Dos imágenes de la reforma agraria

Pese a que la reforma agraria se la está implementando en el país por más de 67 años, esta importante medida solo cuenta con dos imágenes que la reflejan de cuerpo entero (1984 y 2017); las dos, obtenidas a partir de su estructura, con el apoyo instrumental del Índice de Gini.

Los expertos en tierras coinciden en que el Índice de Gini es, sin duda, el indicador más idóneo para medir la desigualdad de la propiedad de tierras, en un determinado momento del tiempo y en un espacio geográfico también determinado.

Sin importar el método de cálculo utilizado para su medición, el Índice de Gini solo puede adoptar valores intermedios entre los valores extremos de 0% y de 100%. En el caso de tierras rurales, un índice extremo del 0% indicaría una “total igualdad”, en la que un xx% de los propietarios poseería también el mismo xx% de las tierras. En cambio, un Índice extremo del 100% indicaría una “total desigualdad” en la que un solo propietario poseería el 100% de las tierras.

La primera medición del nivel de concentración de tierras rurales en Bolivia (77%), con datos de 1984, se registró en informes de la FAO y OXFAN, en abril de 2017. Dichos informes clasificaban al Paraguay como el país más “desigual” de la región, ya que este país registraba un Índice de Gini del 93%, calculado con datos obtenidos en 2008. Según mediciones realizadas en distintos años, le seguían, por su alto nivel de desigualdad: Chile con el 91%; Colombia con el 88%; Brasil con el 87%; Perú con el 86%; Argentina con el 83% y Bolivia con el 77%.

Las mismas fuentes establecían que Bolivia, después de Costa Rica con el 67% y Nicaragua con el 71%, eran los países de América Latina que registraban la distribución más equitativa de sus tierras rurales. Estas mismas fuentes, sobre el mismo tema, señalaban también que un promedio general de Europa alcanzaba al 57%, de África al 56% y de Asia al 55%.

La segunda medición sobre la concentración de tierras en Bolivia, con datos al 31 de diciembre de 2017, se la realizó en ocasión de la emisión del título 1 millón por parte del INRA, con el extraño resultado también del 77%. Entonces, ¿qué ha sucedido con la última fase de la reforma agraria en Bolivia?

Sobre todo, se debe asumir una inusual coincidencia porcentual, aunque se trate de la medición de un mismo fenómeno social en distintos momentos. Sin embargo, estadísticamente no hay confusión: la situación de “igualdad / desigualdad” no ha cambiado en el país, aunque haya cambiado la representatividad de los actores protagónicos y las proporciones porcentuales de su participación. Vale decir que los efectos de las variaciones producidas durante el periodo han resultado estadísticamente compensatorios o de suma cero.

Entre 1984 y 2017, las superficies promedio de las pequeñas propiedades en el país han pasado de 18 has x beneficiario a solo 5 has x beneficiario. Actualmente, el 97% de títulos propietarios otorgados por el INRA corresponden a la pequeña propiedad; de los cuales, el 78% registra superficies menores a 5 has x beneficiario.

También entre 1984 y 2017 las superficies promedio nacionales de las propiedades medianas y empresariales han pasado de 279 has x beneficiario a más de 896 has x beneficiario. Actualmente, el 0.6% de títulos propietarios otorgados por el INRA corresponde a propiedades medianas y empresariales; de los cuales, el 17% registra superficies mayores a 1.000 has x beneficiario.

Finalmente, entre 1984 y 2017, las superficies de las propiedades colectivas a nivel nacional han pasado del 21% al 66%, como efecto de la incorporación de las categorías territoriales de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) y Tierras Indígenas Originarias Campesinas (TIOCs). Un cálculo de sus superficies promedio demuestra que éstas han pasado de 37 has x beneficiario a 73 has x beneficiario. Actualmente, las superficies promedio, calculadas sobre los títulos emitidos por el INRA a favor del grupo de TCOs y TIOCs, alcanza a 40.450 has x título.

Según su propia visión, los datos presentados agradarán a unos y molestarán a otros; sin embargo, todos coincidirán en que los gobiernos han actuado -hasta ahora- solo en función de reclamos y peticiones sub sectoriales, en ausencia de una política agraria consistente.

El autor es economista, miembro del Centro de Estudios Agrarios de Bolivia – CEAB.