Legisladores enfrentados tras salida del país del excomandante Orellana

Luego de conocerse sobre la salida del país del excomandante de las Fuerzas Armadas Sergio Orellana, los legisladores del partido en función de gobierno exigieron la intervención de la Policía Internacional (Interpol) y que el Servicio de Migración brinde las explicaciones al respecto; entretanto, desde la oposición piden que ex jefe militar sea juzgado con transparencia e imparcialidad.

Para el senador por el Movimiento al Socialismo, Leonardo Loza, la salida del país del excomandante de las FFAA es un hecho que debe ser explicado por autoridades del servicio de migración. Calificó como lamentable que exautoridades abandonen territorio nacional como si nada pasara.

“Lamento profundamente esta situación, no sé qué estaría haciendo en Colombia, hay que preguntarnos a qué van a Colombia, si han salido del país, el Ministerio de Gobierno y Migración, si esto es verdad, nos tendrán que informar no solo a los legisladores, sino a todo el pueblo boliviano”, dijo.

Sostuvo que todas las autoridades involucradas en hechos de violencia deben presentarse ante la justicia boliviana para manifestar su versión de los hechos y no abandonar el país, por lo que pidió que la Interpol intervenga en este caso.

“Cualquier persona que sean militares, policías o políticos, tienen que rendir cuentas, de manera transparente y oportuna al pueblo boliviano”, señaló.

Al respecto, el diputado por la agrupación Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, manifestó que la orden de aprehensión en contra del ex jefe militar, emitida el día de los comicios, responde a un cálculo político del partido en función de gobierno.

“Se ha emitido una orden de aprehensión en el que todos estábamos preocupados por la votación y donde prácticamente no se tenía un cálculo político. No se ha penado en ese cálculo político que iba a tener el MAS” expresó el parlamentario.

Sobre el inicio de procesos en contra de exautoridades, Reyes manifestó que estos deben estar enmarcados en las normas vigentes y se garantice el derecho al debido proceso, pues hasta ahora el Ministerio Público ha perdido la confianza de la población.

“Lo que pedimos es que haya una investigación imparcial no podemos tener confianza en una justicia que funciona a través del dedazo, que funciona a través de las sentencias que salen del Poder Ejecutivo, no existe la confianza, no va haber un debido proceso y una investigación imparcial y hasta que no haya ello no podemos avalar este tipo de acciones”, dijo.

Finalizó, señalando que por las características de los procesos iniciados y las formas y tiempos en los que se están llevando a cabo, estos pueden ser calificados como una persecución política por parte del Gobierno.