Caso “golpe” es similar al de “terrorismo” abierto en 2008

El proceso judicial que se abrió en 2008 con el caso terrorismo y el actual con la versión de “golpe” por el que la expresidenta Jeanine Añez, dos exministros y dos exjefes militares guardan detención preventiva tienen similitudes, manifestaron a EL DIARIO la senadora Centa Rek y los abogados Gary Prado y Jorge Santistevan.

Santistevan apuntó que la aprehensión de exautoridades y exjefes militares tiene una relación estrecha con el caso terrorismo (2008-2020) porque ambos aparentan un montaje y se da en un momento clave de la vida del país.

TESTIGOS CLAVE

Tanto Santistevan como Prado recordaron que en el caso terrorismo presentaron a Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo”, como el “testigo clave”, porque en su casa se filmó el video donde supuestamente se planeó el atentado contra Evo Morales.

En el caso “golpe”, aparece Óscar Antonio de la Fuente Amelunge, denunciado varias veces por extorsión, tanto por autoridades del gobierno del MAS como por opositores. En contacto con un medio de comunicación, “el ciudadano de a pie”, aseguró que no tiene ningún antecedente judicial.

“Este testigo clave estuvo buscado por haber participado en extorsiones junto a Marcelo Sosa y en el tiempo que Carlos Romero fue ministro de Gobierno, nunca fue encontrado y ahora es testigo en un proceso”, lamentó el abogado Prado.

LISTAS

Los juristas coincidieron que en ambos casos empezaron a circular listas de presuntos implicados, causando zozobra en la población.

“En Santa Cruz empezaron a circular listas a través del WhatsApp, de personas que serían citadas a declarar. Así también lo hizo Marcelo Sosa, que hizo circular listas a través de correos electrónicos, para que la gente entre en pánico, porque decía que se los van a llevar presos como se los llevaron a los cruceños”, apuntó Prado.

FISCALÍA

Apuntaron que en el caso abierto el 2008, donde más de 30 personas fueron imputadas, el fiscal del caso fue una persona ligada al Gobierno.

Santistevan refirió que el fiscal del caso terrorismo, Marcelo Sosa, era personal de confianza del Gobierno y que entre los fiscales del caso golpe hay una que “tiene o tuvo” relación marital con una autoridad del Ministerio de Justicia.

“Corremos el mismo riesgo porque le damos carta libre para que un fiscal se corrompa, extorsione y abogados que se prestan al juego del fiscal, empiezan a extorsionar a sus propios clientes bajo promesa de conseguirles sustitutivas o rechazos de denuncia”, dijo Prado.

DENUNCIANTES

Ambos juristas coincidieron que tanto en el caso terrorismo como golpe, el denunciante es el Ministerio de Gobierno, aunque en el segundo hecho se sumaron a la denuncia de la exdiputada del MAS, Lidia Patty.

POLICÍA

Para Santistevan, la participación de algunos efectivos policiales también es similar al caso de 2008, porque se encargaban de los operativos que demandaban bastante actividad, conocimiento y capacidad.

Por otro lado, la senadora de oposición Centa Rek y el abogado Prado coincidieron que lo que se buscó en 2008 fue acallar a los cruceños que eran antagónicos al Movimiento al Socialismo (MAS) y al incluir a Fernando Camacho se pretende hacer lo que le hicieron a Rubén Costas el 2008, para estigmatizarlo durante todo el tiempo en sus medios masivos.

“Al promover y lograr la ilegal aprehensión desde los generales de las Fuerzas Armadas, se está dando un mensaje: ‘nadie se meta a opinar en contra nuestra porque va preso’, lo mismo que a la Policía y a los líderes de las diferentes regiones como a Iván Arias en La Paz. Lo que buscan es que los opositores no tengan voz y endilgarles un delito que no ha existido porque todos hemos sido testigos de lo que pasó en octubre y noviembre de 2019”, dijo Prado.

Rek manifestó que el afán de montar un delito que no existió, con operadores de justicia “inescrupulosos”, es el mimo “modus operandi de Inteligencia cubana y venezolana”.

“En el caso terrorismo todo se generaba en torno a ciudadanos cruceños, en el caso golpe los perseguidos son de toda Bolivia porque hubo reacciones frente al fraude en todo el país”, aseveró.

PETITORIO

En la parte del petitorio, en la denuncia presentada por la exdiputada del MAS, Lidia Patty, a la que EL DIARIO tuvo acceso, está la conminatoria al exministro de Gobierno, Carlos Romero, quien en noviembre de 2020 manifestó que hay por los menos 300 personas en Santa Cruz que financiaron el “golpe de estado” de octubre-noviembre de 2019, entre ellas empresarios y gente vinculada a la Gobernación y Alcaldía.

“Conmine a que el exministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz, a que entregue la lista de 300 personas que hubieran financiado este golpe de Estado, según nota periodística de PAT No Mentirás”, se lee en el petitorio.

El 16 de noviembre, Romero dijo que tenía identificado a los jefes y policías que estuvieron detrás del motín en Cochabamba, que luego se propagó en los demás departamentos.

“Aproximadamente unas 300 personas dieron dinero para el golpe o para sostener los 21 días (de paro cívico). Ahora, obviamente, algunos lo habían hecho de forma deliberada porque formaban parte de la conspiración, otros habrían sido chantajeados, extorsionados, había mucha gente que vivía bajo la sombra del pánico”, denunció.