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Tres exautoridades enviadas a prisión preventiva
La declaración de Óscar Antonio de la Fuente Amelunge, que fue mensajero del exfiscal que dirigió las pesquisas del supuesto caso de terrorismo (2008), Marcelo Sosa, fue validada por el Ministerio Público para imputar y enviar con detención preventiva a la expresidenta Jeanine Añez y los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán.
De acuerdo con la imputación formal contra las tres exautoridades, firmada por los fiscales del caso Omar Mejillones, Rudy Terrazas y Harold Jarandilla, De la Fuente hizo un recuento subjetivo de todos los hechos acontecidos desde las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, hasta la renuncia de Evo Morales.
Óscar Antonio de la Fuente Amelunge fue señalado por Zvonko Matkovic como uno de los “mensajeros” de Sosa, para extorsionar a su familia a cambio de su liberación en el caso Rosza.
Según publicaciones de prensa, en 2009, De la Fuente fue denunciado por haberse hecho pasar como “asesor” del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, hoy ministro de Defensa, y en 2017 fue acusado por presunta extorsión al excomandante de la Policía Abel de la Barra.
OTROS ELEMENTOS
En la resolución de imputación formal contra las tres exautoridades, están las supuestas acciones que Añez cometió para “obligar” a la renuncia de los entonces presidentes de ambas cámaras legislativas, Adriana Salvatierra del Senado y Víctor Borda de Diputados.
De acuerdo con la imputación, Añez “logró” que ambos presidentes legislativos renuncien entre el 11 y 12 de noviembre de 2019, para asumir la Presidencia del Estado “de manera amañada”, aunque confunde la fecha, pues ambos militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) dimitieron a sus cargos el domingo 10, horas antes de la renuncia de Evo Morales.
El abogado Eusebio Vera manifestó a EL DIARIO que si bien la imputación hace referencia a que hubo una reunión en la Universidad Católica Boliviana en la que presuntamente estaban Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Adriana Salvatierra, Teresa Morales y otros, en la que supuestamente habrían obligado a la señora Salvatierra a presentar su renuncia a su condición de presidenta de la Cámara de Senadores y que, a cambio, permitirían la salida de Evo Morales del país.
En esta reunión –en caso de que fuese cierta– no existió la participación de ninguno de los tres imputados, explicó.
El investigador en Derecho, Franz Barrios, publicó un video de enero de 2020, en el que Salvatierra desmiente que haya recibido presión para renunciar y que su decisión política fue coordinada con Evo Morales y Álvaro García, además de las “organizaciones sociales” del MAS.
“La mentira de la Fiscalía con la que persiguen, por la vía ordinaria en agravante, a la expresidente constitucional Jeanine Añez, se cae a pedazos frente a este contundente prueba”, señaló Barrios.
Otros elementos tomados en cuenta por el Ministerio Público es un libro publicado por afines al Movimiento al Socialismo (MAS) y el informe de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa.
El exdiputado Amilcar Barral, que fue uno de los dos legisladores de oposición que formaron parte de la Comisión Mixta, aclaró a EL DIARIO que esa investigación se limitó a analizar los hechos a partir del 12 de noviembre de 2019, pese a que la resolución indicaba que las averiguaciones se la realicen a partir del 21 de octubre de 2019 y nuca se habló de un presunto golpe de Estado.
En ese marco, el 29 de octubre del 2020, la Asamblea Legislativa aprobó el informe de la Comisión Mixta que hace un repaso de los hechos violentos que registraron en el municipio de Betanzos, (Potosí); Montero (Santa Cruz), El Pedregal, Ovejuyo y Chasquipampa de la zona Sur de la ciudad de La Paz, el puente Huayllani en Sacaba (Cochabamba) y la planta de Senkata de El Alto.
Barral explicó que la Comisión Mixta compuesta por siete diputados del MAS y dos de oposición, recomendaron un juicio de responsabilidades contra Añez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.
El abogado Eusebio Vera aseguró que la imputación contra las tres exautoridades es sumamente subjetiva y que en ningún momento se comprobó de que en el país haya habido un golpe de Estado.
“La carencia de este elemento hace que no pueda configurarse los hechos como golpe de Estado, debería haber un proceso idóneo donde se establezca que sí hubo golpe de Estado, en función a ello iniciar un proceso en torno a los responsables y partícipes de ese supuesto golpe, en sus diferentes niveles de participación”, dijo.
Aclaró que la imputación carece de una secuencia lógica de acontecimientos, y los tipos penales de sedición, terrorismo y conspiración por los que han sido imputados las tres exautoridades, no tienen ningún fundamento legal.
“En toda la imputación no se observa cuál habría sido la conducta específica de la señora Añez, del señor Coímbra y Guzmán; se presume la participación; señalan hechos específicos como que el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas habría sugerido que Evo Morales renuncie, en este hecho no hay la participación de los tres imputados”, declaró.
Observó la falta de precisión en la atribución de responsabilidades en la supuesta asomada porque los demandantes no explicaron “dónde, cómo, cuándo y de qué manera habrían participado en actos de sedición, terrorismo o conspiración”.
“No hay un elemento conducente en el que nos señale que los señores ahora imputados hayan cometido ilícitos, no hay elemento alguno que vincule los hechos con los tipos penales. En la imputación de manera genérica dice que fueron cómplices, sin embargo, si ello fuera así no están los verdaderos autores, si es que se hubieran dado tal como se lee en la imputación formal”, alertó.
El abogado Jorge Santistevan, en contacto con EL DIARIO, lamentó que para la imputación contra las tres exautoridades, los fiscales se hayan basado en declaraciones de personas de conducta dudosa, fotografías, videos y audios de medios de comunicación.
“Toman la declaración pública de Kaliman y su Estado Mayor con parcialidad para favorecer a las imputaciones. Esa sugerencia está descrita en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, es una atribución del Alto Mando Militar que en situaciones de conflicto sugieran a quien corresponda y esta autoridad de solución apropiada”, explicó.
Asimismo, apuntó que la imputación es “descabellada” y la denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty contra los militares y las exautoridades del gobierno de Jeanine Añez no tiene sustento.
“Las imputaciones y detenciones son arbitrarias e ilegales, porque vulneran los derechos y garantías constitucionales. La apertura de esta investigación destruye la institucionalidad y destruye a la verdad histórica de los hechos, desde su primera fase este proceso nace muerto ya que es idéntico al caso terrorismo. Esta es una demostración de poder, que solamente se da en gobiernos autoritarios y que van a cambio a la fase dictatorial”, advirtió Santistevan. (EL DIARIO y Visor.Bolivia)
