Justicia opera bajo la consigna de “ley de fuga y pacto político”

El coronel en servicio pasivo del Ejército y abogado, Jorge Santistevan, manifestó a EL DIARIO que la justicia opera bajo la consigna de otorgar la “ley de fuga”, en el marco del “pacto político”. Recordó que desde la época de Evo Morales a la fecha no hay ningún político que esté entre rejas.

“¿Por qué hay impunidad?, desde la época de Evo Morales hasta la fecha ningún político está entre rejas por la comisión de un delito mucho menos por concurso de delitos flagrantes, todos terminan escapando del país, asilados territorialmente o en embajadas, nadie es aprehendido porque la justicia opera bajo consignas, otorgándoles la ley de fuga, últimamente muy de moda en nuestro país. La respuesta es que está vigente el pacto político de no agresión integral para seguir subsistiendo en la arena política nacional”, apuntó. En ese marco, dijo que la investigación que lleva adelante el Ministerio Público sobre la intervención militar en los hechos de octubre y noviembre de 2019 para el restablecimiento del orden no es una garantía funcional desde el punto de vista constitucional y de las leyes en vigencia. “No se investiga nada con objetividad”.

ORELLANA

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Alberto Aguilar, informó ayer que el excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), Sergio Orellana, salió del país en noviembre de 2020.

Orellana debía prestar su declaración informativa ante la Fiscalía el 26 de febrero de 2021, por una denuncia presentada por la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, por los conflictos poselectorales de noviembre de 2019 y la denuncia de presunto “golpe de Estado”. El fin de semana se conoció de una orden de aprehensión en contra de la exautoridad militar. Al respecto, Santistevan dijo que el caso de Orellana no es casual y si él no fue aprehendido en su oportunidad no fue por retraso del fiscal, sino porque a la clase política involucrada en los conflictos suscitados desde el 2019 a la fecha no le conviene.

“No les conviene que Williams Kaliman, Orellana y otros comandantes de fuerzas y de grandes unidades sean convocados porque dirán su verdad y se desmantelará el contubernio político en contra de la sociedad boliviana que reclama por una democracia transparente y una justicia independiente. En el período de Añez, Evo Morales, Juan Quintana, Felipe Cáceres y otros, fueron apoyados por los mismos políticos de oposición para que escapen y se refugien en otros estados y embajadas, lo mismo se replica con el actual gobierno que otorga la ley de fuga a personalidades involucradas en los últimos conflictos sobre todo en hechos de corrupción; en consecuencia la presente investigación es una farsa, y mientras tanto algunos militares del mando medio de la cadena de mando, serán cautelados y procesados para mantener engañada a la sociedad boliviana, pero principalmente a los correligionarios masistas”, lamentó.

Aseguró que las citaciones y notificaciones en el ordenamiento jurídico tienen relevancia cuando se hace en oportunidad, lo contrario carece de seriedad.

JUEZ ESPECIALIZADO

Por otro lado, Santistevan apuntó que la investigación contra Orellana y otros, en los que se involucra a militares debe ser llevada a cabo por fiscales y jueces altamente especializados en asuntos y normativa militar, porque los actores están enmarcados o cubiertos en sus actividades del servicio por un marco jurídico castrense (reglamentos y leyes), acorde con la especificidad de la organización y funcionamiento de la fuerza, lo contrario provocaría la vulneración de garantías profesionales, derecho a la defensa y a un debido proceso.

“La gran incoherencia de esta investigación es que solamente militares estén imputados y no así los autores intelectuales que según la normativa constitucional claramente lo establece, por lo tanto, será un proceso de largo aliento y terminará extinguiéndose o castigando a militares como el caso de febrero y octubre negro de 2003”, apuntó.

En ese marco, aseveró que la justicia ordinaria ha sido cuestionada constantemente por considerar que se ha prestado para abusos y ha servido como fuente de impunidad de graves violaciones a los derechos humanos.

“Ante el desprestigio de la justicia que tradicionalmente contó con un fuero oculto para beneficiar a políticos, militares y policías corruptos, desde el gobierno de Evo Morales hasta el actual, la injerencia política, se ha profundizado más, por cuanto los asuntos internos de la institución militar se han politizado en los más altos niveles de la conducción castrense, lo que ha motivado críticas desde todos los sectores, principalmente al interior de las FFAA”, lamentó.