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[Eric Cárdenas]

Sin Órgano Judicial independiente no hay democracia


La democracia como sistema de gobierno y de vida social, tiene entre sus principios para ser considerada como tal: la separación de los órganos o poderes del Estado o de las funciones del poder, como las calificó Aristóteles. El mismo sabio griego nos dice que el gobierno del Estado debe tener tres funciones: la función legislativa que debe elaborar las leyes; la función ejecutiva que tiene como función de administrar el aparato del Estado, y el Órgano Judicial que debe administrar justicia en las controversias entre los ciudadanos y entre estos y el gobierno.

Las tres ramas del gobierno o funciones del Estado tienen además como finalidad el equilibrio entre las funciones de gobierno, para evitar la concentración del poder en una o pocas personas, es decir la tiranía y los cambios frecuentes de gobierno.

Dos mil años después de Aristóteles, uno de los enciclopedistas el Barón de la Bredé y Montesquieu, Charles de Secondant, en su obra: “El Espíritu de las Leyes” expuso magistralmente la teoría de la división de los órganos o poderes del Estado, precisamente con la finalidad de obtener el equilibrio de poderes y garantizar la libertad de los individuos y evitar la concentración de poder de un órgano sobre los otros.

Montesquieu sostuvo que el que ejerce poder tiende a hacer uso y abuso del mismo, de tal suerte que para evitar esto, los tres poderes deben estar en jerarquías independientes e iguales, para así, si un órgano pretende abusar del poder, los otros dos pueden limitar ese abuso, de donde ese establece el equilibrio que favorece la libertad.

Fue a partir de los siglos XVIII y XIX que la división de los poderes del Estado es uno de los signos más notorios del sistema democrático liberal. Según esta doctrina, los tres órganos deben estar en un mismo nivel, cada uno separado e independiente de los otros. Entre los tres órganos deben fiscalizarse y controlarse mutuamente, de tal manera de establecer un régimen de “frenos y balanzas”, para salvaguardar la libertad y derechos ciudadanos.

Los órganos Legislativo y Ejecutivo son fundamentalmente órganos políticos donde están los representantes elegidos por el pueblo, pero el órgano judicial tiene que ser absolutamente independiente del poder político y de cualquier tendencia político-partidaria, solo debe ajustarse a los dictados de las leyes, para que así sus fallos sean absolutamente alejados de toda influencia que atente contra la justicia, pues su función es precisamente administrar justicia.

Resulta que, en algunas sociedades como la nuestra, en estos últimos tres lustros en que hemos sido y seguimos siendo gobernados por una corriente populista, todos los órganos del Estado y en consecuencia todo aparato administrativo del Estado, está subordinado, controlado y al servicio del poder político. El Órgano Judicial ha sido convertido en un aparato de represión y control político, afectando los principios que sostienen a la democracia.

Es precisamente el Órgano Judicial por su finalidad y función, que tiene que ser el órgano que garantice las libertades y derechos ciudadanos, frente a los abusos del poder de los otros órganos, pero para que esa función sea cumplida, el Órgano Judicial debe ser “absolutamente independiente” de toda injerencia política y solo sujeta a la ley.

La política del gobierno populista está basada en que los intereses políticos deben estar por encima de las leyes, de tal manera que cuando le conviene habla de democracia, estado de derecho y sujeción a las leyes, y en la práctica atropella todo lo que dificulta su política de hegemonía política, negando toda injerencia en las decisiones de los jueces y fiscales a su servicio, cuando todos sabemos que es lo contrario.

Lo que sucede es que los gobernantes inspirados en el socialismo del Siglo XXI y el Foro de San Pablo, ahora Puebla, creen equivocadamente que todos los ciudadanos somos unos estultos que creemos todo lo que dicen, aunque sean mentiras o montajes para engañar a los ingenuos. Ya lo dice una sentencia: “no hay peor tonto que el cree que todos los demás lo son”.

El autor es Abogado, Politólogo y escritor.

Usurpado el 7 de octubre de 1970, por defender
la libertad y la justicia.
Reinició sus ediciones el primero de septiembre de 1971.

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