Juicio entre Chile y Bolivia por el Silala está cerca de su conclusión

Tras las suspensiones de procesos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, por la covid-19, que retrasó el juicio entre Chile y Bolivia por las aguas del Silala, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Gustavo Aliaga Palma, manifestó a EL DIARIO que el próximo mes posiblemente se inicie la fase de alegatos finales y estima que el fallo sería conocido entre octubre y noviembre próximo.

Las aguas bolivianas del manantial de la cuenca del Silala están localizadas en la frontera entre Chile y Bolivia, en el departamento de Potosí.

Se calculaba que los alegatos orales finales entre Chile y Bolivia comenzaría el primer cuatrimestre del 2021, empero Aliaga manifestó que la corte está proponiendo reuniones de carácter virtual, por lo que estos plazos deberán ser confirmados en el trascurso de estos meses.

“Si es que los alegatos se dan en abril, el fallo saldría entre octubre y noviembre de este año, aunque esto podría prolongarse porque no sabemos si los países acepten que vayamos a un sistema virtual, porque estamos en la última fase del proceso donde ambos países tienen que llevar parte a sus expertos que realizaron los últimos estudios para esta fase de los alegatos orales”, apuntó.

El legislador manifestó que en los próximos días realizará una petición de informe oral a la Cancillería, para conocer la situación de la demanda en el marco de una política de Estado, guardando la reserva correspondiente. “¿Estamos perdiendo o ganando este juicio, en qué situación estamos?, hay un gran hermetismo y una gran cantidad de lectura y comunicados que demuestran que ya había un proceso de negociación”, apuntó.

Aliaga lamentó que a la fecha Bolivia no tenga agente, ni co–agente en La Haya, un cónsul general en Chile, ni la misión técnica, siendo que solo quedó un experto de la anterior misión que estuvo en el tema del mar, frente a Chile que mantiene su estructura jurídica y su equipo.

El exdiputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Víctor Borda, manifestó a EL DIARIO que en la CIJ se reinició varios plazos procesales que estaban suspendidos, entre ellos la de Chile contra Bolivia.

DEMANDA

Chile decidió llevar el asunto del Silala al tribunal de La Haya en 2016. El abogado Víctor Hugo Chávez explicó a EL DIARIO, que la demanda chilena contra Bolivia no es para definir si se trata de un río internacional o de un manantial, sino de definir si el país vecino tiene o no derecho al uso compartido de las aguas del Silala.

“En el entender de Bolivia, hasta donde se ha hecho conocer la respuesta, no ha objetado el uso compartido del agua sino la soberanía de los ductos y canales, lo que quiere decir que el canal, los lechos son bolivianos, pero no ha objetado o contrademandado el curso del agua”, explicó.

Aclaró que a pedido de Bolivia, el caso ha sido declarado en reserva, lo que supone que no tendrá la publicidad que tuvo la demanda de negociación anterior ante La Haya, donde se conoció todas sus actuaciones.

“Es tal la reserva que el agente acreditado, Eduardo Rodríguez Veltzé, en su momento, indicó que incluso al anterior Gobierno no le iba a entregar información o documentos del curso que seguía la mencionada demanda”, recordó.

Explicó que al ser reservado el proceso, es muy probable que las actuaciones procesales de alegatos no se las conozca y tal vez la sentencia se la vaya a conocer de manera escrita y no a través de un acto público.

“La reserva surge del pedido boliviano, porque el año 2009, mucho antes de la demanda chilena (2016), la Cancillería boliviana ha hecho público la intención de suscribir un pre – acuerdo con Chile, respecto al uso compartido de las aguas del Silala. A esto se suma la Resolución de la Organización de las Naciones Unidas, del 28 de julio de 2010, que indica que a pedido de Bolivia se declare al agua dulce como derecho humano, un segundo elemento que ahora juega a favor de Chile”, manifestó.

El exdiputado Borda manifestó que Chile no usa las aguas del Silala para el consumo humano ya que la mayor parte está destinada al recurso mineralógico.

Chávez recordó que la demanda hecha por Bolivia en 2013 ante la CIJ en contra de Chile, buscaba obligar al país vecino a “negociar de buena fe la salida “soberana” de Bolivia al mar.

“En este caso, Chile es quien interpone esta demanda y al parecer Bolivia ha entendido –en ese momento que no había fallo– que ese iba a ser uno de los puntos de negociación, pero ante la victoria chilena de esa vez, esta sería una segunda victoria de Chile que llegaría a concretar el uso compartido de las aguas del Silala, que en nuestro entender es un manantial”, manifestó.

ERRORES

El exdiputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, manifestó a EL DIARIO que no hay buena expectativa en el resultado de este proceso porque hubo una equivocación de inicio.

“En su momento hicimos conocer que no correspondía el proceso porque no hay una relación jurídica entre el Estado boliviano con Chile”, dijo.

