Demandas de respeto y pacificación

Las detenciones de la expresidenta Jeanine Añez y de dos de sus ex ministros, además de la misma medida contra ex altos mandos militares del país, han dado comienzo a una nueva crisis política. A nivel internacional, la OEA en la persona de su Secretario General, señor Luis Almagro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Europea, la ONU y la privada Human Rights Watch, además de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, han demandado al gobierno nacional para que respete los derechos humanos, el estado de derecho y el debido proceso. Algunos han puesto en duda que la Justicia boliviana esté en condiciones de garantizar imparcialidad y hasta idoneidad para tratar casos como éste y cumplir el debido proceso.

En el interior del país la reacción sobre estos hechos no ha tardado. En algunas capitales muy rápidamente y en el resto aún continúan las protestas y rechazo a la captura de Jeanine Añez y de los ex ministros Álvaro Coimbra de Justicia y Rodrigo Guzmán de Energía, sin que el Ministerio Público hubiera previamente notificado y por la falta de pruebas incriminatorias. Aluden que se trata de una reedición de los procedimientos de constante práctica a lo largo de 14 años para acallar a voces opositoras o disidentes. Las críticas no solo se relacionan con las actuales detenciones y parecen tratar de prevenir no muy lejanas acciones semejantes, que puedan afectar a quienes piensen de modo distinto del gobierno.

Este temor se hace posible contemplando lo tornadizo de los Tribunales, conforme cambian los gobiernos a cuyo servicio se prestan, alejados de la ley. Esta debilidad del Órgano Judicial ha trascendido nuestras fronteras con el consiguiente deterioro internacional de la imagen del país. El criterio de considerarnos “el ombligo del mundo” y de que éste gira a nuestro alrededor como algunos o muchos creen por ingenuidad o por consigna política, se cae socavado por dichas actuaciones.

Pese al silencio en el que se ha sumido el presidente Luis Arce, se espera una revisión de las medidas adoptadas y más bien el mandatario opte por retirar de su camino las piedras peligrosas en las cuales pudiera tropezar su gobierno. Se espera muestras pacificadoras y equilibradas que pueden disuadir la atmósfera de enfrentamientos. Las demandas de que se establezca el estado de derecho y el respeto a las personas sin mirar su posición ideológica o política, así como las presentes consideraciones no tienen especificidad respecto a determinados actores o ciudadanos, sino que son una exigencia general a favor de los derechos humanos y de la Constitución Política del Estado, en procura de una convivencia pacífica y constructiva.