tratarlos con prioridad”. Sin embargo, ante la desidia y falta de compromiso con la salud y la vida de la población la ALP no aprobó el crédito del FMI, canalizado por la ex presidenta Jeanine Áñez. En abril de 2020 el FMI aprobó la solicitud de asistencia financiera de emergencia de Bolivia, de $us327 millones (DEG 240.1 millones,100% de la cuota) bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido para combatir la pandemia de Covid-19. Era para ayudar a Bolivia ante los requerimientos urgentes para gastos médicos, medidas de ayuda y preservar los gastos de protección social y enfrentar necesidades de la balanza de pagos derivada de la Covid-19, tomando en cuenta que la pandemia tendrá un costo económico sustancial, por la combinación de precios mundiales de energía más bajos, cuarentenas domésticas y una interrupción en las entradas de capital que conduce a reducciones bruscas en las exportaciones, la producción y los ingresos fiscales.

El gobierno de Arce dispone que el Banco Central de Bolivia debe devolver al FMI el crédito que era para enfrentar la pandemia, porque fue facilitado en el gobierno transitorio. El préstamo fue de 346,7 millones, al pago de capital 19,6 millones de $us, (por variación cambiaria) y 4,7 millones de dólares por intereses y comisiones, generando un costo financiero total al Estado Boliviano de 24,3 millones de dólares estadounidenses, costos por la devolución.

Bolivia tiene asignado 240,1 millones de DEG, (activos de reserva de cada país) por su participación en FMI y decide vender esos derechos y obtiene 327 millones de $us, con una tasa de interés de 1%, más tasa DEG, comisión de servicio 0,5% a 5 años plazo con más de 3 años de gracia, con tipo de cambio de $us1,36, por DEG, en abril. Y ahora que se anula la operación con el Fondo y se hace la recompra de los DEG, pero con el tipo de cambio de 1,44 $us, genera 346,7 millones de $us (variación cambiaria), con la devolución se incrementa a 351 millones de $us, con una pérdida de 24,3 millones de $us, que pagaremos el soberano.

La operación IFR jamás planteó alguna condicionante a la política fiscal o monetaria de Bolivia, tampoco es una operación de endeudamiento, sino es solo intercambio de divisas, de acuerdo con informes técnicos y actas del directorio del BCB, donde se muestra claramente la naturaleza de la operación, la misma que no corresponde a un endeudamiento.

Fue el Ministerio de Economía que contrajo la obligación y debería ser el que lleve adelante las gestiones y los pagos, por desconocimiento por parte del BCB realiza la devolución, hecho que ocasionó daño económico por la directiva del BCB, obligación que no le corresponde.

Es una decisión política ante la escasez de reservas y divisas, ya que eran recursos sin compromisos y de desembolso rápido, tomando en cuenta que el gobierno recibirá 14,5 millones de $us por el impuesto a la riqueza y, sin pensar racionalmente, GASTA 24 millones de $us en ese nuevo despilfarro.

El BCB informa sobre la deuda pública externa que la tasa de interés por acreedor al 31 de diciembre de 2019 alcanzó un promedio ponderado de 3,1%. Los préstamos con la CAF tienen una tasa de 3,6% en promedio, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2,7%. La tasa de intereses contratados con China 2,6%, Brasil 2%, Francia 1,3%, Alemania 0,8% y Corea del Sur 0,7%. Bolivia también contrajo deuda de 2.000 millones de $us con tres emisiones de bonos soberanos, con tasas de interés que se debe pagar, que varían entre 4,5%, 5,95% y 4,87%.

La Cámara de Senadores aprobó el crédito de $us350 millones, con una tasa de interés 3,6% de la CAF (Corporación Andina de Fomento) para la atención de la emergencia sanitaria. La ministra de Planificación, Gabriela Guzmán, manifestó que es de libre disponibilidad, por ello se está dirigiendo en su mayoría para fideicomiso de municipios y apoyo al presupuesto, al Tesoro General de la Nación, esencialmente para energía y transporte, lo que debió ser destinado para ayudar a contener la segunda ola de la pandemia.

La autora es Economista, ex Asambleísta Constituyente.