Explotación minera ilegal en áreas protegidas de Beni y La Paz

En las áreas protegidas de los departamentos de Beni y La Paz se registra la explotación minera ilegal de parte de empresarios y cooperativistas, que afectan al medioambiente, informó el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), tras la firma del convenio con la Autoridad Jurisdiccional Minera para regularizar esta actividad ilícita.

Con la finalidad de establecer los lineamientos y mecanismos de cooperación interinstitucional que permitan fortalecer y controlar de manera mancomunada la explotación de recursos minerales en las área protegidas, el director nacional ejecutivo del Sernap, Teodoro Mamani Ibarra y la diectora ejecutiva nacional de la AJAM, Brenda La fuente, firman un convenio de cooperación interinstitucional de acuerdo a las competencias y acciones de cada entidad.

Entre las atribuciones que brinda este documento, están: las de dirigir, supervisar, registrar y controlar y fiscalizar la actividad minera por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), por su parte el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) tiene que garantizar la administración y gestión integral de las zonas.

Ilegal

Al término del acto, Mamani dijo a los periodistas que hay explotación ilegal de minería en las áreas protegidas, aunque no en todas, en especial en los departamentos de La Paz y Beni, por empresarios y cooperativistas.

Explicó que la firma del convenio permitirá cruzar información con la Ajam para verificar las autorizaciones para la explotación minera en las áreas protegidas.

Informó que en las áreas protegidas Apolobamba, Pilón Lajas, Madidi y Cotapata se registran explotación ilegal minera. “Solo en Apolobamba existen 129 empresas ilegales y apenas 24 entre cooperativas y empresas legalmente autorizadas”, acotó.

Adelantó que coordinarán con la Ajam el trabajo de control y fiscalización respectiva, y van a regularizar la actividad ilícita en las áreas protegidas.

Explicó que los empresarios y cooperativistas tienen autorización de la Ajam, pero no del Sernap, pero ahora cruzarán información para que puedan obtener el certificado de ambos.

Si tienen de ambos no hay porque sacarlos, no estamos en contra de los cooperativistas Legamente autorizados, apuntó.

Señaló que la explotación ilegal afecta al medioambiente. Por ejemplo, en el caso de Apolobamba, la zona tiene bosques, lagunas y ganado camélido, y si no es controlado a través de la autorización, la actividad ilegal contamina la naturaleza.

Es por ello que dijo que el convenio con la Ajam permitirá ordenar las cosas.

Por otro lado, en el tema de autorización para la explotación hidrocarburífera, informó que no recibieron solicitudes hasta la fecha, y tampoco que dio autorización.

Coroico

En julio de 2020, el Ministerio de Minería informó que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) desbarató una actividad minera ilegal en un área protegida subnacional, ubicada en la Comunidad Nigrillani, del Municipio de Coroico, en el departamento de La Paz.

Luego de una investigación, un equipo de la AJAM realizó un operativo evidenciando, de manera flagrante, la explotación ilegal de oro y procedió a la aprehensión de cinco personas, quienes extraían el mineral utilizando maquinaria pesada y herramientas manuales; además tenían municiones.

Según la verificación técnica catastral realizada por la AJAM, en esta área protegida y administrada por el correspondiente Municipio se encuentra el Santuario Municipal Cerro Uchumachi, de acuerdo al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

Asimismo, Mongaby.com y El Deber informaron el año pasado que el Parque Nacional Amboró, donde convergen los bosques húmedos de la Amazonía con las pampas de los Andes y los chaparrales secos del Chaco, la tala indiscriminada de la madera y los cultivos ilegales de hoja de coca amenazan la fuente de agua de la ciudad de Santa Cruz.

En el Madidi, el trabajo de científicos para conocer su biodiversidad se da palmo a palmo con una fiebre del oro que amenaza a la riqueza natural, pueblos indígenas y campesinos que habitan en las orillas del río Kaká. Pobladores denuncian presencia de mineros chinos con sus dragas gigantes o “dragones”.

Y en el Aguaragüe confluyen la herencia de la contaminación de la explotación petrolera con la nueva bonanza de los yacimientos de gas. Así, este lugar es visto ahora como una zona de sacrificio ambiental que enriquece el erario de Bolivia.