Arce y gobernadores tienen pendiente la mejora del sistema penitenciario

El exdirector de Régimen Penitenciario y abogado, Ramiro Llanos, manifestó a EL DIARIO que el gobierno de Luis Arce y los próximos gobernadores tienen pendiente la mejora del sistema penitenciario. Las entidades autónomas son las responsables de proveer alimentos, servicios básicos e infraestructura, mientras que el Ejecutivo es el ente regulador.

El lunes 1 de marzo de 2021, internos de los penales de Mocoví, Riberalta y Guayaramerín (Beni), se amotinaron simultáneamente, demandando la cancelación de pre-diarios hasta diciembre de 2020 y el restablecimiento del suministro de agua potable.

“Las gobernaciones son los responsables de comida, servicios básicos y de infraestructura, el Gobierno ha quedado como un ente regulador. El pre-diario es de Bs 8, monto que en el Beni no alcanza”, dijo Llanos.

Explicó que en las cárceles del Beni la característica es olla común, por lo que hay un proveedor a quien se le paga una vez que llegan los recursos, empero si éste no llega en meses, el servicio es suspendido.

Para Llanos el monto del pre-diario es insuficiente y más aún en el Beni, debido a las elevadas temperaturas.

“Los ocho bolivianos no alcanza, más aun en lugares calientes porque se necesita bebidas refrescantes. Beni es una zona carente y en las cárceles les afecta también el hacinamiento y el abandono porque muchos de los internos vienen de provincias y por falta de caminos, muchos familiares no pueden visitarlos y sufren por el calor, las enfermedades tropicales, etc.”, lamentó.

“CONDICIONES

INFRAHUMANAS”

Una Resolución Defensorial DP/RD/RIB/1/2021 emitida el 3 de marzo de 2021, señala que encontró condiciones infrahumanas en el centro penitenciario de Mocoví, en Trinidad y en las carceletas de Riberalta y Guayaramerín, en el Beni, debido al hacinamiento, falta de pago de pre-diarios, dotación de agua potable y ausencia de personal médico, agravadas por la situación de pandemia que atraviesa el país.

“Las condiciones en las cuales habitan las personas privadas de libertad (PPL) de la carceleta de Riberalta son inhumanas e incompatibles con la dignidad humana, agravándose en el contexto de la Covid - 19 toda vez que los ambientes higiénicos y el saneamiento mínimo son primordiales para evitar contagios y brotes de la enfermedad”, señala parte de la Resolución.

La Resolución refiere que el Gobierno Autónomo Departamental del Beni no asignó presupuesto suficiente para el pago de pre-diarios de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, además de enero y febrero de la presente gestión; para las y los privados de libertad de Mocoví y de las carceletas públicas de Riberalta y Guayaramerín.

“Hay deficiencias en la provisión de agua potable a las personas privadas de libertad de los centros penitenciarios del departamento del Beni, situación agravada por la pandemia de la Covid - 19. El exdirector departamental de Régimen Penitenciario no consideró ni cumplió, ya que no extremó esfuerzos ni asumió ninguna otra medida con carácter de urgencia para efectivizar la provisión de agua potable a los internos de la cárcel de Mocoví y carceleta de Riberalta”, se lee en otra parte de la Resolución.

HACINAMIENTO

Otro aspecto que refiere la Resolución es el hacinamiento en la carceleta de Riberalta, que alberga a 223 personas privadas de libertad (215 varones y ocho mujeres) en una infraestructura que tiene una capacidad para 80 personas, lo que refleja una sobreocupación del 171%.

“Las instalaciones presentan humedad, filtraciones de agua en los techos, paredes rajadas, tuberías del alcantarillado con filtración por donde gotean aguas servidas sobre las camas de los internos; aspectos que develan que las condiciones en general son inadecuadas, inhabitables e insalubres”, señala la Resolución.

“La ausencia del médico en la carceleta pública de Riberalta no solamente constituye un abandono de funciones, sino que atenta contra el derecho a un nivel de vida adecuada que asegure a las personas privadas de libertad, salud y la asistencia médica, oportuna, eficiente y de calidad, más aún en tiempo de pandemia”, indica la Resolución.