Recordó que 1908 se firmó un contrato de concesión de las aguas del Silala entre la Prefectura de Potosí y la empresa The Antofagasta (Chile) and Bolivian Railway Company Limited, por lo tanto no se trata de un convenio entre el Estado boliviano y el Estado chileno, sino entre el Estado boliviano con una empresa privada, por lo que debería plantearse la incompetencia de esta demanda.

Apuntó que ese contrato autorizaba a la empresa chilena captar y construir canales para llevar o transportar aguas hacia territorio chileno por medio de canales de piedra y túneles, con el objetivo de proveer agua a las locomotoras de la empresa chilena.

“Deberíamos plantear la incompetencia de esta demanda, es u momento lo dijimos y no se tomó en cuenta. Con Chile nosotros no tenemos trato ni contrato”, apuntó.

No obstante, Barrientos apuntó que la Asamblea Legislativa (AL) puede aún plantear la incompetencia de esta demanda, además tomar la decisión de iniciar un juicio contra esta empresa transnacional y a sus sucesores para la recuperación de los recursos hídricos.

“Las aguas del Silala es un recurso natural que le pertenece al Estado boliviano y un privado de manera abusiva e indebida ha utilizado nuestras aguas, por lo tanto correspondería esta demanda que tendría que iniciar la AL”, dijo.

Borda apuntó que en la demanda debía incorporarse que en 1996 el exprefecto Omar Manzano de Potosí revocó la concesión con la empresa privada. “Allí interviene el gobierno chileno, si era un río de curso internacional, las quejas deberían hacérselas ante un organismo internacional, pero el gobierno chileno plantea un recurso de apelación en contra de esa resolución ante el Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, admitiendo la competencia que estas son aguas de Bolivia y están bajo la jurisdicción de Bolivia, este es un antecedente importante donde hay un reconocimiento expreso del gobierno chileno de que las aguas pertenecen al dominio exclusivo del pueblo boliviano”, dijo.

Borda lamentó que el gobierno de Jeanine Añez haya promovido algunas políticas incoherentes, intentando desacreditar al gobierno de Evo Morales.

“Han alegado una serie de circunstancias que no mencionaba, supuestamente reconociendo que las aguas del Silala son un río de curso internacional cuando fáctica y científicamente son bofedales que nacen en territorio boliviano. Esto tendrá que reconducirse con el actual Gobierno y sustentar la teoría que se ha establecido desde el inicio, no solamente exigir que son bofedales y que está explotado por Chile y al margen de eso exigir una indemnización por la utilización de las aguas”, manifestó.

CONSECUENCIAS

Según las exautoridades y el abogado Chávez, en caso de que el fallo de la CIJ no sea favorable para Bolivia, las consecuencias serían tremendas.

Chávez dijo que una de las consecuencias del fallo sería que se declare el uso compartido de las aguas del Silala, que a la fecha son de soberanía boliviana.

“Esas aguas se convertirían en una suerte de co-propietarios con Chile incluso desde territorio boliviano, sería algo inédito y está en contra de la Constitución Política del Estado (CPE). El equipo jurídico, la Cancillería, Diremar y el entonces Ministerio de Justicia deberían explicar por qué se ha permitido ese tipo de actuaciones, si es que el fallo fuera en contra de Bolivia”, dijo.

Para Barrientos se pondría en riesgo parte de la propiedad de este recurso natural.

“Nos podrían decir que una parte corresponde a un Estado y otra a Chile, con eso se pondría en riesgo la deuda histórica con el departamento de Potosí, vale decir que no podríamos cobrar por ese uso indebido y abusivo. Nos podrían decir que Chile tiene derecho a un recurso natural que nos pertenece”, apuntó.

Para Borda, si el fallo desfavorece a Bolivia, las consecuencias serían negativas. “Las consecuencias serían tremendas porque es un recurso renovable finito, cuantificable, estaríamos generando un antecedente nefasto para que otras actitudes arbitrarias e ilegales efectuadas por Chile se puedan materializar”.

PROCESOS

El investigador y sociólogo Milton Lérida, en su texto “Alegato sobre las aguas del Silala”, sostiene que el gobierno de Evo Morales no atendió la demanda chilena ante La Haya y debe ser objeto de un enjuiciamiento adecuado, pues, debió haber realizado la objeción respectiva indicando que no acataría ninguna resolución porque el problema no es entre dos Estados, sino entre el Estado boliviano y la empresa privada chilena.

Agrega que el Parlamento boliviano debe sancionar una ley que desconozca todas las actuaciones y obrados del gobierno de Morales e inicie de inmediato un juicio a la empresa ferroviaria chilena, para demostrar a los jueces de La Haya que Bolivia únicamente tiene pendiente el problema con la empresa privada y no con el Estado chileno.

