Fiscalía debe investigar sobre 36 operaciones aéreas en Chimoré

Luego que representantes del sindicato de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) denunciaran que el miércoles 10 de marzo el aeropuerto de Chimoré realizó 36 operaciones de aterrizajes y despegues, presumiblemente sin autorización, el coronel del Ejército en servicio pasivo y abogado constitucionalista, Jorge Santistevan, manifestó a EL DIARIO que la Fiscalía debe iniciar las investigaciones, detener y posteriormente cautelar a los responsables.

Néstor Villarroel, secretario de conflictos y del comité de huelga de Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), denunció que el pasado 10 de marzo, “de la noche a la mañana”, el director general de esa entidad, Ruddy Balderrama, abrió el aeropuerto de Chimoré, sin informar ni al ministro de Obras Públicas, ni al viceministro de Transportes, ni a su directora regional, según publicación de El Deber.

Según la publicación, solo en esa jornada, el secretario de conflictos manifestó que se realizaron 36 operaciones aéreas. Es decir, aterrizajes y despegues.

“No existía el personal, ni el equipamiento de seguridad necesarios y se hizo sin que funcione el único carro bombero”, aseguró Villarroel, refiere la publicación de El Deber.

Santistevan apuntó que las 36 operaciones en un día es un “escándalo” porque supone casi el doble de las que hace cada día el Aeropuerto Internacional de El Alto, que no supera las 20 por causa de la pandemia.

“¿Quién autorizó el reinicio de operaciones, sin haber llenado los requisitos básicos para el funcionamiento?, ¿cuál fue el fin del reinicio de operaciones?, ¿cuántas operaciones aéreas se realizaron, líneas aéreas, públicas y/o particulares, nacionales y/o extranjeras?, ¿qué personal operó en el aeropuerto?”, cuestionó Santistevan.

IRREGULAR

Apuntó que con este acto “irregular” se vulneró una serie de procedimientos, protocolos y reglamentos establecidos por instituciones de la aeronavegación internacional.

Asimismo, dijo que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Interpol, Aduana y otras instancias, deben conocer el flujo de pasajeros nacionales y/o extranjeros, así como el tipo de carga de salida y/o entrada.

“Con esta irregularidad se están vulnerando normas del Derecho Aeronáutico y los protocolos de la aviación civil nacionales e internacionales”, dijo.

ATENTADO CONTRA LA

SEGURIDAD DEL ESTADO

Santistevan aclaró que lo sensible y delicado de este acto irregular es el atentado contra la seguridad del Estado, además de poner en riesgo la seguridad de las personas, la aviación civil y las propias instalaciones aeroportuarias; poniendo en duda una probable violación del territorio, el espacio aéreo nacional, y la soberanía nacional en general.

“El abrir y/o reiniciar actividades de un aeropuerto obviando pasos de las normas internacionales establecidas por la Aviación Civil Internacional (OACI), la aviación nacional (DGAC), la administración de Aasana, equivale al reinicio de actividades clandestinas, proclives a las amenazas más graves que acechan a todos los Estados, como el narcotráfico, el tráfico de armas, ingreso y salida ilegal de personas, de logística, material sensible y toda actividad al margen de la ley”, aseveró.

En ese marco, apuntó a una analogía: que si un jefe militar no sabe lo que hace una de sus unidades en la frontera, está perdido, por lo que la seguridad del Estado estaría en manos no idóneas.

“Lo grave, es que los responsables no responden oportunamente a la orden que evacuó el Ministro de Obras Públicas. ¿Hay pérdida de autoridad del Ministro?, ¿el Ministro sabe lo que ocurrió?. Sin ser pesimista, podría ser otro de los casos que nunca se aclaran, pero para evitar que ello ocurra, la Contraloría General del Estado debe intervenir e iniciar una investigación”, apuntó.

Manifestó que se debe organizar una comisión parlamentaria para investigar, establecer la verdad y determinar responsabilidades, y si el caso amerita, pasar a la jurisdicción ordinaria para definir grados de responsabilidad en todos los niveles que correspondan comenzando por las autoridades a nivel nacional y regional del Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Transportes, DGAC, Aasana y otros.