Hostilidad política a inversión extranjera

Latinoamérica vive una hostilidad política a la inversión privada extranjera, debido a las nacionalizaciones que se hicieron en Bolivia y Argentina. Ahora México va por el mismo camino, según un reportaje de Francesco Manetto publicado en elpaís.com.

Como se recordará, Bolivia inició un proceso de nacionalización cuestionado, por empresarios y economistas, en 2006, debido a que tuvo que llegar a acuerdos con las empresas extranjeras para evitar juicios internacionales.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) retomó el control de toda la cadena hidrocarburífera, que fue capitalizada en 1997, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y también corrieron la misma suerte las empresas de electricidad y otras que estaban en manos del Estado.

El periodista mexicano en su artículo titulado Latinoamérica, de la crisis a la hostilidad política con el capital extranjero, señala que las acusaciones de neocolonialismo, la arbitrariedad de algunas leyes y los casos de corrupción desincentivan las inversiones en América Latina.

Entretanto, la presión social en 2019 provocó la ruptura de un contrato con una empresa alemana para la explotación del residuo de la sal muera, lo que genera una imagen negativa para el país.

Los empresarios del país, como la Cámara Nacional de Industria (CNI) y la Cámara Nacional de Comercio (CNC), solicitaron en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales a crear condiciones para que la inversión privada extranjera al país genere empleo.

Conflictos sociales

El departamento de La Paz, por ser sede de Gobierno, registró conflictos sociales que provocaron la paralización de las actividades económicas, cuyos hechos ahuyentaron a la inversión privada y el traslado de muchas empresas a otros departamentos del país.

El 2003 con la denominada “Guerra del Gas”, la población provocó la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en un año después las convulsiones sociales también obligo a Carlos Mesa a renunciar, y en 2019 las protestas sociales hicieron que Evo Morales renuncie a la presidencia.

México

La historia de las inversiones extranjeras en América Latina es un relato de oportunidades, pero también de riesgos. En ella caben crisis cíclicas, inestabilidad, tiranteces y, en ocasiones, abierta hostilidad del poder político.

En última instancia, es una crónica de señales y percepciones de ida y vuelta. El último capítulo se está escribiendo en México, como antes había sucedido en Bolivia o en Argentina. El plan energético impulsado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo saltar todas las alarmas hace ya meses.

Ingresó en vigor una reforma eléctrica que desbarata el modelo existente y prioriza el suministro de una empresa del Estado con plantas obsoletas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a pesar del impacto económico y ambiental que ese giro supone. Un día después de su entrada en vigor, ha sido frenada por la Justicia.

Ante esta decisión, una apuesta nacionalista de carácter eminentemente político, Iberdrola descartó a finales del año pasado nuevas inversiones en el país. Filiales de esa misma compañía o de Red Eléctrica sufrieron hace años expropiaciones del gobierno de Evo Morales en Bolivia. La toma de YPF fue una de las nacionalizaciones más emblemáticas de Cristina Fernández en Argentina. Venezuela, cuyo Gobierno busca ahora capitales extranjeros para afrontar la crisis y sortear las sanciones de Washington, se convirtió en un páramo para las inversiones.

Y el resto de la región, a menudo azotada por la inseguridad, la corrupción sistémica desnudada por el caso Odebrecht o la volatilidad de las políticas públicas, no ofrece ahora las mejores condiciones para explorar mercados.

Incluso en Colombia, donde se abrió una enorme veta de oportunidades tras la firma de la paz con la guerrilla de las FARC en 2016, es China el país que está ocupando el vacío que han dejado, principalmente, España y Estados Unidos.

El fenómeno es, en términos generales, anterior a la pandemia de la covid-19 y tiene que ver precisamente con los mensajes políticos. Algunas de las medidas adoptadas por López Obrador en México y sus declaraciones, llegando a hablar de “neocolonialismo” y a vincular sin pruebas empresas españolas y estadounidenses a la corrupción y a la especulación sin freno, suponen por ejemplo un claro desincentivo.

“La inversión es el mejor indicador de confianza que hay, porque no es tanto lo que la gente dice, sino lo que la gente hace. Y la inversión empieza a caer en el tercer trimestre de 2018”, señala la economista Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco).

A eso se ha sumado un factor que afecta especialmente al sector financiero: los tipos de interés han disminuido, y esa ventaja, que es la que también atrae inversiones, se está diluyendo.

Por otro lado, hay un creciente temor a los arbitrajes, sobre todo en el sector energético y en el de las infraestructuras. “México no está siendo un país agradable para la inversión de ningún tipo y estamos dando señales de que no es bienvenida, y no solo la extranjera”, concluye esta analista.

Riesgo de impunidad

Los riesgos de impunidad en Latinoamérica, con noticias casi diarias sobre nuevos casos de corrupción, no ayudan a la percepción de los mercados en el subcontinente.

“Los empresarios no se van a meter en una camisa de once varas”, señala Sergio Guzmán, director de la consultora Colombia Risk Analysis.

Destaca que los frecuentes cambios de arquitectura legal, con cada gobierno, responde más a una lógica ideológica y política que económica. (El País y EL DIARIO)