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Ante aprehensión de policías y militares
> Abogado constitucionalista asegura que antes de imputar y cautelar a efectivos policiales y militares se debe esclarecer si en el país hubo un presunto golpe de Estado > “En una contienda bélica, los militares entregan su vida por la patria, hoy están entregando su libertad a cambio del cumplimiento de su misión y guardar lealtad a su pueblo”, afirmó el coronel en servicio pasivo del Ejército Jorge Santistevan
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, pidió ayer respetar la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes de la Policía y Fuerzas Armadas (FFAA), debido a los procesos que se siguen a efectivos policiales y militares por los hechos de octubre y noviembre de 2019.
Después de las elecciones de octubre de 2019, donde se desataron protestas y enfrentamientos violentos que dejaron tres muertos y más de 400 heridos, Evo Morales renunció a su cargo el 10 de noviembre de 2019, tras una recomendación de los militares, después que se publicara un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que se denunciaba “graves irregularidades” en los comicios del 20 de octubre.
“Sugerimos al Presidente del Estado, que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”, decía el comunicado leído por el entonces comandante en jefe de las FFAA, Williams Kaliman el 10 de noviembre de 2019.
“Pedimos al pueblo boliviano y a los sectores movilizados deponer las actitudes de violencia, desorden entre hermanos, para no mancar con sangre, dolor y luto a nuestras familias”, agregaba el documento.
Mediante un comunicado firmado por su presidenta Amparo Carvajal, la Apdhb recuerda que en las jornadas de noviembre de 2019 fue la sociedad civil la que pidió la participación de ambas instituciones en la defensa de la democracia.
La entidad también pide justicia por todos los afectados en el conflicto que terminó con la renuncia de Morales y la posterior sucesión constitucional.
El abogado constitucionalista y coronel en servicio pasivo del Ejército, Jorge Santistevan, manifestó que la solicitud de la Apdhb es histórica, siendo que es la primera vez que esta institución apoya a las FFAA en este tipo de hechos, luego de comprobar “abuso de la justicia”.
APREHENSIONES
El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra el excomandante de la Policía Yuri Calderón, quien ocupaba el cargo cuando sucedieron los hechos de noviembre de 2019, y al igual que el Alto Mando Militar sugirió al entonces presidente Evo Morales que renuncie al cargo para pacificar al país.
El excomandante debe declarar por la denuncia que hizo la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, sobre la comisión de los presuntos delitos de conspiración, sedición y terrorismo.
Por el mismo caso, el almirante Flavio Arce, exjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, fue aprehendido el miércoles y se encuentra en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde un juez definirá su situación jurídica.
En este caso también es procesado el excomandante de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana, de quien se supo que salió del país en noviembre de 2020.
Asimismo, se conoció extraoficialmente que se emitió una orden de aprehensión contra el excomandante Williams Kaliman, aunque esta información no fue confirmada hasta el cierre de emisión de este medio de comunicación.
Al respecto, Santistevan recordó que las FFAA actuaron en cumplimiento a la ley y los reglamentos militares, en el marco de la CPE.
“Actuaron leales con el pueblo que les pidió protección y estar a su lado para controlar la arremetida de una ola delincuencial terrorista que pretendía devastar no solo a la ciudad de La Paz, sino se iba a expandir a todas las ciudades capitales del país sembrando el terror y destrucción de bienes privados y servicios públicos. En una contienda bélica, los militares entregan su vida por su patria hoy están entregando su libertad a cambio del cumplimiento de su misión y guardar lealtad a su pueblo”, afirmó.
¿GOLPE DE ESTADO?
Santistevan lamentó que en este proceso se estén vulnerando derechos de ciudadanos que están siendo imputados y cautelados por un delito que literalmente mencionan sin elementos de juicio sólidos como el presunto “golpe de Estado”.
“El fiscal no tiene capacidad para definir un tema político como es un golpe de Estado. En este caso los llamados por ley para este tipo de actuados es la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana del Senado, en principio”, dijo.
En ese marco, apuntó que la investigación que hacen los fiscales del caso da a entender que es una “farsa” para calmar a los sectores afines al MAS así como familiares de las víctimas, ya que solo involucra a personas que ejercían funciones operativas y no así a los que tomaban la decisión.
“Lo que hacen los fiscales es dar satisfacción a los correligionarios del MAS, y algunos sectores sociales quienes en las últimas horas pidieron la destitución de los ministros de Gobierno y Justicia, además del fiscal, y antes que la presión siga escalando, es más fácil encerrar militares y policías”, dijo.
