La espada en la palabra
Según recuerdo, el régimen de la expresidenta Jeanine Áñez no fue un modelo de administración. En muy poco tiempo su Gobierno se degeneró: hubo casos de corrupción, cambió de ministros como quien se cambia de camisetas, hubo encono hacia quienes antes fueran saboteadores de la democracia y, para rematar, su desatinado lanzamiento para la candidatura presidencial no solo desatendió el manejo de la pandemia, sino que fue una ayuda para fortalecer a las masas votantes del MAS, el cual terminó ganando por muchos otros factores más. Ninguna de estas cosas, sin embargo, justifica ni tiene que ver con la escandalosa fotografía que el periódico oficialista Bolivia mostró en su portada del día 15 de marzo: Áñez tras las rejas de una celda miserable.
Que haya cosas que se deban que investigar del Gobierno Áñez, no me cabe la menor duda. Pero tampoco tengo duda de la ilegalidad y arbitrariedad de su reciente aprehensión. Más allá de este hecho, las imágenes que se muestra todos estos días tienen que ver, obviamente, con una estrategia comunicacional de ignominia (humillación pública) y desinformación. El hecho de ver el periódico Bolivia, la Agencia Boliviana de Información, la radio Patria Nueva y el canal Bolivia TV (todos ellos medios del Estado pero que fungen como canales paraestatales de propaganda política) plagados de imágenes de Áñez en el lugar donde se escondiera para no ser encontrada, al lado del ministro de Gobierno, siendo llevada a la Felcc o —y esto es lo más degradante— tras las rejas de una celda que bien podría ser para encerrar a un criminal común y corriente, nos evidencia el antedicho aserto. El uso de los medios de comunicación estatales como plataformas de degradación pública no es cosa nueva. Ya se lo vio, por ejemplo, en el régimen estalinista con el uso discrecional de la Pravda.
Es comprensible que la opinión pública hoy esté enfocada solamente en la mala calidad del sistema sanitario, en la mala educación, o, en este caso, en la perversa administración de justicia; pero los asambleístas, cuya labor es, además de legislar, fiscalizar, deberían echar un ojo sobre este asunto del aparato de comunicación política que está haciendo funcionar indignamente el partido oficialista, y cuya intención es, además, convencer a la comunidad internacional de que en Bolivia no hubo fraude electoral en 2019. No he hecho números, pero presumo que Bolivia, Patria Nueva, la ABI y Bolivia TV tienen substanciosos presupuestos asignados, y obviamente, como todos sabemos, ese dinero sale del bolsillo de todos. Es un caso digno de fiscalización. El problema es que los legisladores de oposición, hoy, no tienen un nivel cultural muy apreciable para hacer seguimiento político de las cosas que de verdad importan para cambiar la matriz del país.
Y en lo que respecta al hecho de fondo, vale decir, a las aprehensiones de políticos opositores, ciertamente el partido azul no está actuando bien. El atropello de todo mecanismo legal, de toda práctica racional, de todo orden lógico, solamente traerá postergación para esta ya flagelada sociedad, menesterosa de orden y trabajo. Simplemente parecería que vivimos en un país surrealista, donde todo ya es posible.
Si el MAS tiene en sus filas algún intelectual relativamente ilustrado en historia universal, que advierta a sus cofrades que las purgas, la eliminación del enemigo, la persecución despiadada, nunca terminaron significando el triunfo del que las ejecutaba. Por otra parte, los periódicos controlados por regímenes autoritarios, la propaganda intencionada y sesgada y las mentiras propaladas masivamente, tampoco terminaron siendo la historia oficial de los países. Ahora son solamente precedentes que los archivos guardan como testimonio de hasta qué punto puede llegar la miseria política y humana.
Siempre se terminan imponiendo tanto la justicia y el bien cuanto la verdad de los hechos.
Ignacio Vera de Rada es profesor universitario.
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