Panorama del Ejecutivo interfiriendo al Judicial

Las últimas medidas del gobierno han hecho que el país retorne a un estado de conflictividad, desechando la esperanza en que con su advenimiento se transite por caminos de convivencia y entendimiento. El hecho sobresaliente es el apresamiento de la ex presidenta Jeanine Áñez y dos de sus exministros, sometidos, en especial la primera, a incomunicación e impedimento a que puedan visitarla sus hijos, medida demasiado dura si se considera su condición de mujer, madre y persona, quien, a la postre, desempeñó la presidencia del Estado.

Al presente surgen graves contradicciones del gobierno. Se achaca ineficiencia y corrupción, además de los hechos de Sacaba y Senkata al gobierno de los once meses. La investigación de la verdad ha empezado su entierro y debemos descartar que algún día se esclarezca en profundidad. Lo contradictorio es que, por una parte, se sobresee de pena y culpa a los presuntos comprometidos en el supuesto fraude de 2019, y también a los sindicados del incendio de casas de opositores, periodistas y de decenas de buses PumaKatari, así como de los que desataron el terror en las ciudades a continuación de la renuncia del presidente Evo Morales y de toda la cadena de sucesión constitucional.

En contraste, se apresa tanto de los anteriormente indicados cuanto a altos miembros castrenses de noviembre de 2019 y se amenaza de proseguir idénticas medidas contra supuestos partícipes y gestores del llamado golpe de Estado. En respuesta los sectores opositores han empezado a manifestarse en plazas y calles. A su vez, las movilizaciones de los adictos al gobierno de Arce pueden generar enfrentamientos, planteando peores horizontes.

A lo anterior se añade la injerencia de la Procuraduría del Estado en la Justicia, cuando la primera hace que un juez instructor revoque el fallo de la acción de libertad interpuesto por la expresidenta y dos de sus colaboradores de Gabinete. Ese fallo dispuso el inmediato traslado de Jeanine Áñez --en estado de una aguda crisis de presión alta-- a una clínica, donde pueda ser tratada convenientemente.

Dicha interferencia del Ejecutivo viola una decisión judicial, atribuyendo a un juez inferior una facultad revocatoria inexistente en el ordenamiento jurídico. Ello impide que el Tribunal Constitucional Plurinacional, como instancia única y final, revise el caso conforme a ley.

En altas horas de la madrugada, en lugar de conducir a la enferma a una clínica, se la cambia de recinto carcelario en una ambulancia. Es más, se endurece su prisión preventiva de cuatro meses a seis y lo mismo en relación con los exministros detenidos. La intencionalidad parece ser que el gobierno de Arce es más inflexible que el de Evo Morales. Es una clara advertencia a quienes pretendan hacer oposición al actual gobierno.