Mérida insiste en que el gobierno boliviano debe iniciar de inmediato juicio a la Bolivian Railway, hacer conocer a La Haya que no reconocerá ninguna resolución mientras no concluya el juicio de Bolivia a la empresa ferroviaria con la que se firmó el contrato y el Estado Plurinacional actual asuma la responsabilidad histórica que le corresponde, así como reitera el pago por el uso de las aguas bolivianas del Silala que utiliza Chile en proporción de 450 litros por segundo, en forma gratuita, desde hace más de cien años y que las vende a su población

Víctor Hugo Chávez recordó que el artículo 124 de la CPE en su numeral III indica que es también traición a la patria la inadecuada defensa de los recursos naturales.

APUNTES

Sistematización del abogado internacionalista, Fernando Salazar

El 23 de marzo 2016, Evo Morales anunció irreflexivamente una segunda demanda legal contra Chile, esta vez por el “uso y aprovechamiento unilateral e ilícito” de las aguas del Silala. Chile ha sostenido que el Silala es un río de curso internacional por lo que sus aguas pertenecen a ambos países.

En junio 2016, Chile tomó la iniciativa y se adelantó en presentar una demanda contra Bolivia. El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, explicó que “Chile no puede permanecer pasivo frente a la reiterada conducta de Bolivia de desconocer nuestros derechos, ya que Bolivia anunció una serie de acciones para que el Silala no siga fluyendo hacia Chile, lo que es inaceptable”.

En agosto 2018, Evo Morales sorprende con una declaración que avala la posición chilena, sosteniendo que “la contramemoria boliviana… confirma que el caudal considerable de las aguas de los manantiales del Silala fluyen artificialmente hacia territorio chileno por las obras de canalización realizadas en el siglo pasado”. Haciendo abstracción de los flujos naturales, superficiales y subterráneos que son de mayor caudal, añade que se pide a la CIJ “que juzgue y declare que Bolivia tiene soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala, que ha sido diseñado, mejorado y producido en su territorio y Chile no tiene derecho a ese flujo artificial”.

Chile expresó su satisfacción señalando que “es muy interesante que autoridades bolivianas hacen distinción entre lo que sería el flujo natural del Silala y el flujo superficial, porque ello implica un reconocimiento que nos tiene bastante contentos de que, por lo menos, hay un flujo natural que lo hace un curso de agua internacional y sobre el cual los dos Estados tendrían derecho”.

En mayo 2019, Evo Morales anticipa la derrota en La Haya explicando: “Chile nos demandó sobre el tema del Silala, hay la defensa; más bien yo quisiera que empiece el diálogo entre Chile y Bolivia, tantos temas tenemos que debatir. Pero algo quiero que sepan: más agua entra de las cordilleras de Chile a Bolivia que más agua se va de Bolivia hacia Chile. Si es así la situación geográfica, mejor es negociar, dialogar. Si digo esto ya ustedes pueden entender sobre el resultado que puede tener La Haya”.

En el plan de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) presentado al Tribunal Supremo Electoral en 2020, señala que la diplomacia del agua será pilar fundamental de la política exterior.

DIPLOMACIA DEL AGUA

El año 2010, Bolivia logró que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una votación histórica reconozca el “Derecho al Agua Potable y al Saneamiento” como un Derecho Humano. Desde esta perspectiva se impulsará:

La Diplomacia del Agua, como pilar fundamental de la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, entendida como un mecanismo de diálogo y cooperación entre los Estados, los pueblos y las organizaciones sociales, para crear mediante un proceso coordinado, una eficiente Gobernanza de los recursos hídricos que permita la gestión eficiente y sustentable de los mismos y así como la prevención de conflictos y su solución.

Promover el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas de participar activamente en la toma de decisiones. En el caso específico, la gestión de los recursos transfronterizos debe contemplar la participación de dichos actores sociales para lograr una concertación en la toma de decisiones. Esta participación debe respetar sus usos, costumbre, conocimientos y autoridades, en coordinación con otras instancias del nivel nacional y subnacional, así como instituciones académicas y de la sociedad civil, mediante el diálogo de saberes y el diálogo intercientífico.

Promoción del establecimiento de mayores y mejores canales de cooperación para el intercambio de información y tecnología que permitan dar respuesta a los problemas hídricos o evitar los mismos.

Bolivia considera que los recursos hídricos constituyen patrimonio común universal de la humanidad y la afectación de éstos constituye un perjuicio para la vida y el planeta por ello no pueden estar en manos privadas, por lo tanto promoverá la gestión pública del agua.

Defensa de la observancia de los Principios del Derecho Internacional de Aguas como el Deber de No Causar Daño Sensible o el Derecho del Uso Equitativo y Razonable que se constituyen en preceptos establecidos en el ámbito internacional fundamentales para la gestión de los recursos hídricos compartidos.