La cara exterior de Bolivia

Las relaciones internacionales y diplomáticas del gobierno boliviano giran en torno a una defensa acérrima de los regímenes de China, Rusia, Cuba y Venezuela, más sus socios o satélites, pese a que existen de por medio condenas internacionales por actos de represión y violencia diversa en el mundo.

En efecto, huelga decir que tanto la administración de Evo Morales como la de Luis Arce, respectivamente, actuando por medio de sus representantes en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, votaron en contra de la condena de la ONU por la violación de los derechos humanos dentro del conflicto en Xingjiang; vetaron la aprobación de un proyecto de resolución que renovaría por un año más el mandato del Mecanismo Conjunto de Investigación (JIM por sus siglas en inglés) de la ONU y de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) sobre el uso de armas químicas en Siria; y más recientemente, silenciaron el golpe de Estado en Myanmar, que ha cobrado la vida de más de setenta personas hasta el momento de redacción de este artículo.

En todos los casos anteriores, el Estado boliviano ha mantenido una posición, cuando menos, de grave irrespeto del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Según la ONU, durante años el Gobierno chino ha retenido en masa a miembros de la etnia uigur y a otras minorías musulmanas para llevarlos a los llamados “campamentos de reeducación”. China ha sido acusada de llevar a cabo esterilizaciones forzosas en mujeres uigures y separar a niños de sus padres. Las investigaciones llevadas a cabo por la BBC apuntan a que los uigures están siendo utilizados para trabajos forzosos y han revelado alegaciones de violaciones y torturas sistemáticas. La ONU, además, ha advertido que al menos 1 millón de miembros de la minoría musulmana están encerrados en los mencionados campos, que China defiende como centros de formación vocacional con el objetivo, asegura, de erradicar el extremismo.

En relación con el conflicto sirio antes detallado, el Mecanismo Conjunto de Investigación fue creado por el Consejo el 7 de agosto de 2015 con el propósito de identificar a las personas, entidades, grupos o gobiernos que hayan empleado o patrocinado armas químicas en Siria. Como se dijo, Bolivia, otra vez alineado con Rusia, votó el 2017 contra la renovación de este mandato.

Finalmente, tal como indica en una nota el politólogo Hernán Sarmiento, para el periódico Brújula Digital, la representación boliviana en Ginebra se alineó con Rusia y China, tradicionales aliados de los militares en Myanmar. La negativa boliviana –a la condena del golpe de Estado en Myanmar– se sumó a las de Venezuela y Filipinas, que en conjunto alegaron, a tono con Rusia y China, que lo que ocurre en Myanmar son “asuntos internos” en los que no se debe interferir de ninguna manera. En otras palabras, como indica Sarmiento, hacer la vista gorda ante la flagrante violación de derechos humanos que incluye asesinatos, persecución y censura.

¿Cuál debe ser la reacción de la opinión pública nacional e internacional frente a estas situaciones que merecen una atención privilegiada? ¿Defender los derechos humanos no conlleva la necesidad de un planteamiento de índole universal? ¿Cuál es la respuesta ante tales interrogantes por parte de los otros aliados latinoamericanos del MAS y, puntualmente, de los integrantes del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla?

El autor es abogado y escritor.