Un piloto guardará detención en su domicilio y otro quedará en libertad

Los pilotos de la aeronave de combate K8 que el pasado miércoles se estrelló en la localidad de Sacaba (Cochabamba), lograron medidas alternativas con arresto domiciliario para uno de ellos, la libertad condicionada, el pago de una fianza y la prohibición de abandonar el país para el segundo; entretanto, los especialistas cuestionan el informe toxicológico que atribuye a uno de los tripulantes la ingesta de alcohol.

Durante una audiencia de medidas cautelares realizada ayer, en un ambiente del hospital de la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil), el juez Lander Israel Claros de la jurisdicción de Sacaba dispuso la detención domiciliaria del piloto Neil Z.A. y la obligación de permanecer en el país. La decisión judicial prohíbe al imputado aproximarse al otro piloto.

El militar de aviación también debe pagar una fianza de 30.000 bolivianos, equivalentes a 4.300 dólares americanos.

Al copiloto Juan A.V. se prohibió el contacto con el anterior procesado, además de una fianza de 5.000 bolivianos.

Ambos son procesados por homicidio culposo, a petición de la Fiscalía, y tras el accidente en el que salvaron la vida al eyectarse antes de la caída de la aeronave que tripulaban, entre viviendas de la ciudad de Sacaba, un accidente que cobró la vida de María Soledad Nogales, de 23 años.

INFORME CUESTIONADO

Un examen toxicológico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), dependiente del Ministerio Público, y conocido en la noche del jueves 25 de marzo, atribuyó a uno de los tripulantes un grado de 0,12 g/L de alcohol etílico en la muestra de sangre. El mismo informe aclara que “el informe médico forense indica que las personas fueron atendidas en el hospital de referencia (Cossmil), habiendo recibido suero intravenoso y otras posibles medicaciones, lo cual podría no reflejar el dosage exacto al momento de la toma de muestra”.

El licenciado en bioquímica y perito en química y toxicología forense, Fernando Valle, explicó que cuando se consume alimentos ricos en carbohidratos podrían aportar un grado alcohólico en la sangre, porque estos al fermentarse en el organismo puede activar la presencia de la flora bacteriana y generar alcohol como parte de su metabolismo.

Valle aclaró que si las muestras tomadas son después de que éstas recibieron suero intravenoso y medicamentos, pueden afectar los resultados.

“Si previamente le han puesto suero, se ha diluido la sangre y esa dilución puede interferir en un resultado de alcoholemia. Es importante verificar cuánto tiempo ha pasado desde el momento del hecho y la toma de muestra, ese es también un factor importante para determinar lo que pudo haber ocurrido en cuanto a consumo de alcohol”, dijo.

Explicó que con el grado 0,12 de alcohol detectado en la sangre del copiloto, no se estaría implementando signos o síntomas de embriaguez.

“De 0.5 para abajo, estamos hablando de 0.38 puntos por debajo, que en materia fisiológica es de consideración, es poco probable que las personas con 0.12 grados de alcohol en la sangre hayan perdido facultades motoras, etc.”, dijo.

Flanclin Vargas, licenciado en criminalística, miembro del Gabinete Especializado en Pericias, explicó que para descartar que el grado alcohólico en la sangre de una persona se deba al consumo de algún alimento, se debe hacer una prueba “de blanco”, y que el sujeto vuelva a consumir los alimentos ingeridos previo a un análisis de sangre en laboratorio.

“Si existe la duda de que el grado alcohólico se debe al consumo de una fruta, la persona debe volver a ingerir la misma fruta y esperar que pase el tiempo aproximado que dice que consumió y sacarle una muestra de sangre, eso es lo correcto, eso se llama prueba de blanqueo. Todos debemos acostumbrarnos a manejar pruebas de blanqueo, cosa que no estamos muy acostumbrados en nuestro país, eso es para descartar diferentes hipótesis”, apuntó.

Vargas aclaró que el grado alcohólico permitido para que un militar pilotee un avión, debe estar estipulado en normas militares.

“Dentro de todo lo que es accidentes de tránsito, lo sancionable es 0.5. Se desconoce si hay una norma específica en las Fuerzas Armadas, porque no es un pilotaje civil sino militar, ellos deben tener una reglamentación especial”, destacó.

El general en retiro del Ejército, Tomás Peña y Lillo, aseguró que el IDIF carece de credibilidad y el grado 0.12 de alcohol encontrado en la sangre del tripulante puede ser provocado por el consumo de alimentos que no necesariamente es una bebida alcohólica.

“Es ridículo que les pongan como a cualquier conductor de vehículo un test alcohólico, eso no tiene sentido, por eso, la justicia ordinaria no tiene competencia en este caso. No estamos hablando de delincuentes, en el peor de los casos hasta el estudiante de Derecho se daría cuenta que esto es un accidente y no homicidio culposo”, apuntó.

Peña y Lillo, un militar que entre otros cargos ejerció la Vicepresidencia de la Junta Interamericana de Defensa, y la Jefatura de Operaciones de las Fuerzas Armadas (FFAA), rechazó las medidas cautelares de un juez y las actuaciones del Ministerio Público por “desconocimiento de los protocolos de la aeronáutica” militar.

“No corresponde la detención domiciliaria; qué tiene que ver la justicia ordinaria en la caída de un avión de combate. En cualquier lugar del mundo, los pilotos de caza son la élite, superior a los pilotos de transporte, porque son los mejores clasificados y seleccionados, estamos hablando de gente muy competente y capaz”, declaró a EL DIARIO.

“¿Qué sabe el juez de tomar la decisión de saltar del avión cuando está cayendo?. Es un proceso que no es simple porque en segundos (los tripulantes) deben decidir si salen o no. Con esas actitudes, el Ministerio Público está siendo el hazmerreír no solo de Bolivia, sino del mundo porque resulta ridículo que la justicia pretenda detener a dos oficiales que se han lanzado en paracaídas cuando su avión falló y comenzó a caer”, dijo.

Exigió el cese del “abuso” que aparenta una campaña contra las Fuerzas Armadas, ya que estas pueden ser tomadas como provocaciones que pueden tener una respuesta.

“Existe la necesidad de cesar la agresión contra las FFAA porque van a a traer problemas en algún momento”, apuntó.

Peña y Lillo aseguró que las Fuerzas Armadas debió plantear un recurso de incompetencia porque la justicia ordinaria es incompetente para investigar este accidente, porque ellos no saben nada de aviones, de superficie alar, de precisiones, etc.